Guatemala encara 2026 con una macroeconomía ordenada: crecimiento proyectado en torno al 4.1 %, inflación contenida y reservas que cubren casi once meses de importaciones. No obstante, una debilidad estructural amenaza frenar su avance económico: la baja inversión en el país.
La inversión pública apenas representa 1.6 % del PIB, mientras que la inversión total —que incluye capital privado y público— alcanza el 16. Una cifra muy por debajo del promedio mundial, cercano al 26 %. Asimismo, rezaga a Guatemala frente a sus vecinos: El Salvador invierte alrededor del 22 %, Honduras 24 y Nicaragua 23, mientras que República Dominicana ronda el 26 %.
Esta brecha, advierten economistas y representantes del sector productivo, no es solo estadística: limita el crecimiento económico, frena la generación de empleos de calidad y pospone el desarrollo inclusivo que busca consolidarse. La falta de proyectos de infraestructura robustos y de capital productivo reduce la competitividad y encarece los costos de exportación.
Pese a la estabilidad macro, la ejecución de inversiones —especialmente en infraestructura de transporte, energía y conectividad— es insuficiente para dinamizar la economía y atraer mayor flujo de capital extranjero.
Este desafío cobra aun más relevancia en un contexto global y regional donde países con niveles de inversión más altos han logrado tasas superiores de crecimiento y empleo formal. Para cerrar estas brechas y aspirar a un desarrollo más dinámico, se proponen estrategias integrales que fomenten tanto el aporte estatal como la participación del sector privado.
Guatemala encara 2026 con una macroeconomía ordenada: crecimiento proyectado en torno al 4.1 %, inflación contenida y reservas que cubren casi once meses de importaciones. No obstante, una debilidad estructural amenaza frenar su avance económico: la baja inversión en el país.
La inversión pública apenas representa 1.6 % del PIB, mientras que la inversión total —que incluye capital privado y público— alcanza el 16. Una cifra muy por debajo del promedio mundial, cercano al 26 %. Asimismo, rezaga a Guatemala frente a sus vecinos: El Salvador invierte alrededor del 22 %, Honduras 24 y Nicaragua 23, mientras que República Dominicana ronda el 26 %.
Esta brecha, advierten economistas y representantes del sector productivo, no es solo estadística: limita el crecimiento económico, frena la generación de empleos de calidad y pospone el desarrollo inclusivo que busca consolidarse. La falta de proyectos de infraestructura robustos y de capital productivo reduce la competitividad y encarece los costos de exportación.
Pese a la estabilidad macro, la ejecución de inversiones —especialmente en infraestructura de transporte, energía y conectividad— es insuficiente para dinamizar la economía y atraer mayor flujo de capital extranjero.
Este desafío cobra aun más relevancia en un contexto global y regional donde países con niveles de inversión más altos han logrado tasas superiores de crecimiento y empleo formal. Para cerrar estas brechas y aspirar a un desarrollo más dinámico, se proponen estrategias integrales que fomenten tanto el aporte estatal como la participación del sector privado.
