El 12 de agosto, con el vencimiento del contrato 2-85, el MEM recibió los activos de la petrolera Perenco en el polígono de Xan (Petén). Estas incluyen infraestructura de explotación, mini refinería La Libertad, oleoducto y bienes complementarios (pista de aterrizaje, centro de salud y ferry sobre el río San Pedro).
El valor de los activos entregados rondaría los USD 2000, según estimaciones no oficiales. Todos los bienes quedaron bajo resguardo de la PNC y el Ejército de Guatemala, que mantendrán operaciones en el área.
El cierre ocurre en medio de cuestionamientos legales. Los documentos técnicos advierten que el campo Xan alberga cerca de 10 millones de barriles en reservas probadas. Su clausura podría contravenir el artículo 125 de la Constitución, que declara de utilidad y necesidad pública la explotación racional de hidrocarburos.
También se señala que la Ley de Hidrocarburos no contempla la figura de “cierre y desmantelamiento” y que la Ley de Áreas Protegidas limita estas actividades en zonas núcleo.
Sin experiencia
En el plano ambiental, el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, sostuvo que “no se tiene experiencia en cierres anteriores de este tamaño”. No obstante, agregó que el MARN cuenta con capacidad técnica en “recuperación de ecosistemas forestales, saneamiento de ecosistemas hídricos, recuperación de suelo y biodiversidad”. Además, habrá acompañamiento técnico del MEM.
Sobre los riesgos del proceso, advirtió que “podrían haber derrames de petróleo que contaminen el suelo o las fuentes de agua subterráneas” durante el desmantelamiento, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberá contemplar medidas de mitigación específicas.
Recordó que este instrumento corresponde a la empresa que ejecute el cierre y que el papel de la cartera será “ver que se cumpla con ese estudio”.
Dudas
En cuanto al diagnóstico del área, Rodas señaló que de las 8200 hectáreas de bosque, registradas en 1986, “para el año 2024 encontramos 1784 hectáreas”. Lo que representa más de 6000 hectáreas deforestadas y reemplazadas por ganadería y agricultura.
Añadió que esta pérdida “no está vinculada directamente a la operación petrolera, sino a la usurpación de tierras” y a la presión social sobre los recursos naturales. “Algunas comunidades podrían quedarse, pero bajo un esquema de sistemas agroforestales y recuperación gradual del área”, puntualizó.
Con todo, persisten dudas sobre la viabilidad y los costos reales de este proceso. La falta de antecedentes en cierres petroleros de esta magnitud, el valor estimado no confirmado de los activos y las reservas aún existentes en el campo Xan plantean interrogantes sobre si esta transición garantizará la protección ambiental sin comprometer el patrimonio energético del país.
Con información de: Luis E. González
El 12 de agosto, con el vencimiento del contrato 2-85, el MEM recibió los activos de la petrolera Perenco en el polígono de Xan (Petén). Estas incluyen infraestructura de explotación, mini refinería La Libertad, oleoducto y bienes complementarios (pista de aterrizaje, centro de salud y ferry sobre el río San Pedro).
El valor de los activos entregados rondaría los USD 2000, según estimaciones no oficiales. Todos los bienes quedaron bajo resguardo de la PNC y el Ejército de Guatemala, que mantendrán operaciones en el área.
El cierre ocurre en medio de cuestionamientos legales. Los documentos técnicos advierten que el campo Xan alberga cerca de 10 millones de barriles en reservas probadas. Su clausura podría contravenir el artículo 125 de la Constitución, que declara de utilidad y necesidad pública la explotación racional de hidrocarburos.
También se señala que la Ley de Hidrocarburos no contempla la figura de “cierre y desmantelamiento” y que la Ley de Áreas Protegidas limita estas actividades en zonas núcleo.
Sin experiencia
En el plano ambiental, el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, sostuvo que “no se tiene experiencia en cierres anteriores de este tamaño”. No obstante, agregó que el MARN cuenta con capacidad técnica en “recuperación de ecosistemas forestales, saneamiento de ecosistemas hídricos, recuperación de suelo y biodiversidad”. Además, habrá acompañamiento técnico del MEM.
Sobre los riesgos del proceso, advirtió que “podrían haber derrames de petróleo que contaminen el suelo o las fuentes de agua subterráneas” durante el desmantelamiento, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberá contemplar medidas de mitigación específicas.
Recordó que este instrumento corresponde a la empresa que ejecute el cierre y que el papel de la cartera será “ver que se cumpla con ese estudio”.
Dudas
En cuanto al diagnóstico del área, Rodas señaló que de las 8200 hectáreas de bosque, registradas en 1986, “para el año 2024 encontramos 1784 hectáreas”. Lo que representa más de 6000 hectáreas deforestadas y reemplazadas por ganadería y agricultura.
Añadió que esta pérdida “no está vinculada directamente a la operación petrolera, sino a la usurpación de tierras” y a la presión social sobre los recursos naturales. “Algunas comunidades podrían quedarse, pero bajo un esquema de sistemas agroforestales y recuperación gradual del área”, puntualizó.
Con todo, persisten dudas sobre la viabilidad y los costos reales de este proceso. La falta de antecedentes en cierres petroleros de esta magnitud, el valor estimado no confirmado de los activos y las reservas aún existentes en el campo Xan plantean interrogantes sobre si esta transición garantizará la protección ambiental sin comprometer el patrimonio energético del país.
Con información de: Luis E. González