EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Hay una marcada diferencia entre la obra pública tradicional y una APP. Al inaugurarse un proyecto, la gente cree que lo “hizo el gobierno”. Pero lo que hace es contratar. Facilita los recursos y una empresa cumple con un diseño.
El privado hace lo que le dicen y lo realizado es responsabilidad del gobierno. En una APP, el Estado contrata resultados. Es una visión distinta a la del constructor tradicional. Hay una responsabilidad de largo plazo.
Sobre este modelo, República Empresa conversó con el economista costarricense y especialista en infraestructura, Federico Villalobos.
¿Por qué el modelo de APP genera recelo en la región?
— La principal barrera en Centroamérica es la ausencia de una cultura de mantenimiento y operación. Se normalizó la práctica de construir algo y abandonarlo.
También ha hecho falta incorporar la infraestructura en las estrategias fiscales. Más allá de decir “‘no tengo dinero, no lo hago’ o ‘pido un crédito’”, en proyectos de cierto nivel de inversión debería siempre analizarse cuál es la forma más eficiente para su ejecución, sin descartar la participación privada.
Por último, tener una institucionalidad más fuerte en materia de APP permitiría continuidad independientemente del partido de turno.
En sus ponencias ha destacado que “viabilidad financiera y generación de valor son elementos clave” en las APP. ¿Puede explicarse?
— La viabilidad financiera supone que el proyecto tenga sentido para el inversionista. Es un elemento que determina la participación de los interesados. No debe ser a toda costa. Un gobierno se decanta por una APP porque genera mayor eficiencia.
El Estado tiene que hacer que sea viable para el privado, pero se debe justificar con una transferencia de riesgos. Un equilibrio, en definitiva. La viabilidad financiera versus la generación de valor. Se busca aprovechar experiencia y eficiencia del privado, valores agregados implícitos.
A nivel centroamericano, Costa Rica destaca en el último InfraScope (BID y The Economist). ¿Por qué?
— Costa Rica tiene una ley de más de 20 años. Actualmente, los dos principales puertos y los dos aeropuertos más importantes son APP. Asimismo, hay una carretera y un sistema de revisión de vehículos. Luego de una década está por lanzar una nueva APP para un puerto. Se llegó a la conclusión de volver a la figura.
Y ha sido positivo el respeto a los contratos vigentes. Eso es muy importante. Está ligado a temas de atracción de inversión.
Panamá es otro ejemplo. Lanzó una ley en 2019. Ahora tienen el reto de dar continuidad a proyectos después del reciente cambio de gobierno. República Dominicana se asemeja. Tiene la ventaja de contar con continuidad en la administración.
¿Cree que el principal mito a superar es el asunto de la privatización?
— Sí. Recordemos que en una APP el activo es siempre del Estado. Solo cambia el modo en que se contrata la empresa. De hecho, el sector privado es más solicitado en una APP que en un modelo tradicional.
En el tradicional hace lo que le indican sin asumir ningún riesgo. En las APP existe una mayor complejidad. Tiene que conseguir financiamiento, gestionar un proyecto por 20 años.
Siempre y cuando estructure el contrato de manera adecuada, el Estado exige más al privado. Además, recalco, no es privatización. Unido a este mito está la percepción de que los proyectos de infraestructura deben ser gratis. Eso no existe, nada es gratuito. Eso solo hereda el problema a la generación futura.
Es muy popular exigir que “no cobren”, pero eso implica que hijos, nietos…, tendrán que reparar una carretera ruinas.
Me parece interesante el rol que juega el sector público…
— Ahí hay un tema a tener en cuenta: la responsabilidad. Le llamo “sesgo regulatorio”. Cuando se quiere hacer una APP, piden todo lo posible. Justifique que es el mejor modelo, analice A, B, C o D, etcétera. Lo cual está muy bien. Es irónico que en el modelo tradicional, no. El rigor no debe ser exclusivo para las APP.
El tradicional se presta a juegos perversos de corrupción. Cuando recordamos los casos de aquella “famosa empresa”, prácticamente todos eran de estructura tradicional. ¿Las APP están exentas? No. Tiene a su favor que muchos ojos observan, al mismo tiempo, el proyecto. Es más fácil detectar una anomalía.
