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CC conoce impugnaciones de Ley de Tarjetas de Crédito

Allan Martinez
12 de mayo, 2016

Este jueves se realizó una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para conocer las impugnaciones a al decreto 7-2015 o Ley de Tarjetas de Crédito, ya que según las entidades hay errores de procedimiento y de contenido en cuanto a la aprobación de la normativa por parte del Congreso.

Representantes de CACIF, Asociación de Banqueros de Guatemala (ABG), Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y abogados particulares, expusieron sus argumentos al pleno de magistrados.

Plantearon por ejemplo, supuestos vicios que hubo en el proceso de aprobación y ocho artículos que violan el derecho de igualdad de los futuros tarjetahabientes y de emisores, así como la libertad de acción y la libertad de contratación en el comercio y la industria.

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La Corte de Constitucionalidad tendrá 20 días hábiles a partir de hoy, para resolver.

Para el presidente del CACIF, José Gonzalez Campo, es importante tener una normativa que defienda los derechos del consumidor y de los emisores. Una ley que vaya en esa línea; sin embargo, esa iniciativa debe incluir los argumentos técnicos “sólidos” y “que sea aprobada de la forma correcta” y con mayoría necesaria en el Legislativo.

Gonzalez agregó que el decreto 7-2015 tiene cosas “rescatables” como la información que se le da al usuario para que sepa sus derechos y obligaciones, que la gente tenga capacidades de consumo y la regulación de abusos y acosos.

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Representantes de CACIF, Asociación de Banqueros de Guatemala (ABG), Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y abogados particulares, expusieron sus argumentos al pleno de magistrados.

Plantearon por ejemplo, supuestos vicios que hubo en el proceso de aprobación y ocho artículos que violan el derecho de igualdad de los futuros tarjetahabientes y de emisores, así como la libertad de acción y la libertad de contratación en el comercio y la industria.

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Para el presidente del CACIF, José Gonzalez Campo, es importante tener una normativa que defienda los derechos del consumidor y de los emisores. Una ley que vaya en esa línea; sin embargo, esa iniciativa debe incluir los argumentos técnicos “sólidos” y “que sea aprobada de la forma correcta” y con mayoría necesaria en el Legislativo.

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