EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: De acuerdo con datos del Plan Guatemala No Se Detiene, tan solo en el sector de infraestructura de transporte, el país requiere inversiones superiores a USD 8000M, cifra que solamente será posible atender mediante una acción conjunta entre el sector público y el privado.
En este contexto, es importante recalcar el paso que dio Guatemala al aprobar recientemente el Decreto 21-2025 —publicado en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 2025— que moderniza el marco legal e institucional para el desarrollo de proyectos de infraestructura por medio de asociaciones público-privadas (APP).
A diferencia del modelo de obra pública tradicional (OPT), en donde una empresa construye, cobra por la obra y la entrega al Estado, en una APP el sector privado se encarga del financiamiento, desarrollo y gestión de la infraestructura, recuperando la inversión si y solo si se cumplieron los objetivos. Es decir, se establece un nuevo paradigma en donde la construcción deja de ser el foco exclusivo y se pasa a un modelo basado en resultados.
Es por ello que la reforma legal aprobada constituye un paso clave para relanzar el programa de inversiones públicas de Guatemala. Pero lograrlo implicará disciplina, rigor técnico y, sobre todo, una visión de largo plazo. En esta línea, me permito compartir tres puntos esenciales para el impulso del nuevo programa APP.
Política de Estado en Infraestructura
Históricamente, la mayoría de los países hemos sido guiados por una visión cortoplacista que no permite dar continuidad a las políticas y proyectos. De acuerdo con datos del Global Infrastructure Hub (GIHub), el tiempo que se toma en países desarrollados desde la fase inicial hasta la entrada en operación de un proyecto de infraestructura promedia los 6 años.
En este sentido, es clave contar con la madurez para dar continuidad a los proyectos en el tiempo y no caer en la búsqueda de aparentes atajos que terminan resultando en mayores costos y tiempos y, en algunos casos, en la no materialización del proyecto.
Preinversión es clave
Una política de Estado implica que los gobiernos no solamente sean evaluados por inauguraciones, sino también por el avance de estudios, el inicio a tiempo de los procesos de adquisición de predios, la relocalización de servicios públicos y la obtención de permisos necesarios para que los proyectos puedan ejecutarse sin inconvenientes.
Adicionalmente, debemos capitalizar las lecciones aprendidas y tener presentes los cuantiosos sobrecostos y atrasos que hemos sufrido cuando improvisamos y apresuramos artificialmente las iniciativas.
Para el éxito de un proyecto APP es necesario un riguroso proceso de estudios de ingeniería, economía y finanzas, impacto fiscal y viabilidad legal y socioambiental.
El componente de ingeniería permite seleccionar la mejor alternativa de solución y el diseño de los requerimientos técnicos (no diseño final). El apartado financiero analiza si el flujo de caja del proyecto será suficiente para atender las obligaciones contractuales, repagar a los acreedores y accionistas según el perfil de riesgo del proyecto y la capacidad de pago de los usuarios o la magnitud de los aportes presupuestarios que realice el Estado.
Por último, una vez definido el modelo de negocio, el mismo debe estructurarse en bases de licitación y un borrador de contrato APP.
¿Cuál modelo es mejor?
La discusión respecto a si APP es mejor que la OPT es estéril. Lo que sí debemos preguntarnos siempre es cuál es el modelo ideal más eficiente para el proyecto que deseo desarrollar. Con base en el análisis de valor por dinero, es posible determinar el mejor esquema considerando el costo financiero versus el valor de los riesgos transferidos al sector privado durante la vida del contrato.
Eso sí, la aplicación de estas evaluaciones no debe constituir un “requisito” exclusivo del esquema APP, porque caeríamos en un sesgo regulatorio en el cual partiríamos del supuesto —técnicamente erróneo— de que la OPT es el modelo más eficiente. Una práctica que sería compatible con los objetivos de sostenibilidad fiscal.
Guatemala ha dado un paso fundamental para regresar al mercado de las APP. Es clave que este impulso se materialice en decisiones que permitan consolidar un programa de inversión sostenido en el tiempo que garantice la infraestructura necesaria para dar el salto al desarrollo. Una invitación a abrazar con certeza esta oportunidad, que el trabajo con disciplina técnica dará grandes resultados.
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Economista costarricense especializado en infraestructura con más de 15 años de experiencia en preparación, evaluación financiera y económica de proyectos, políticas públicas y esquemas alternativos de financiamiento. Posee experiencia como consultor para entidades públicas y privadas, incluyendo organismos internacionales como el BID, OCDE, BCIE, IFC y el Banco Mundial. | [email protected]
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de República ni la de sus directivos, colaboradores o anunciantes.
