EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El diseño de la licitación PEG-5 podría cambiar en los siguientes días debido a la solicitud formal de las distribuidoras y de los interesados de participar en el proceso.
En perspectiva. Aunque se reconoce la importancia de incorporar gas natural como transición, el sector renovable cuestiona las condiciones técnicas planteadas.
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Estos generadores ya solicitaron cambios específicos a las bases para evitar efectos que consideran no deseados en tarifa, eficiencia y sostenibilidad.
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Los planteamientos se hicieron a las autoridades de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y las distribuidoras.
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A este sector también se han sumado empresas que consideran necesario llevar a cabo algunos cambios. Incluso, mencionan posibles ilegalidades, tal como están planteadas las bases de licitación.
Visto y no visto. La licitación PEG-5 plantea un bloque fijo de 700 MW que favorecería el uso de gas natural. Si bien se reconoce su valor como combustible de transición, hay preocupación por el impacto en la matriz energética del país.
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El diseño actual no garantiza que los otros 700 MW provengan de fuentes renovables —como pide el sector—, lo que puede desviar al país de su meta de alcanzar una matriz 80 % renovable.
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Según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), incluir tecnologías “inflexibles” podría marginar inversiones ya instaladas, como hidroeléctricas y plantas solares, lo que también afectaría los precios al usuario final.
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Mientras que otras voces piden mayor claridad —sin dar pormenores— para que la nueva generación llegue al país, y se alejan del tema de cuotas.
Punto de fricción. Uno de los principales cuestionamientos es que las bases no establecen criterios técnicos claros sobre la tecnología de generación a utilizar con gas natural, lo que abre la puerta a modelos ineficientes, según el cuestionamiento.
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Si se adjudica a plantas de ciclo combinado, que son inflexibles, habría que mantenerlas operando, incluso sin necesidad, provocando sobrecostes, alertan.
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El gas natural, aunque más limpio que el carbón, sigue siendo un combustible fósil importado y sujeto a fluctuaciones geopolíticas y de precio, es otro de sus desacuerdos.
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“Tener una alta cantidad de megavatios funcionando en domingo, sin necesidad, es ineficiente y caro”, advirtió un vocero del sector de generación renovable.
Entre líneas. El debate no es solo técnico: también implica decisiones sobre el rol del Estado, el dinamismo de la inversión privada y el uso racional de los recursos naturales.
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Guatemala tiene un potencial de hasta 1000 MW en energía geotérmica, pero actualmente solo aprovecha 34 MW, debido a que están bajo “resguardo” del Estado.
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Desde la liberalización del mercado eléctrico en 1996, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), no ha invertido en generación. “Solo ha hecho mantenimientos”, señalan expertos del sector. Por tanto, no se entiende por qué no se permite la participación privada en esta generación, ahora, desaprovechada.
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El modelo más eficiente, según proponen, sería abrir concesiones de campos geotérmicos a privados, en vez de comprometer recursos públicos.
Ahora qué. El consenso entre asociaciones renovables es claro: las bases de PEG-5 deben modificarse para evitar distorsiones técnicas, tarifarias y ambientales.
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Su propuesta es establecer una cuota de renovables en el bloque flexible, o bien, exigir que las plantas de gas natural sean 100 % flexibles. También se plantea revisar el rol del INDE en la oferta energética y fomentar inversión en geotermia. “PEG-5 puede asegurar el suministro, pero si no se corrige, el precio y la sostenibilidad estarán en riesgo”, es su preocupación.
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Otro punto de vista revela diversas inconsistencias normativas que podrían vulnerar principios como legalidad, igualdad entre oferentes, neutralidad tecnológica y libre competencia. Se cuestiona la exigencia de conexión de generadores a nodos con capacidad de transmisión, responsabilidad que recae por ley en el MEM y la CNEE, no en los adjudicatarios.
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Otro debate es que la figura de la “oferta virtual” contradice los principios de publicidad y transparencia de una licitación abierta. Establecer “precios tope” o diferenciar entre plantas nuevas y existentes puede resultar discriminatorio si no está sustentado legalmente.
