El dictamen favorable a reformas esenciales a la “Ley de ANADIE” marca un paso significativo hacia la atracción de inversión. Estas modificaciones buscan revitalizar las Alianzas Público-Privadas (APP). Este jueves puede ser clave: la discusión en primer debate de la iniciativa 6433 se agendó en la sexta sesión extraordinaria del Congreso.
Por qué importa. La Comisión de Economía y Comercio Exterior ha aprobado este año seis dictámenes favorables. Dos —Infraestructura Vial Prioritaria y de Competencia— ya son decretos. El gran pendiente legislativo en materia económica son las reformas a la “Ley de ANADIE”.
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Su aprobación complementa el paquete de leyes para lograr, eventualmente, atracción de inversión —nacional y extranjera— y generación de empleo. Sería otro “empujón” para dinamizar las APP en el país.
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Bajo esa narrativa económica, el diputado y presidente de la Comisión, Jorge Ayala, opina que no mejorarán las condiciones de vida de los guatemaltecos sin IED. Las APP resplandecen en el firmamento de los modelos de atracción.
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En 14 años, bajo las condiciones actuales del Decreto 16-2010, únicamente se aprobó un proyecto bajo esta modalidad. Hasta ahora no se ejecuta. “Con las modificaciones, creo que podemos empezar a tener mejores niveles de atracción de inversión extranjera”, opina el diputado del partido VALOR.
Entre líneas. Una de las modificaciones de forma más evidentes son los cambios de nombre de la Agencia y el Consejo. Pasarán a llamarse “Agencia Nacional de Infraestructura” (ANI) y “Consejo Nacional de Infraestructura”.
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A su vez, la conformación de su Directorio se simplifica y equilibra. Se conserva la representación del CACIF y la Cámara de la Construcción. Pero se elimina al MEM y SEGEPLAN para evitar posibles sesgos, por ser “jueces y parte”.
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El artículo 29 establece el presupuesto de la ANI y crea un fondo de capital privativo —con cuatro cuentas específicas— para preinversión, adquisición de derechos de vía y garantías de las iniciativas de proyectos.
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“En el Presupuesto de 2025 se prevé un aumento de fondos para la Agencia. Se busca capitalizar con un significativo monto para financiar estudios de prefactibilidad. Esto permitirá al sector público y privado presentar proyectos”, explica Ayala.
En el radar. Acelerar la aprobación y forma de los contratos de la alianza fue uno de los puntos de discusión más relevantes en la reforma. Ahora no todos los procesos de contratos deben pasar por el Congreso, dando lugar a que las municipalidades entren en la ecuación.
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Anteriormente, se asumía que todo contrato era una concesión o contratación de servicio público; esto obligaba a que el único filtro fuera el Legislativo. Con la reforma, solo se conocerán aquellos que tienen que ver con servicios públicos: agua, salud y educación, originados desde el Ejecutivo.
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Algunas municipalidades tendrán la facultad de estructurar y aprobar contratos de APP con la autorización del Consejo y la ANI. “Les damos autonomía y facultad para celebrar sus propios convenios”, menciona el diputado.
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No obstante, esto aplicará solo a aquellas que tengan una categoría “media”. Es decir, que reciban aportes constitucionales y sus presupuestos estén por encima del rango de GTQ 30 o 40M anuales.
Ecos regionales. Infraescopio, un indicador sobre las condiciones para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada, coloca a Guatemala en la posición 11 de 26 a nivel latinoamericano y tercera subregional.
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“Su lugar se atribuye a que tiene fortalezas en gestión de riesgos y evaluación de proyectos. Pero, como otros países de Centroamérica, tiene retos pendientes para preparar y ejecutar un programa de APP”, explica Federico Villalobos, economista costarricense y especialista en infraestructura.
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Brasil, Chile, Colombia y Uruguay se posicionan como líderes. Un determinante es que sus proyectos bajo esta modalidad se mantienen independientemente del gobierno de turno. La fortaleza institucional es importante.
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En Guatemala, las reformas podrían incidir en una mejora. “Crear fondos de preinversión para estudios de factibilidad y estructuración permite que proyectos de esta naturaleza se materialicen. Esto mejoraría los niveles del ranking”, agrega Villalobos.
En conclusión. El debate en la Comisión de Economía en torno a las reformas de la “Ley de ANADIE” augura un notable consenso multipartidario. La entrega del dictamen a Dirección Legislativa fue un paso positivo. Podría facilitar su avance y aprobación en el pleno en los próximos meses. Hay motivos para ser optimistas. Pero sin olvidar que este “último eslabón” en la agenda económica quedará en manos de 160 diputados.
