EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala enfrenta una pérdida significativa de desarrollo económico y social debido a la paralización de cuatro proyectos mineros estratégicos: Escobal en Santa Rosa, Cerro Blanco en Jutiapa, Sechol-Mayaniquel en Alta Verapaz y Fénix-CGNPronico en El Estor, Izabal.
Qué destacar. Estos proyectos, detenidos por diversos factores legales y administrativos, representan una oportunidad desaprovechada para dinamizar la economía nacional, generar empleo formal y fortalecer las finanzas públicas.
- Si se lograra reactivar estos proyectos de manera escalonada hacia 2027, el país podría experimentar un impacto económico equivalente al 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con una huella económica estimada en GTQ 47.4M, según proyecciones de Central American Business Intelligence (CABI).
- Además, se generarían, 38978 empleos directos e indirectos, y se aportarían GTQ 882M en contribuciones fiscales al Estado. En un contexto donde el desempleo y la informalidad laboral afectan a miles de guatemaltecos, la minería se presenta como una fuente de empleo digno y bien remunerado.
- De acuerdo con datos del CIEN y el IGSS, el salario promedio en el sector minero ronda los GTQ 8500 mensuales, uno de los más altos en la industria nacional. Esta cifra refleja la calidad del empleo que ofrece el sector, y también su capacidad para mejorar las condiciones de vida en comunidades históricamente marginadas.
Punto de fricción. La paralización de estos proyectos implica la pérdida de ingresos y empleos, y el estancamiento de inversiones extranjeras, especialmente provenientes de Estados Unidos, que han sido seriamente afectadas por la falta de certeza jurídica en el país.
- Uno de los principales obstáculos que enfrenta la industria minera es la ausencia de una reglamentación clara del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que ha generado lentitud en los procesos de consulta comunitaria, como ocurre con los casos de Escobal, por ejemplo.
- Esta situación se agrava por la falta de comprensión de los mandatos constitucionales que promueven el aprovechamiento responsable de los recursos naturales como vía para el desarrollo sostenible.
- A ello se suma la carencia de una cultura minera en el país y la prevalencia de desinformación sobre la actividad, lo que ha contribuido a generar resistencia social y política frente a los proyectos.
En el radar. Frente a este panorama, el sector minero formuló una propuesta para superar los desafíos y reactivar su potencial.
- Al Gobierno central se le solicita promover una Política Minera de largo plazo y promulgar el reglamento de consultas del Convenio 169.
- Al Ministerio de Energía y Minas se le pide agilizar el proceso de licencias de exploración y explotación, mientras que al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se le exhorta a unificar criterios técnicos de evaluación de impacto ambiental para la resolución de expedientes.
- En general, se demanda al Estado, mayor claridad y transparencia en los procesos de análisis y resolución, así como certeza jurídica y apertura a mecanismos de diálogo que permitan avanzar en la construcción de consensos.
Lo que sigue. Mientras se resuelven estos retos, el sector minero continúa trabajando para fortalecer su presencia en el país mediante acciones concretas orientadas a la transparencia y la coordinación institucional.
- Entre ellas se incluye la inscripción de los principales asociados como Operadores Económicos Autorizados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
- Además, la publicación de informes de ventas y proyecciones de regalías e impuestos que se remiten al Ministerio de Energía y Minas, y la cooperación para incrementar las capacidades técnicas de dicho ministerio en la fiscalización de exportaciones.
- Esto incluye la validación de laboratorios en las empresas y la presencia de técnicos del ministerio para comprobar los minerales contenidos en cada exportación, así como el desarrollo de sistemas de verificación por terceros.
En conclusión. Además, el sector impulsa el Diálogo Minero, una iniciativa que busca facilitar el intercambio de ideas y el análisis sobre la dinámica del sector en Guatemala, promoviendo una comprensión integral de sus impactos y potencial.
- Este espacio tiene como objetivo generar recomendaciones de políticas públicas y estrategias de seguimiento para el desarrollo de las comunidades donde se encuentran las operaciones mineras, y por ende, del país en su conjunto.
- Entre sus objetivos específicos se encuentran proveer una perspectiva crítica sobre la situación actual del sector, considerando sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Asimismo, participar en el panel de comunidades de interés del programa Towards Sustainable Mining (TSM).
- Ello con el fin de aportar visiones diversas y enriquecer el análisis del sector; recomendar y revisar políticas sectoriales para fortalecer la regulación y el control de la actividad minera; y elaborar un diagnóstico que identifique oportunidades y desafíos, así como proponer acciones concretas de seguimiento.
