Federico Villalobos: “Existe una falsa idea de que la APP es una forma exprés de hacer proyectos”

La implementación de las Alianzas Público-Privadas (APP) en Guatemala enfrenta desafíos significativos. El experto costarricense Federico Villalobos analizó obstáculos políticos y falta de continuidad, señalando que cambios de gobierno a menudo interrumpen el avance en los proyectos. 

Esta situación es común en Latinoamérica, donde se tiene la percepción errónea de que son soluciones “rápidas”. Esto ha llevado a malentendidos sobre su modelo.  

También destacó la importancia de las reformas a la “Ley de ANADIE” para mejorar el entorno competitivo y atraer inversión. A pesar del estigma asociado a la privatización, enfatizó su potencial para transformar la infraestructura. 

Usted viene a Guatemala y en el ambiente están las reformas a la “Ley de ANADIE”. No parece una coincidencia, ¿qué lo trajo al país?  

— El tema de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y también apoyar a la ANADIE con procesos de capacitación para certificarse como especialistas. 

¿Qué diferencia esta visita de otras?  

— Lo más importante es que noto más movimiento en temas de reformas legales regulatorias. Antes estaban un poquito más dormidos. Ahora hay una discusión más activa. 

Guatemala tiene un proyecto bajo APP, sin ejecutar, en una década, ¿qué opina de esa sinopsis?  

— Puede ser simplista e injusta. Al final es un reto que muchos países tienen. Uno de ellos es el reto político. En muchas ocasiones lleva a que este tipo de proyectos se frenen.  

Cualquier plan bien preparado tarda años en disponerse. Lo que pasa en países — sobre todo latinoamericanos — es que empezamos a desarrollar un proyecto, cambia el gobierno, y el nuevo mandato ya no cree en él. 

En muchas ocasiones es porque existe una falsa idea de que la APP es, de alguna manera, una forma exprés de hacer proyectos. Eso no es cierto, estos tienen un nivel de disciplina o exigencia superior a la obra pública tradicional. 

Con su experiencia en estructuración, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los gobiernos de la región al implementar este modelo? 

— Primero, no tener la paciencia necesaria. Queremos que salgan en seis meses y eso no es así. Se buscan atajos que solo hacen más largo el proceso. 

Lo segundo, creo que se atiende con las reformas, es no dedicar recursos a la preinversión. Es un error pensar que no es necesario o minimizarlo. 

Por último, en una etapa un poco más avanzada, es plantear proyectos orientados a generar condiciones para el sector privado, sin que necesariamente tenga beneficios hacia el otro lado. 

A veces, esos desequilibrios hacen que en ejecución los proyectos pierdan el apoyo de la población. 

República Dominicana y Costa Rica son competidores directos para atraer IED y APP. ¿Las reformas a la “Ley de ANADIE” son suficientes para posicionarnos mejor? 

— En APP competimos con todos. El proyecto que no esté aquí estará en Colombia, Chile u otro país. Se pone la vara más alta y eso es bueno. El mejor evaluado en la subregión —en términos generales— es Panamá, porque lo están haciendo bien. 

Es una competencia dinámica y considero que las reformas tienen puntos relevantes. En algunos casos tenemos miedo porque pensamos que hablamos de privatización, pero no es así.  

En las reformas son importantes los recursos puntuales que se establecen para los proyectos en el pago de garantías. Eso da certeza. Ahora no todos deben pasar por aprobación legislativa. Si bien es cierta la importancia del soporte del Congreso, en la realidad, la distribución técnica se distorsiona en esos estrados. 

Las reformas van por buen camino para poner las APP en marca y ejecución para sostenerlas en el tiempo.  

Otra de las propuestas es ampliar APPs en agua, salud y educación. ¿Qué particularidades se deben considerar para implementarse en estos sectores? 

— Entender que cuando se habla de APP en una escuela u hospital, no implica que el servicio lo presta un sector privado. Solo estará a cargo de la infraestructura, mientras el público brinda el servicio. 

Al final, es una forma adicional de traer recursos. No se habla de una privatización. Son los mejores sectores para empezar programas de APPs, ya que tienen un impacto inmediato en la población.  

Desde el punto de vista de un inversionista, tienen un perfil de riesgo más adecuado para las primeras etapas. 

Ahora también se propone que las reformas faciliten la participación de municipalidades. ¿Qué riesgos y beneficios implica descentralizar el uso de esta herramienta a nivel local? 

— Siempre que hay gobiernos locales hay un reto. Eso pasa por el tamaño de los gobiernos locales, más pequeños que los centrales. Siempre será necesario el apoyo mutuo.  

Cuando se habla de APP requerimos proyectos de cierta magnitud porque su preparación tiene un costo. Inclusive se puede pensar que se hagan en conjunto entre varios municipios. Pero la clave siempre es la participación del gobierno central.  

Lo que se busca es que los gobiernos locales no asuman riesgos y responsabilidades que luego no sean capaces de gestionar. 

Hay un estigma cuando se habla de “privatización”. ¿Hay manera de abordarlo sin elementos ideológicos en la conversación? 

— Hace unos años pensaba que el principal obstáculo era ideológico. Sí existe, pero, en mayor medida, las principales oposiciones vienen del contratista tradicional. Siente que su negocio se ve amenazado por una empresa de fuera.  

Eso no es así. Primero, porque no es privatización. El activo siempre es propiedad del Estado. Cualquier material que se coloque en dicho terreno automáticamente pasa a pertenecer al país.  

Y luego, diría que es importante que los contratistas sepan que no implica que llegará un tercero y les quitará el negocio. Que habrá alguien que sabe gestionar. Pero, tendrá que subcontratar para construcción, operación, mantenimiento y buscar proveedores locales.  

La resistencia a la APP es porque se desconoce la figura y sienten que es una amenaza al modelo que han gestionado siempre. Pero esto abre una oportunidad para que exista más mercado que permita la participación de todo el sector en proyectos de esta naturaleza. 

En esta competencia, empresas globales garantizan “calidad” y “experiencia”. No obstante, existen casos de corrupción como Odebrecht... 

— Ese caso en particular es interesante. Si uno analiza con qué proyectos hubo problemas, el 99 % eran obras públicas tradicionales. No eran concesiones ni APP. No quiere decir que este último modelo esté totalmente exento, pero sí hay una vacuna. Y es que hay mayor cantidad de participantes.  

Una empresa que ejecutará APP buscará financiadores que revisarán el proyecto para no exponer su reputación. La lupa está más puesta en este modelo, atrae más ojos. 

Además, hay controles indirectos de terceros, que de alguna manera evitan o minimizan el riesgo de este tipo de actos. Finalmente, le sumaría que existe transparencia al no ser un contrato en una página web. En los modelos tradicionales, no se tiene el tiempo de revisar todas las cláusulas.  

Las APP comunican de manera sencilla por qué se eligió a la empresa, cuánto ganará, por qué se le paga, entre otros. Eso genera confianza. 

Estuvo por varios días en Guatemala, ¿qué cambió desde su perspectiva? 

— Como muchos, todos hemos tenido el reto de tener una ley que se nos va haciendo “viejita” y no materializa proyectos. Yo diría que el país tiene una discusión más activa para reformar la Ley de ANADIE. 

Asimismo, la intención de fortalecer lo que ahora sería la ANI con recursos para preinversión. Eso es un mensaje bueno que se revive. Ojalá se acompañe de todo el proceso institucional y un proyecto piloto adicional que permita ver la luz. La idea es generar confianza en el modelo. Sin olvidar que no estará en meses, pero se convertiría en un emblema o insignia del nuevo enfoque de las APP.