Los mercados eléctricos en Latinoamérica y el Caribe todavía enfrentan severas ineficiencias, a pesar de avances y reformas notables. Entre los signos más alarmantes y persistentes figuran las pérdidas eléctricas. Ocasionan costos sociales, ambientales y económicos.
Por qué importa. Estas mermas se dan en todas las subregiones, con una tasa promedio que oscila entre 15,2 y 18,1%. Un reciente informe del BID estima que el costo anual para las distribuidoras fluctúa entre USD 9 600M y 16 600M. Equivale al 0,19 y 0,33% del PIB regional, respectivamente.
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El desempeño financiero del sistema depende directamente de su capacidad para generar ingresos que cubran los costos del servicio. Sin embargo, para algunos países la situación puede ser insostenible desde el punto de vista de eficiencia económica y administración óptima de recursos.
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La persistencia del problema atenta contra la capacidad de reducir la brecha de infraestructura porque se pierde capital. La zona necesita invertir, al menos, USD 48 000M por año (0,8% del PIB) para lograr acceso universal y descarbonizar sus matrices en la siguiente década.
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Es evidente la brecha de inversión en infraestructura, situación que obstaculiza la modernización y perpetúa ineficiencias. Realizar inversiones es rentable e indispensable financieramente. Pueden ser consideradas dentro de los planes para lograr un sistema más resiliente.
En perspectiva. Las pérdidas en transmisión y distribución constituyen una medida central de desempeño. Definen la diferencia entre la energía generada y la facturada a los usuarios.
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Las mermas en el sistema de transporte pueden ser técnicas o no. Aunque son naturales, altos niveles evidencian un déficit de inversión crónico o problemas en el funcionamiento y operación.
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Las causas subyacentes son resultado de una compleja interacción de factores. Ineludiblemente, debilitan la viabilidad financiera de las empresas y pueden tener efectos fiscales y consecuencias sistémicas.
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Las deficiencias de calidad impactan la competitividad, en particular, deterioran la fiabilidad del suministro. Reducir y controlar las pérdidas es indispensable para alcanzar mercados sostenibles económica y ambientalmente.
Entre líneas. La atracción de participación privada ha sido elemento central en varios procesos de reforma. Ha representado una fuente en recursos de inversión, canal de transferencia tecnológica y buenas prácticas.
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“La inyección de capital privado contribuye a cerrar brechas de inversión. Esto da como resultado una optimización de la infraestructura eléctrica y una reducción de las pérdidas”, se asegura desde el BID.
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Los países con alta participación privada tienden a exhibir niveles promedio bajos de pérdidas (14,1%). En aquellos con una participación limitada o inexistente, la media es de 22,3.
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En Chile, la legislación establece la división entre distribución, comercialización y administración. Perú, Argentina y Panamá también registraron reducciones significativas después de su privatización. Guatemala, aunque no se menciona, abrió la participación privada en los años 90, siendo un caso de éxito regional.
Voces. Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sector y Conocimiento del BID, señala que las pérdidas eléctricas menoscaban la capacidad de mantener y expandir infraestructura adecuada.
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“Las consecuencias afectan particularmente a grupos vulnerables y limitan la productividad de las economías, pues estas no ofrecen servicios de calidad”, asegura.
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Aumentar la capacidad económica de las empresas y facilitar futuras inversiones se lograría promoviendo incentivos adecuados. De igual manera, implementando nuevas tecnologías en redes eléctricas y mejorando gestión y gobernanza de las empresas.
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“Esto robustecerá la capacidad financiera. La región requiere invertir más en infraestructura para mejorar la cantidad y calidad de los servicios”, concluye.
Qué destacar. Entre los 26 países analizados hay afectados en mayor y menor grado. Guatemala perdía 14% del total de la energía disponible hasta 2019. Está por encima de la referencia de eficiencia (10) y por debajo del promedio (17).
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Las principales pérdidas se dan en la distribución (10,6%). Su porcentaje total se complementa con menguas en transmisión, 3,6. No es el peor identificado: Honduras pierde 32,3% (en la primera) y Belice, 5,5% (segunda).
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El costo financiero guatemalteco es uno de los más bajos. Oscila entre 0,07 y 0,09% del PIB, lo que equivale a USD 53M y 70M, respectivamente.
Balance. En las últimas tres décadas, la región ha registrado pérdidas que triplican a las de los miembros de la OCDE. Estas comprometen la viabilidad financiera de las empresas, afectando el mantenimiento como expansión de infraestructura que repercute en los servicios. Su reducción es fundamental para una transición energética exitosa, en línea con objetivos de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental.
