Guatemala encara 2025 con una ventaja demográfica que solo será competitiva si integra a más mujeres al trabajo productivo. Hoy, la mitad del talento potencial está subutilizado. La tasa global de participación alcanza el 65.4 % a nivel nacional, pero apenas el 39.7 entre mujeres frente a 82.2 en hombres, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC) del INE para 2024. Esa brecha no solo reduce el ingreso de los hogares; también recorta el crecimiento potencial y resta atractivo para la inversión de largo plazo.
El costo de esta subdivisión es notable. En 2024, el ingreso laboral mensual promedio fue de GTQ 2849.9 para hombres y 2108.9 para mujeres: una diferencia de 741 que refleja segmentación ocupacional, menor acceso a empleos formales y techos de cristal. Además, la subocupación visible golpea más a las mujeres (16.3 %) que a los varones (13.4 %), lo que significa menos horas pagadas y trayectorias laborales intermitentes. Con 67.9 % de la población ocupada en el sector informal, muchas mujeres quedan fuera de la seguridad social y de la formación en el trabajo que mejora la productividad. Convertir estas cifras en políticas —cuidado infantil, formación técnica alineada a la demanda y formalización simple— es el camino más corto entre demografía y competitividad.
Salud y autonomía reproductiva son variables económicas. La razón de mortalidad materna bajó de 301 (2000) a 94 muertes por cada 100 000 nacidos vivos (2023), avance relevante pero aún superior al promedio regional. Si se quiere aprovechar el bono demográfico, es necesario expandir acceso efectivo a educación y un entorno pro-familia, con metas medibles por municipio.
La inclusión financiera es otro cuello de botella. Con datos recientes compilados por FinDev/CGAP, solo el 34 % de las mujeres adultas tiene una cuenta frente al 40 % de los hombres. Sin cuentas —y sin historial— es más difícil ahorrar con seguridad, acceder a crédito productivo o formalizar un emprendimiento. Cerrar esa brecha exige interoperabilidad de pagos, corresponsales en barrios periféricos, microcrédito con evaluación alternativa de riesgo y programas que vinculen remesas a productos de ahorro e inversión. El objetivo no es solo bancarizar: es traducir el uso de cuentas en capital de trabajo y activos productivos.
Hay evidencia de que cerrar brechas paga. Simulaciones del PNUD muestran que reducirlas y elevar moderadamente la productividad podría llevar el PIB a un nivel hasta 32 % mayor al final del periodo evaluado, frente a un escenario inercial. Para un país joven, esto significa más crecimiento con la misma demografía. La diferencia la hace la disposición al cambio de la iniciativa privada.
Las prioridades deben ser claras. Servicios de cuidado infantil y transporte seguro en áreas metropolitanas para facilitar el empleo femenino; formación técnica corta (logística, manufactura ligera, agroindustria 4.0, Business Process Outsourcing, BPO) con becas y pasantías. Asimismo, un esquema de formalización “amigable” para MIPYMES (trámite digital, costos de cumplimiento graduales y acceso a seguridad social modular).
La ventana demográfica no será eterna. Si Guatemala mantiene la tendencia de descenso en la mortalidad materna mientras eleva la participación y el ingreso de las mujeres, su estructura poblacional se convertirá en una ventaja productiva sostenida. Si no lo hace, la inercia consolidará empleos de baja productividad y estancará el ingreso per cápita. El dato de partida es claro y verificable: menos de cuatro de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral y cuando lo hacen ganan menos y enfrentan más subempleo. El desenlace, en cambio, depende de decisiones concretas para que la economía guatemalteca compita con todo su talento.
Este y otros temas se tratarán en el “Summit República Mujer, Familia, Libertad: Una región aún joven llamada a prosperar” del próximo 29 de octubre.
Guatemala encara 2025 con una ventaja demográfica que solo será competitiva si integra a más mujeres al trabajo productivo. Hoy, la mitad del talento potencial está subutilizado. La tasa global de participación alcanza el 65.4 % a nivel nacional, pero apenas el 39.7 entre mujeres frente a 82.2 en hombres, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC) del INE para 2024. Esa brecha no solo reduce el ingreso de los hogares; también recorta el crecimiento potencial y resta atractivo para la inversión de largo plazo.
El costo de esta subdivisión es notable. En 2024, el ingreso laboral mensual promedio fue de GTQ 2849.9 para hombres y 2108.9 para mujeres: una diferencia de 741 que refleja segmentación ocupacional, menor acceso a empleos formales y techos de cristal. Además, la subocupación visible golpea más a las mujeres (16.3 %) que a los varones (13.4 %), lo que significa menos horas pagadas y trayectorias laborales intermitentes. Con 67.9 % de la población ocupada en el sector informal, muchas mujeres quedan fuera de la seguridad social y de la formación en el trabajo que mejora la productividad. Convertir estas cifras en políticas —cuidado infantil, formación técnica alineada a la demanda y formalización simple— es el camino más corto entre demografía y competitividad.
Salud y autonomía reproductiva son variables económicas. La razón de mortalidad materna bajó de 301 (2000) a 94 muertes por cada 100 000 nacidos vivos (2023), avance relevante pero aún superior al promedio regional. Si se quiere aprovechar el bono demográfico, es necesario expandir acceso efectivo a educación y un entorno pro-familia, con metas medibles por municipio.
La inclusión financiera es otro cuello de botella. Con datos recientes compilados por FinDev/CGAP, solo el 34 % de las mujeres adultas tiene una cuenta frente al 40 % de los hombres. Sin cuentas —y sin historial— es más difícil ahorrar con seguridad, acceder a crédito productivo o formalizar un emprendimiento. Cerrar esa brecha exige interoperabilidad de pagos, corresponsales en barrios periféricos, microcrédito con evaluación alternativa de riesgo y programas que vinculen remesas a productos de ahorro e inversión. El objetivo no es solo bancarizar: es traducir el uso de cuentas en capital de trabajo y activos productivos.
Hay evidencia de que cerrar brechas paga. Simulaciones del PNUD muestran que reducirlas y elevar moderadamente la productividad podría llevar el PIB a un nivel hasta 32 % mayor al final del periodo evaluado, frente a un escenario inercial. Para un país joven, esto significa más crecimiento con la misma demografía. La diferencia la hace la disposición al cambio de la iniciativa privada.
Las prioridades deben ser claras. Servicios de cuidado infantil y transporte seguro en áreas metropolitanas para facilitar el empleo femenino; formación técnica corta (logística, manufactura ligera, agroindustria 4.0, Business Process Outsourcing, BPO) con becas y pasantías. Asimismo, un esquema de formalización “amigable” para MIPYMES (trámite digital, costos de cumplimiento graduales y acceso a seguridad social modular).
La ventana demográfica no será eterna. Si Guatemala mantiene la tendencia de descenso en la mortalidad materna mientras eleva la participación y el ingreso de las mujeres, su estructura poblacional se convertirá en una ventaja productiva sostenida. Si no lo hace, la inercia consolidará empleos de baja productividad y estancará el ingreso per cápita. El dato de partida es claro y verificable: menos de cuatro de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral y cuando lo hacen ganan menos y enfrentan más subempleo. El desenlace, en cambio, depende de decisiones concretas para que la economía guatemalteca compita con todo su talento.
Este y otros temas se tratarán en el “Summit República Mujer, Familia, Libertad: Una región aún joven llamada a prosperar” del próximo 29 de octubre.