El diseño de la licitación PEG-5 podría cambiar en los siguientes días debido a la solicitud formal de las distribuidoras y de los interesados de participar en el proceso.
En perspectiva. Aunque se reconoce la importancia de incorporar gas natural como transición, el sector renovable cuestiona las condiciones técnicas planteadas.
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Estos generadores ya solicitaron cambios específicos a las bases para evitar efectos que consideran no deseados en tarifa, eficiencia y sostenibilidad.
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Los planteamientos se hicieron a las autoridades de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y las distribuidoras.
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A este sector también se han sumado empresas que consideran necesario llevar a cabo algunos cambios. Incluso, mencionan posibles ilegalidades, tal como están planteadas las bases de licitación.
Visto y no visto. La licitación PEG-5 plantea un bloque fijo de 700 MW que favorecería el uso de gas natural. Si bien se reconoce su valor como combustible de transición, hay preocupación por el impacto en la matriz energética del país.
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El diseño actual no garantiza que los otros 700 MW provengan de fuentes renovables —como pide el sector—, lo que puede desviar al país de su meta de alcanzar una matriz 80 % renovable.
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Según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), incluir tecnologías “inflexibles” podría marginar inversiones ya instaladas, como hidroeléctricas y plantas solares, lo que también afectaría los precios al usuario final.
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Mientras que otras voces piden mayor claridad —sin dar pormenores— para que la nueva generación llegue al país, y se alejan del tema de cuotas.
Punto de fricción. Uno de los principales cuestionamientos es que las bases no establecen criterios técnicos claros sobre la tecnología de generación a utilizar con gas natural, lo que abre la puerta a modelos ineficientes, según el cuestionamiento.
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Si se adjudica a plantas de ciclo combinado, que son inflexibles, habría que mantenerlas operando, incluso sin necesidad, provocando sobrecostes, alertan.
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El gas natural, aunque más limpio que el carbón, sigue siendo un combustible fósil importado y sujeto a fluctuaciones geopolíticas y de precio, es otro de sus desacuerdos.
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“Tener una alta cantidad de megavatios funcionando en domingo, sin necesidad, es ineficiente y caro”, advirtió un vocero del sector de generación renovable.
Entre líneas. El debate no es solo técnico: también implica decisiones sobre el rol del Estado, el dinamismo de la inversión privada y el uso racional de los recursos naturales.
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Guatemala tiene un potencial de hasta 1000 MW en energía geotérmica, pero actualmente solo aprovecha 34 MW, debido a que están bajo “resguardo” del Estado.
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Desde la liberalización del mercado eléctrico en 1996, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), no ha invertido en generación. “Solo ha hecho mantenimientos”, señalan expertos del sector. Por tanto, no se entiende por qué no se permite la participación privada en esta generación, ahora, desaprovechada.
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El modelo más eficiente, según proponen, sería abrir concesiones de campos geotérmicos a privados, en vez de comprometer recursos públicos.
Ahora qué. El consenso entre asociaciones renovables es claro: las bases de PEG-5 deben modificarse para evitar distorsiones técnicas, tarifarias y ambientales.
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Su propuesta es establecer una cuota de renovables en el bloque flexible, o bien, exigir que las plantas de gas natural sean 100 % flexibles. También se plantea revisar el rol del INDE en la oferta energética y fomentar inversión en geotermia. “PEG-5 puede asegurar el suministro, pero si no se corrige, el precio y la sostenibilidad estarán en riesgo”, es su preocupación.
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Otro punto de vista revela diversas inconsistencias normativas que podrían vulnerar principios como legalidad, igualdad entre oferentes, neutralidad tecnológica y libre competencia. Se cuestiona la exigencia de conexión de generadores a nodos con capacidad de transmisión, responsabilidad que recae por ley en el MEM y la CNEE, no en los adjudicatarios.
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Otro debate es que la figura de la “oferta virtual” contradice los principios de publicidad y transparencia de una licitación abierta. Establecer “precios tope” o diferenciar entre plantas nuevas y existentes puede resultar discriminatorio si no está sustentado legalmente.