El dictamen favorable a reformas esenciales a la “Ley de ANADIE” marca un paso significativo hacia la atracción de inversión. Estas modificaciones buscan revitalizar las Alianzas Público-Privadas (APP). Este jueves puede ser clave: la discusión en primer debate de la iniciativa 6433 se agendó en la sexta sesión extraordinaria del Congreso.
Por qué importa. La Comisión de Economía y Comercio Exterior ha aprobado este año seis dictámenes favorables. Dos —Infraestructura Vial Prioritaria y de Competencia— ya son decretos. El gran pendiente legislativo en materia económica son las reformas a la “Ley de ANADIE”.
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Su aprobación complementa el paquete de leyes para lograr, eventualmente, atracción de inversión —nacional y extranjera— y generación de empleo. Sería otro “empujón” para dinamizar las APP en el país.
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Bajo esa narrativa económica, el diputado y presidente de la Comisión, Jorge Ayala, opina que no mejorarán las condiciones de vida de los guatemaltecos sin IED. Las APP resplandecen en el firmamento de los modelos de atracción.
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En 14 años, bajo las condiciones actuales del Decreto 16-2010, únicamente se aprobó un proyecto bajo esta modalidad. Hasta ahora no se ejecuta. “Con las modificaciones, creo que podemos empezar a tener mejores niveles de atracción de inversión extranjera”, opina el diputado del partido VALOR.
Entre líneas. Una de las modificaciones de forma más evidentes son los cambios de nombre de la Agencia y el Consejo. Pasarán a llamarse “Agencia Nacional de Infraestructura” (ANI) y “Consejo Nacional de Infraestructura”.
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A su vez, la conformación de su Directorio se simplifica y equilibra. Se conserva la representación del CACIF y la Cámara de la Construcción. Pero se elimina al MEM y SEGEPLAN para evitar posibles sesgos, por ser “jueces y parte”.
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El artículo 29 establece el presupuesto de la ANI y crea un fondo de capital privativo —con cuatro cuentas específicas— para preinversión, adquisición de derechos de vía y garantías de las iniciativas de proyectos.
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“En el Presupuesto de 2025 se prevé un aumento de fondos para la Agencia. Se busca capitalizar con un significativo monto para financiar estudios de prefactibilidad. Esto permitirá al sector público y privado presentar proyectos”, explica Ayala.
En el radar. Acelerar la aprobación y forma de los contratos de la alianza fue uno de los puntos de discusión más relevantes en la reforma. Ahora no todos los procesos de contratos deben pasar por el Congreso, dando lugar a que las municipalidades entren en la ecuación.
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Anteriormente, se asumía que todo contrato era una concesión o contratación de servicio público; esto obligaba a que el único filtro fuera el Legislativo. Con la reforma, solo se conocerán aquellos que tienen que ver con servicios públicos: agua, salud y educación, originados desde el Ejecutivo.
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Algunas municipalidades tendrán la facultad de estructurar y aprobar contratos de APP con la autorización del Consejo y la ANI. “Les damos autonomía y facultad para celebrar sus propios convenios”, menciona el diputado.
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No obstante, esto aplicará solo a aquellas que tengan una categoría “media”. Es decir, que reciban aportes constitucionales y sus presupuestos estén por encima del rango de GTQ 30 o 40M anuales.
Ecos regionales. Infraescopio, un indicador sobre las condiciones para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada, coloca a Guatemala en la posición 11 de 26 a nivel latinoamericano y tercera subregional.
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“Su lugar se atribuye a que tiene fortalezas en gestión de riesgos y evaluación de proyectos. Pero, como otros países de Centroamérica, tiene retos pendientes para preparar y ejecutar un programa de APP”, explica Federico Villalobos, economista costarricense y especialista en infraestructura.
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Brasil, Chile, Colombia y Uruguay se posicionan como líderes. Un determinante es que sus proyectos bajo esta modalidad se mantienen independientemente del gobierno de turno. La fortaleza institucional es importante.
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En Guatemala, las reformas podrían incidir en una mejora. “Crear fondos de preinversión para estudios de factibilidad y estructuración permite que proyectos de esta naturaleza se materialicen. Esto mejoraría los niveles del ranking”, agrega Villalobos.
En conclusión. El debate en la Comisión de Economía en torno a las reformas de la “Ley de ANADIE” augura un notable consenso multipartidario. La entrega del dictamen a Dirección Legislativa fue un paso positivo. Podría facilitar su avance y aprobación en el pleno en los próximos meses. Hay motivos para ser optimistas. Pero sin olvidar que este “último eslabón” en la agenda económica quedará en manos de 160 diputados.