La penosa infraestructura de Centroamérica, ¿nos hace un nicho para las APP?
— Bueno, no se debe olvidar la preparación de proyectos. Es algo también cultural. Clasificamos a un gobierno como “bueno” o “malo”, dependiendo si arregló una calle o construyó un puente. Nadie felicita por un estudio de factibilidad. Muchos quieren financiar, participar, pero ¿se tienen proyectos listos? Se debe tener preparada una cartera de inversiones.
También ayudaría a tener un marco legal armonizado. Eso es algo que no podemos concertar rápidamente, pero al menos sí las reglas de cómo se evalúan los proyectos. Eso ayudaría a posicionarnos mejor como destino.
¿Cree que los contratos APP deben ser aprobados por el Legislativo?
— Diría que mejor no. La razón es que a veces se politizan los proyectos. No es una discusión técnica. Una vez alguien me hizo la observación de que, quizá, en un país se requiere porque es la forma de brindar seguridad jurídica al inversionista.
Entonces, depende de cada contexto. Si la realidad lo exige, pues sí, pero, probablemente solo en aquellos que se financian con recursos públicos.
¿Cómo analiza a Guatemala, y otros países de la región, en temas de APP?
— Guatemala necesita que se materialice su primer proyecto bajo el modelo. Eso dará confianza, sobre todo, a los inversionistas, y brindará lecciones aprendidas. Tiene condiciones interesantes. No debería cuestionarse el implementar el modelo, ya debería tener algunos en operación.
En el caso de Centroamérica, Panamá ha hecho las cosas muy bien desde mi perspectiva. Se armó de forma óptima institucionalmente. El reto es ver si logra mantenerse tras el cambio de gobierno. Si lo logran, va a consolidarse como un mercado importante.
República Dominicana ha estructurado sus proyectos, muy similar al caso panameño. Empezará a materializarlos. Costa Rica está regresando al mercado de las APP y lanzará este año la primera tras varios años sin hacerlo. Son los tres países que veo con mayor actividad en este momento.
Hay una marcada diferencia entre la obra pública tradicional y una APP. Al inaugurarse un proyecto, la gente cree que lo “hizo el gobierno”. Pero lo que hace es contratar. Facilita los recursos y una empresa cumple con un diseño.
El privado hace lo que le dicen y lo realizado es responsabilidad del gobierno. En una APP, el Estado contrata resultados. Es una visión distinta a la del constructor tradicional. Hay una responsabilidad de largo plazo.
Sobre este modelo, República Empresa conversó con el economista costarricense y especialista en infraestructura, Federico Villalobos.
¿Por qué el modelo de APP genera recelo en la región?
— La principal barrera en Centroamérica es la ausencia de una cultura de mantenimiento y operación. Se normalizó la práctica de construir algo y abandonarlo.
También ha hecho falta incorporar la infraestructura en las estrategias fiscales. Más allá de decir “‘no tengo dinero, no lo hago’ o ‘pido un crédito’”, en proyectos de cierto nivel de inversión debería siempre analizarse cuál es la forma más eficiente para su ejecución, sin descartar la participación privada.
Por último, tener una institucionalidad más fuerte en materia de APP permitiría continuidad independientemente del partido de turno.
En sus ponencias ha destacado que “viabilidad financiera y generación de valor son elementos clave” en las APP. ¿Puede explicarse?
— La viabilidad financiera supone que el proyecto tenga sentido para el inversionista. Es un elemento que determina la participación de los interesados. No debe ser a toda costa. Un gobierno se decanta por una APP porque genera mayor eficiencia.
El Estado tiene que hacer que sea viable para el privado, pero se debe justificar con una transferencia de riesgos. Un equilibrio, en definitiva. La viabilidad financiera versus la generación de valor. Se busca aprovechar experiencia y eficiencia del privado, valores agregados implícitos.
A nivel centroamericano, Costa Rica destaca en el último InfraScope (BID y The Economist). ¿Por qué?
