Certeza jurídica para la inversiones es fundamental en el Estado de Derecho para el mantenimiento de empleos es lo que solicita el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, (CACIF).
El sector empresarial pide que se respeten garantías de primer orden como: irretroactividad de la ley, seguridad jurídica y respeto y protección a los derechos legítimamente adquiridos de acuerdo con las leyes del país, así como la libertad de industria y comercio.
Solicitan al Estado de Guatemala que se respete al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y que debe ser usado como una oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas del país entero.
CACIF sostiene que este convenio no debe ser mal interpretado y usado como una plataforma de conflictividad que confunde las comunidades y evita la inversión y la generación de oportunidades para los guatemaltecos.
El proceso de diálogo de buena fe que el convenio establecer en la consulta debe ser llevado a cabo con responsabilidad y de acuerdo con una reglamentación clara para el gobierno.
Mientras no se emita un reglamento del Convenio 169, los fallos judiciales relacionados con este tema no suspendan las actividades económicas y los distintos proyectos en operación.
Certeza jurídica para la inversiones es fundamental en el Estado de Derecho para el mantenimiento de empleos es lo que solicita el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, (CACIF).
El sector empresarial pide que se respeten garantías de primer orden como: irretroactividad de la ley, seguridad jurídica y respeto y protección a los derechos legítimamente adquiridos de acuerdo con las leyes del país, así como la libertad de industria y comercio.
Solicitan al Estado de Guatemala que se respete al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y que debe ser usado como una oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas del país entero.
CACIF sostiene que este convenio no debe ser mal interpretado y usado como una plataforma de conflictividad que confunde las comunidades y evita la inversión y la generación de oportunidades para los guatemaltecos.
El proceso de diálogo de buena fe que el convenio establecer en la consulta debe ser llevado a cabo con responsabilidad y de acuerdo con una reglamentación clara para el gobierno.
Mientras no se emita un reglamento del Convenio 169, los fallos judiciales relacionados con este tema no suspendan las actividades económicas y los distintos proyectos en operación.