Los mercados eléctricos en Latinoamérica y el Caribe todavía enfrentan severas ineficiencias, a pesar de avances y reformas notables. Entre los signos más alarmantes y persistentes figuran las pérdidas eléctricas. Ocasionan costos sociales, ambientales y económicos.
Por qué importa. Estas mermas se dan en todas las subregiones, con una tasa promedio que oscila entre 15,2 y 18,1%. Un reciente informe del BID estima que el costo anual para las distribuidoras fluctúa entre USD 9 600M y 16 600M. Equivale al 0,19 y 0,33% del PIB regional, respectivamente.
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El desempeño financiero del sistema depende directamente de su capacidad para generar ingresos que cubran los costos del servicio. Sin embargo, para algunos países la situación puede ser insostenible desde el punto de vista de eficiencia económica y administración óptima de recursos.
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La persistencia del problema atenta contra la capacidad de reducir la brecha de infraestructura porque se pierde capital. La zona necesita invertir, al menos, USD 48 000M por año (0,8% del PIB) para lograr acceso universal y descarbonizar sus matrices en la siguiente década.
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Es evidente la brecha de inversión en infraestructura, situación que obstaculiza la modernización y perpetúa ineficiencias. Realizar inversiones es rentable e indispensable financieramente. Pueden ser consideradas dentro de los planes para lograr un sistema más resiliente.
En perspectiva. Las pérdidas en transmisión y distribución constituyen una medida central de desempeño. Definen la diferencia entre la energía generada y la facturada a los usuarios.
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Las mermas en el sistema de transporte pueden ser técnicas o no. Aunque son naturales, altos niveles evidencian un déficit de inversión crónico o problemas en el funcionamiento y operación.
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Las causas subyacentes son resultado de una compleja interacción de factores. Ineludiblemente, debilitan la viabilidad financiera de las empresas y pueden tener efectos fiscales y consecuencias sistémicas.
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Las deficiencias de calidad impactan la competitividad, en particular, deterioran la fiabilidad del suministro. Reducir y controlar las pérdidas es indispensable para alcanzar mercados sostenibles económica y ambientalmente.
Entre líneas. La atracción de participación privada ha sido elemento central en varios procesos de reforma. Ha representado una fuente en recursos de inversión, canal de transferencia tecnológica y buenas prácticas.
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“La inyección de capital privado contribuye a cerrar brechas de inversión. Esto da como resultado una optimización de la infraestructura eléctrica y una reducción de las pérdidas”, se asegura desde el BID.
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Los países con alta participación privada tienden a exhibir niveles promedio bajos de pérdidas (14,1%). En aquellos con una participación limitada o inexistente, la media es de 22,3.
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En Chile, la legislación establece la división entre distribución, comercialización y administración. Perú, Argentina y Panamá también registraron reducciones significativas después de su privatización. Guatemala, aunque no se menciona, abrió la participación privada en los años 90, siendo un caso de éxito regional.
Voces. Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sector y Conocimiento del BID, señala que las pérdidas eléctricas menoscaban la capacidad de mantener y expandir infraestructura adecuada.
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“Las consecuencias afectan particularmente a grupos vulnerables y limitan la productividad de las economías, pues estas no ofrecen servicios de calidad”, asegura.
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Aumentar la capacidad económica de las empresas y facilitar futuras inversiones se lograría promoviendo incentivos adecuados. De igual manera, implementando nuevas tecnologías en redes eléctricas y mejorando gestión y gobernanza de las empresas.
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“Esto robustecerá la capacidad financiera. La región requiere invertir más en infraestructura para mejorar la cantidad y calidad de los servicios”, concluye.
Qué destacar. Entre los 26 países analizados hay afectados en mayor y menor grado. Guatemala perdía 14% del total de la energía disponible hasta 2019. Está por encima de la referencia de eficiencia (10) y por debajo del promedio (17).
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Las principales pérdidas se dan en la distribución (10,6%). Su porcentaje total se complementa con menguas en transmisión, 3,6. No es el peor identificado: Honduras pierde 32,3% (en la primera) y Belice, 5,5% (segunda).
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El costo financiero guatemalteco es uno de los más bajos. Oscila entre 0,07 y 0,09% del PIB, lo que equivale a USD 53M y 70M, respectivamente.
Balance. En las últimas tres décadas, la región ha registrado pérdidas que triplican a las de los miembros de la OCDE. Estas comprometen la viabilidad financiera de las empresas, afectando el mantenimiento como expansión de infraestructura que repercute en los servicios. Su reducción es fundamental para una transición energética exitosa, en línea con objetivos de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental.