S&P mejoró recientemente la perspectiva de la calificación crediticia de Guatemala. Esto ha generado expectativas sobre su posible avance hacia el grado de inversión. Sin embargo, el país sigue rezagado en áreas clave de gobernanza, lo que limita su potencial ascenso.
Por qué importa. La calificación es el principal termómetro para inversionistas que buscan colocar capital en mercados emergentes. Aunque muestra estabilidad macroeconómica, sigue en el rango de “especulación” y enfrenta una barrera estructural más allá de las cifras fiscales.
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Determina el costo de financiamiento: cuanto mejor es la nota, menor la tasa a pagar, liberando recursos para inversión pública o reducción de deuda.
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Christopher Mejía, analista de mercados emergentes en T. Rowe Price, explica que el grado de inversión abre la puerta a fondos para comprar deuda. Si llegara al mismo, implicaría una reducción en el costo de financiamiento, es decir, intereses más bajos.
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El ascenso a BB+ por parte de S&P coloca a Guatemala en una posición de expectativa, pero aún lejos del umbral que permite acceso a capital global más barato y abundante.
Ecos regionales. Otros países lo han logrado o perdido, evidenciando volatilidad y competencia por la confianza. Paraguay y Marruecos han sido ejemplos de progreso, mientras Brasil, Colombia y Panamá han retrocedido.
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Costa Rica y República Dominicana, aunque detrás de Guatemala en calificación, tienen estrategias claras para mejorar y superar el rezago, especialmente en indicadores de gobernanza.
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La tendencia en la última década muestra que varias economías latinoamericanas han bajado a grado de especulación, encareciendo su financiamiento y limitando su margen fiscal.
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Costa Rica se perfila como favorito. Y ello partiendo de una posición más baja que Guatemala.
Punto de fricción. El talón de Aquiles no es económico, sino institucional. Las agencias calificadoras exigen avances tangibles en los indicadores de gobernanza del BM. Guatemala ocupa el último lugar entre sus competidores en el istmo.
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Estos miden corrupción, certeza jurídica y estabilidad institucional, entre otros. El país muestra debilidad notable en estas mediciones frente a Costa Rica y RD.
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“La barrera no es alta, pero sí compleja”, señala Mejía, advirtiendo que el reto requiere una reforma profunda en los poderes Legislativo y Judicial, así como la participación activa de la sociedad civil. La anterior es crucial para mejorar las métricas del BM.
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Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, expone que el sistema de justicia tiene desafíos importantes. En particular, los cuellos de botella y la frecuente impunidad. Tanto por procesos que se dilatan, como la poca digitalización en el Gobierno.
Visto y no visto. Johny Gramajo, gerente económico del BANGUAT, expresó a República que reconoce la favorable perspectiva de S&P y los avances observados por las calificadoras. No obstante, recalca que son necesarias serias modificaciones.
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“Falta elevar los niveles de inversión pública, particularmente en infraestructura”, advierte. Asimismo, subraya la urgencia de aprobar la ley de APP y del Mercado Secundario de Valores para atraer capital y crear opciones de inversión financiera.
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Insiste en que la percepción internacional sigue siendo un factor ineludible. Cualquier avance en gobernanza, institucionalidad y corrupción ayudará a mejorar la puntuación.
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Agrega que pese a haber espacio fiscal para invertir, la ejecución pública enfrenta trabas legales e institucionales, por lo que urgen reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. De igual modo, conviene una comunicación para revertir la impresión negativa en el extranjero.
Conclusión. Las autoridades han anunciado nuevas acciones para impactar de manera positiva en futuras evaluaciones. A esto se suma la presentación de los resultados de la revisión del artículo IV por el FMI. Para lograr el ansiado grado, hay que fortalecerse en gobernanza e incrementar el PIB per cápita hasta USD 5000 anuales.
S&P mejoró recientemente la perspectiva de la calificación crediticia de Guatemala. Esto ha generado expectativas sobre su posible avance hacia el grado de inversión. Sin embargo, el país sigue rezagado en áreas clave de gobernanza, lo que limita su potencial ascenso.
Por qué importa. La calificación es el principal termómetro para inversionistas que buscan colocar capital en mercados emergentes. Aunque muestra estabilidad macroeconómica, sigue en el rango de “especulación” y enfrenta una barrera estructural más allá de las cifras fiscales.
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Determina el costo de financiamiento: cuanto mejor es la nota, menor la tasa a pagar, liberando recursos para inversión pública o reducción de deuda.
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Christopher Mejía, analista de mercados emergentes en T. Rowe Price, explica que el grado de inversión abre la puerta a fondos para comprar deuda. Si llegara al mismo, implicaría una reducción en el costo de financiamiento, es decir, intereses más bajos.
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El ascenso a BB+ por parte de S&P coloca a Guatemala en una posición de expectativa, pero aún lejos del umbral que permite acceso a capital global más barato y abundante.
Ecos regionales. Otros países lo han logrado o perdido, evidenciando volatilidad y competencia por la confianza. Paraguay y Marruecos han sido ejemplos de progreso, mientras Brasil, Colombia y Panamá han retrocedido.
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Costa Rica y República Dominicana, aunque detrás de Guatemala en calificación, tienen estrategias claras para mejorar y superar el rezago, especialmente en indicadores de gobernanza.
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La tendencia en la última década muestra que varias economías latinoamericanas han bajado a grado de especulación, encareciendo su financiamiento y limitando su margen fiscal.
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Costa Rica se perfila como favorito. Y ello partiendo de una posición más baja que Guatemala.
Punto de fricción. El talón de Aquiles no es económico, sino institucional. Las agencias calificadoras exigen avances tangibles en los indicadores de gobernanza del BM. Guatemala ocupa el último lugar entre sus competidores en el istmo.
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Estos miden corrupción, certeza jurídica y estabilidad institucional, entre otros. El país muestra debilidad notable en estas mediciones frente a Costa Rica y RD.
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“La barrera no es alta, pero sí compleja”, señala Mejía, advirtiendo que el reto requiere una reforma profunda en los poderes Legislativo y Judicial, así como la participación activa de la sociedad civil. La anterior es crucial para mejorar las métricas del BM.
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Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, expone que el sistema de justicia tiene desafíos importantes. En particular, los cuellos de botella y la frecuente impunidad. Tanto por procesos que se dilatan, como la poca digitalización en el Gobierno.
Visto y no visto. Johny Gramajo, gerente económico del BANGUAT, expresó a República que reconoce la favorable perspectiva de S&P y los avances observados por las calificadoras. No obstante, recalca que son necesarias serias modificaciones.
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“Falta elevar los niveles de inversión pública, particularmente en infraestructura”, advierte. Asimismo, subraya la urgencia de aprobar la ley de APP y del Mercado Secundario de Valores para atraer capital y crear opciones de inversión financiera.
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Insiste en que la percepción internacional sigue siendo un factor ineludible. Cualquier avance en gobernanza, institucionalidad y corrupción ayudará a mejorar la puntuación.
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Agrega que pese a haber espacio fiscal para invertir, la ejecución pública enfrenta trabas legales e institucionales, por lo que urgen reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. De igual modo, conviene una comunicación para revertir la impresión negativa en el extranjero.
Conclusión. Las autoridades han anunciado nuevas acciones para impactar de manera positiva en futuras evaluaciones. A esto se suma la presentación de los resultados de la revisión del artículo IV por el FMI. Para lograr el ansiado grado, hay que fortalecerse en gobernanza e incrementar el PIB per cápita hasta USD 5000 anuales.