Guatemala enfrenta una pérdida significativa de desarrollo económico y social debido a la paralización de cuatro proyectos mineros estratégicos: Escobal en Santa Rosa, Cerro Blanco en Jutiapa, Sechol-Mayaniquel en Alta Verapaz y Fénix-CGNPronico en El Estor, Izabal.
Qué destacar. Estos proyectos, detenidos por diversos factores legales y administrativos, representan una oportunidad desaprovechada para dinamizar la economía nacional, generar empleo formal y fortalecer las finanzas públicas.
- Si se lograra reactivar estos proyectos de manera escalonada hacia 2027, el país podría experimentar un impacto económico equivalente al 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con una huella económica estimada en GTQ 47.4M, según proyecciones de Central American Business Intelligence (CABI).
- Además, se generarían, 38978 empleos directos e indirectos, y se aportarían GTQ 882M en contribuciones fiscales al Estado. En un contexto donde el desempleo y la informalidad laboral afectan a miles de guatemaltecos, la minería se presenta como una fuente de empleo digno y bien remunerado.
- De acuerdo con datos del CIEN y el IGSS, el salario promedio en el sector minero ronda los GTQ 8500 mensuales, uno de los más altos en la industria nacional. Esta cifra refleja la calidad del empleo que ofrece el sector, y también su capacidad para mejorar las condiciones de vida en comunidades históricamente marginadas.
Punto de fricción. La paralización de estos proyectos implica la pérdida de ingresos y empleos, y el estancamiento de inversiones extranjeras, especialmente provenientes de Estados Unidos, que han sido seriamente afectadas por la falta de certeza jurídica en el país.
- Uno de los principales obstáculos que enfrenta la industria minera es la ausencia de una reglamentación clara del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que ha generado lentitud en los procesos de consulta comunitaria, como ocurre con los casos de Escobal, por ejemplo.
- Esta situación se agrava por la falta de comprensión de los mandatos constitucionales que promueven el aprovechamiento responsable de los recursos naturales como vía para el desarrollo sostenible.
- A ello se suma la carencia de una cultura minera en el país y la prevalencia de desinformación sobre la actividad, lo que ha contribuido a generar resistencia social y política frente a los proyectos.
En el radar. Frente a este panorama, el sector minero formuló una propuesta para superar los desafíos y reactivar su potencial.
- Al Gobierno central se le solicita promover una Política Minera de largo plazo y promulgar el reglamento de consultas del Convenio 169.
- Al Ministerio de Energía y Minas se le pide agilizar el proceso de licencias de exploración y explotación, mientras que al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se le exhorta a unificar criterios técnicos de evaluación de impacto ambiental para la resolución de expedientes.
- En general, se demanda al Estado, mayor claridad y transparencia en los procesos de análisis y resolución, así como certeza jurídica y apertura a mecanismos de diálogo que permitan avanzar en la construcción de consensos.
Lo que sigue. Mientras se resuelven estos retos, el sector minero continúa trabajando para fortalecer su presencia en el país mediante acciones concretas orientadas a la transparencia y la coordinación institucional.
- Entre ellas se incluye la inscripción de los principales asociados como Operadores Económicos Autorizados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
- Además, la publicación de informes de ventas y proyecciones de regalías e impuestos que se remiten al Ministerio de Energía y Minas, y la cooperación para incrementar las capacidades técnicas de dicho ministerio en la fiscalización de exportaciones.
- Esto incluye la validación de laboratorios en las empresas y la presencia de técnicos del ministerio para comprobar los minerales contenidos en cada exportación, así como el desarrollo de sistemas de verificación por terceros.
En conclusión. Además, el sector impulsa el Diálogo Minero, una iniciativa que busca facilitar el intercambio de ideas y el análisis sobre la dinámica del sector en Guatemala, promoviendo una comprensión integral de sus impactos y potencial.
- Este espacio tiene como objetivo generar recomendaciones de políticas públicas y estrategias de seguimiento para el desarrollo de las comunidades donde se encuentran las operaciones mineras, y por ende, del país en su conjunto.
- Entre sus objetivos específicos se encuentran proveer una perspectiva crítica sobre la situación actual del sector, considerando sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Asimismo, participar en el panel de comunidades de interés del programa Towards Sustainable Mining (TSM).
- Ello con el fin de aportar visiones diversas y enriquecer el análisis del sector; recomendar y revisar políticas sectoriales para fortalecer la regulación y el control de la actividad minera; y elaborar un diagnóstico que identifique oportunidades y desafíos, así como proponer acciones concretas de seguimiento.