— Costa Rica tiene una ley de más de 20 años. Actualmente, los dos principales puertos y los dos aeropuertos más importantes son APP. Asimismo, hay una carretera y un sistema de revisión de vehículos. Luego de una década está por lanzar una nueva APP para un puerto. Se llegó a la conclusión de volver a la figura.
Y ha sido positivo el respeto a los contratos vigentes. Eso es muy importante. Está ligado a temas de atracción de inversión.
Panamá es otro ejemplo. Lanzó una ley en 2019. Ahora tienen el reto de dar continuidad a proyectos después del reciente cambio de gobierno. República Dominicana se asemeja. Tiene la ventaja de contar con continuidad en la administración.
¿Cree que el principal mito a superar es el asunto de la privatización?
— Sí. Recordemos que en una APP el activo es siempre del Estado. Solo cambia el modo en que se contrata la empresa. De hecho, el sector privado es más solicitado en una APP que en un modelo tradicional.
En el tradicional hace lo que le indican sin asumir ningún riesgo. En las APP existe una mayor complejidad. Tiene que conseguir financiamiento, gestionar un proyecto por 20 años.
Siempre y cuando estructure el contrato de manera adecuada, el Estado exige más al privado. Además, recalco, no es privatización. Unido a este mito está la percepción de que los proyectos de infraestructura deben ser gratis. Eso no existe, nada es gratuito. Eso solo hereda el problema a la generación futura.
Es muy popular exigir que “no cobren”, pero eso implica que hijos, nietos…, tendrán que reparar una carretera ruinas.
Me parece interesante el rol que juega el sector público…
— Ahí hay un tema a tener en cuenta: la responsabilidad. Le llamo “sesgo regulatorio”. Cuando se quiere hacer una APP, piden todo lo posible. Justifique que es el mejor modelo, analice A, B, C o D, etcétera. Lo cual está muy bien. Es irónico que en el modelo tradicional, no. El rigor no debe ser exclusivo para las APP.
El tradicional se presta a juegos perversos de corrupción. Cuando recordamos los casos de aquella “famosa empresa”, prácticamente todos eran de estructura tradicional. ¿Las APP están exentas? No. Tiene a su favor que muchos ojos observan, al mismo tiempo, el proyecto. Es más fácil detectar una anomalía.
La penosa infraestructura de Centroamérica, ¿nos hace un nicho para las APP?
— Bueno, no se debe olvidar la preparación de proyectos. Es algo también cultural. Clasificamos a un gobierno como “bueno” o “malo”, dependiendo si arregló una calle o construyó un puente. Nadie felicita por un estudio de factibilidad. Muchos quieren financiar, participar, pero ¿se tienen proyectos listos? Se debe tener preparada una cartera de inversiones.
También ayudaría a tener un marco legal armonizado. Eso es algo que no podemos concertar rápidamente, pero al menos sí las reglas de cómo se evalúan los proyectos. Eso ayudaría a posicionarnos mejor como destino.
¿Cree que los contratos APP deben ser aprobados por el Legislativo?
— Diría que mejor no. La razón es que a veces se politizan los proyectos. No es una discusión técnica. Una vez alguien me hizo la observación de que, quizá, en un país se requiere porque es la forma de brindar seguridad jurídica al inversionista.
Entonces, depende de cada contexto. Si la realidad lo exige, pues sí, pero, probablemente solo en aquellos que se financian con recursos públicos.
¿Cómo analiza a Guatemala, y otros países de la región, en temas de APP?
— Guatemala necesita que se materialice su primer proyecto bajo el modelo. Eso dará confianza, sobre todo, a los inversionistas, y brindará lecciones aprendidas. Tiene condiciones interesantes. No debería cuestionarse el implementar el modelo, ya debería tener algunos en operación.
En el caso de Centroamérica, Panamá ha hecho las cosas muy bien desde mi perspectiva. Se armó de forma óptima institucionalmente. El reto es ver si logra mantenerse tras el cambio de gobierno. Si lo logran, va a consolidarse como un mercado importante.
República Dominicana ha estructurado sus proyectos, muy similar al caso panameño. Empezará a materializarlos. Costa Rica está regresando al mercado de las APP y lanzará este año la primera tras varios años sin hacerlo. Son los tres países que veo con mayor actividad en este momento.
