EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Además de la anulación por usufructo, el interventor de TCQ Alexander Aizenstatd recomendó la reparación millonaria de US$43.2 millones divididos en dos pagos: US$32.7 en un solo pago y US$10.5 millones en proyectos de desarrollo a la empresa APM Terminals.
Recalcó el interventor que esta una medida cautelar antes de la solicitud de extinción de dominio. Aizentatd, quien fue nombrado hace un mes y medio, expresó que TCQ tiene una deuda de US$126 millones.
“Está en operación mínima y necesita de una inversión importante y cuenta con 70 empleados; está adecuadamente construida y lista para operar”, dijo.
Por otro lado, la situación económica es crítica ya que no tiene ingresos. “Las deudas superan por mucho la inversión y si no se le da mantenimiento se puede perder toda la maquinaria. Necesitaría una inversión de US$18 millones para que inicie operaciones y US$21 para el año siguiente. TCQ generaría ganancias hasta dentro de 8 o 9 años”, expresó el interventor.
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La deuda de TCQ asciende a US$126.5 millones y ya se han empezado a pagar intereses y sin los créditos la deuda llega a US$180 millones. La terminal solo tiene US$50 millones de capital y deudas de construcción por US$8 millones y maquinaria por US$9 millones.
“Este podría ser un negocio viable a largo plazo, ya que se necesita operar con más personas, no solo con 70. Tiene dos grúas principales nuevas que cuestan US$8 millones que, según le informaron, son las mejores del mundo. Los activos de la empresa están en un fideicomiso de garantía (están hipotecados) y los bancos podrían hacerse de ellos como calidad de pago”, expresó.
El interventor remarcó que si se quiere hacer un contrato con APM, tendrá que ser en calidad de licitación y la misma tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Además debe incluir varias cláusulas en las que se incluye un plazo de 21 meses y una prórroga por 50 años. El actual era de 25 años.
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Todo el equipo será del Estado al concluir el contrato, ya que en el presente convenio no quedó así. Instalación de un equipo de Rayos X, con un costo de US$6.5 millones, que lo tiene que pagar APM para mejorar transparencia y vigilancia.
Se agregaría una cláusula de ética y corrupción. Renuncia a cualquier reclamo nacional e internacional contra el Estado de Guatemala y deberá ser aprobado por el Congreso.
Si se continúa con la anulación legal, esto tomaría hasta tres años, por lo cual recomienda una recesión del contrato y sustituirlo con un nuevo contrato de concesión con APM.
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Finalizó Aizentatd que con esto se da un mensaje de no tolerancia a la corrupción. El abogado espera que APM responda esta semana o más tardar la otra.
Además de la anulación por usufructo, el interventor de TCQ Alexander Aizenstatd recomendó la reparación millonaria de US$43.2 millones divididos en dos pagos: US$32.7 en un solo pago y US$10.5 millones en proyectos de desarrollo a la empresa APM Terminals.
Recalcó el interventor que esta una medida cautelar antes de la solicitud de extinción de dominio. Aizentatd, quien fue nombrado hace un mes y medio, expresó que TCQ tiene una deuda de US$126 millones.
“Está en operación mínima y necesita de una inversión importante y cuenta con 70 empleados; está adecuadamente construida y lista para operar”, dijo.
Por otro lado, la situación económica es crítica ya que no tiene ingresos. “Las deudas superan por mucho la inversión y si no se le da mantenimiento se puede perder toda la maquinaria. Necesitaría una inversión de US$18 millones para que inicie operaciones y US$21 para el año siguiente. TCQ generaría ganancias hasta dentro de 8 o 9 años”, expresó el interventor.
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La deuda de TCQ asciende a US$126.5 millones y ya se han empezado a pagar intereses y sin los créditos la deuda llega a US$180 millones. La terminal solo tiene US$50 millones de capital y deudas de construcción por US$8 millones y maquinaria por US$9 millones.
“Este podría ser un negocio viable a largo plazo, ya que se necesita operar con más personas, no solo con 70. Tiene dos grúas principales nuevas que cuestan US$8 millones que, según le informaron, son las mejores del mundo. Los activos de la empresa están en un fideicomiso de garantía (están hipotecados) y los bancos podrían hacerse de ellos como calidad de pago”, expresó.
El interventor remarcó que si se quiere hacer un contrato con APM, tendrá que ser en calidad de licitación y la misma tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Además debe incluir varias cláusulas en las que se incluye un plazo de 21 meses y una prórroga por 50 años. El actual era de 25 años.
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Todo el equipo será del Estado al concluir el contrato, ya que en el presente convenio no quedó así. Instalación de un equipo de Rayos X, con un costo de US$6.5 millones, que lo tiene que pagar APM para mejorar transparencia y vigilancia.
Se agregaría una cláusula de ética y corrupción. Renuncia a cualquier reclamo nacional e internacional contra el Estado de Guatemala y deberá ser aprobado por el Congreso.
Si se continúa con la anulación legal, esto tomaría hasta tres años, por lo cual recomienda una recesión del contrato y sustituirlo con un nuevo contrato de concesión con APM.
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Finalizó Aizentatd que con esto se da un mensaje de no tolerancia a la corrupción. El abogado espera que APM responda esta semana o más tardar la otra.
