Estados Unidos: más welfare, menos empleo

En EE. UU. algunos estados combinan gasto social per cápita elevado y una competitividad fiscal débil. A ello se une un mercado laboral menos dinámico que polos pro-empresa. Esa mezcla desplaza costos al trabajador formal, reduce el premio de trabajar más horas y enfría decisiones de inversión. En especial, en sectores intensivos en nómina y con márgenes ajustados.

Por qué importa. Una arquitectura asistencial que crece sin empleabilidad transfiere la cuenta a nóminas y contribuyentes, deteriora señales de inversión y posterga decisiones de expansión.

• En Massachusetts, Public Welfare es el mayor rubro per cápita del gasto estatal. Incluye, principalmente, Medicaid y asistencia relacionada. “Ese entorno desincentiva proyectos de largo aliento”, señala el economista Ethan Miller.

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• El Estado ocupa el puesto 41 en el State Business Tax Climate Index 2025 de Tax Foundation. Señal de una menor competitividad.

• El desempleo se mantuvo en 4.8 % en agosto, por encima del año previo y de varios competidores.

Cómo funciona. Los welfare cliffs (desventajas de asistencia social) recortan beneficios abruptamente cuando suben horas o ingresos, achicando el incentivo para progresar en el trabajo. Sin rampas de salida y capacitación, se reduce la participación y se aplanan salarios de entrada.

• “Sin puentes al empleo, la ayuda se vuelve trampa”, advierte la analista financiera Olivia Carter. El diseño de transferencias puede distorsionar la oferta laboral si no se calibra con empleo y productividad.

• En Massachusetts, el peso de Public Welfare refuerza la sensibilidad del mercado laboral a reglas de elegibilidad y retiro de beneficios.

• La combinación de alta carga social y señales fiscales débiles incrementa el costo marginal de contratación en sectores de baja productividad inicial.

Lo indispensable. La localización de capital responde a reglas tributarias, costos parafiscales y tracción del empleo.

• “Más complejidad tributaria y parafiscal implica menos contratación marginal”, agrega Miller.

• Así, el UI Trust Fund exige aportes relevantes: este año los empleadores llevan USD 1280M pagados a agosto. El saldo del fondo es USD 2160M.

• La COVID-19 Recovery Assessment y la trayectoria post-pandemia elevaron los costos, aunque con tasas 28.3 % (2025) menores que en 2024 por amortización de bonos.

Entre líneas. La administración Trump buscó vincular asistencia con trabajo. Aprobó 13 exenciones estatales con requisitos laborales en Medicaid y endureció en 2019 las reglas de SNAP para adultos sin dependientes.

• “Alinear apoyo y empleo mejora incentivos si se implementa bien”, sostiene Miller.

• En varios estados, las propuestas incorporaron exenciones por cuidado de dependientes, estudio y capacitación registrada. Además de periodos de gracia, para evitar welfare cliffs y transiciones punitivas.

• La política ideal no serían subsidios permanentes desligados de productividad. Más bien, lo que hace falta es asistencia temporal con transición al empleo.

Lo que sigue. La ruta pro-empresa pide pasar de subsidios inerciales a trabajo productivo, con reglas previsibles y formación alineada a la demanda. “Capacitar paga; subsidiar indefinidamente, no”, resume Carter.

• Se debe rediseñar beneficios con transiciones graduales que garanticen que cada hora adicional deje mayor ingreso neto y que los apoyos se reduzcan de forma previsible.

• Asimismo, reducir costos laborales no salariales mediante una trayectoria estable del seguro de desempleo, límites plurianuales al aporte y deducciones aceleradas para capacitación y primer empleo formal.

• Por último, es necesario escalar programas de aprendizaje en salud, manufactura avanzada y tecnología con cupos empresariales. También convienen metas de inserción a seis y 12 meses y compras públicas que valoren certificaciones de productividad. 

*Enviada especial en EE. UU.