De acuerdo con datos del Plan Guatemala No Se Detiene, tan solo en el sector de infraestructura de transporte, el país requiere inversiones superiores a USD 8000M, cifra que solamente será posible atender mediante una acción conjunta entre el sector público y el privado.
En este contexto, es importante recalcar el paso que dio Guatemala al aprobar recientemente el Decreto 21-2025 —publicado en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 2025— que moderniza el marco legal e institucional para el desarrollo de proyectos de infraestructura por medio de asociaciones público-privadas (APP).
A diferencia del modelo de obra pública tradicional (OPT), en donde una empresa construye, cobra por la obra y la entrega al Estado, en una APP el sector privado se encarga del financiamiento, desarrollo y gestión de la infraestructura, recuperando la inversión si y solo si se cumplieron los objetivos. Es decir, se establece un nuevo paradigma en donde la construcción deja de ser el foco exclusivo y se pasa a un modelo basado en resultados.
Es por ello que la reforma legal aprobada constituye un paso clave para relanzar el programa de inversiones públicas de Guatemala. Pero lograrlo implicará disciplina, rigor técnico y, sobre todo, una visión de largo plazo. En esta línea, me permito compartir tres puntos esenciales para el impulso del nuevo programa APP.
Política de Estado en Infraestructura
Históricamente, la mayoría de los países hemos sido guiados por una visión cortoplacista que no permite dar continuidad a las políticas y proyectos. De acuerdo con datos del Global Infrastructure Hub (GIHub), el tiempo que se toma en países desarrollados desde la fase inicial hasta la entrada en operación de un proyecto de infraestructura promedia los 6 años.
En este sentido, es clave contar con la madurez para dar continuidad a los proyectos en el tiempo y no caer en la búsqueda de aparentes atajos que terminan resultando en mayores costos y tiempos y, en algunos casos, en la no materialización del proyecto.
Preinversión es clave
Una política de Estado implica que los gobiernos no solamente sean evaluados por inauguraciones, sino también por el avance de estudios, el inicio a tiempo de los procesos de adquisición de predios, la relocalización de servicios públicos y la obtención de permisos necesarios para que los proyectos puedan ejecutarse sin inconvenientes.
Adicionalmente, debemos capitalizar las lecciones aprendidas y tener presentes los cuantiosos sobrecostos y atrasos que hemos sufrido cuando improvisamos y apresuramos artificialmente las iniciativas.
Para el éxito de un proyecto APP es necesario un riguroso proceso de estudios de ingeniería, economía y finanzas, impacto fiscal y viabilidad legal y socioambiental.
El componente de ingeniería permite seleccionar la mejor alternativa de solución y el diseño de los requerimientos técnicos (no diseño final). El apartado financiero analiza si el flujo de caja del proyecto será suficiente para atender las obligaciones contractuales, repagar a los acreedores y accionistas según el perfil de riesgo del proyecto y la capacidad de pago de los usuarios o la magnitud de los aportes presupuestarios que realice el Estado.
Por último, una vez definido el modelo de negocio, el mismo debe estructurarse en bases de licitación y un borrador de contrato APP.
¿Cuál modelo es mejor?
La discusión respecto a si APP es mejor que la OPT es estéril. Lo que sí debemos preguntarnos siempre es cuál es el modelo ideal más eficiente para el proyecto que deseo desarrollar. Con base en el análisis de valor por dinero, es posible determinar el mejor esquema considerando el costo financiero versus el valor de los riesgos transferidos al sector privado durante la vida del contrato.
Eso sí, la aplicación de estas evaluaciones no debe constituir un “requisito” exclusivo del esquema APP, porque caeríamos en un sesgo regulatorio en el cual partiríamos del supuesto —técnicamente erróneo— de que la OPT es el modelo más eficiente. Una práctica que sería compatible con los objetivos de sostenibilidad fiscal.
Guatemala ha dado un paso fundamental para regresar al mercado de las APP. Es clave que este impulso se materialice en decisiones que permitan consolidar un programa de inversión sostenido en el tiempo que garantice la infraestructura necesaria para dar el salto al desarrollo. Una invitación a abrazar con certeza esta oportunidad, que el trabajo con disciplina técnica dará grandes resultados.
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Economista costarricense especializado en infraestructura con más de 15 años de experiencia en preparación, evaluación financiera y económica de proyectos, políticas públicas y esquemas alternativos de financiamiento. Posee experiencia como consultor para entidades públicas y privadas, incluyendo organismos internacionales como el BID, OCDE, BCIE, IFC y el Banco Mundial. | [email protected]
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de República ni la de sus directivos, colaboradores o anunciantes.
