EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, expresó su sorpresa y enojo por las supuestas irregularidades en un proyecto portuario Terminal e Contenedores Quetzal, un caso con el que se vincula al encarcelado expresidente Otto Pérez.
“Claramente es un tema que no solo nos ha sorprendido y enojado, sino que es algo que nadie sabía y nadie tenía información sobre de ello”, dijo el gerente para infraestructura en América Latina de la IFC, el argentino Gabriel Goldschmidt.
“Compartimos esa mezcla de sorpresa y enojo de toda la gente de Guatemala, hay mucha molestia, mucha preocupación en caso de que esto se compruebe es algo grave”, insistió.
Goldschmidt reconoció que la entidad otorgó un crédito por 61,3 millones de dólares a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), así como una inversión de capital adicional de 7,7 millones de dólares por una participación accionaria del 15%.
La TCQ y el gobierno de Guatemala fimaron en 2012 un contrato para la administración del Puerto Quetzal, unos 100 km al sur de la capital, sobre el Pacífico, en medio de señalamientos sobre irregularidades.
“IFC tiene la posibilidad de proveer deuda como de comprar acciones en empresas y en este caso se evaluó esa posibilidad y se decidió tomar una participación accionaria minoritaria”, aseguró.
Asimismo, el ejecutivo de IFC comentó que el organismo trabaja bajo “cero tolerancia a la corrupción, a lo ilegal y a cualquier actitud que salga de las prácticas legales”.
“Incluso tenemos en ese contexto una unidad que investiga cada vez que hay sospechas de prácticas sancionables o ilegales en nuestros proyectos”, agregó.
“Somos respetuosos de los procesos legales en Guatemala que están empezando, por el momento sólo son acusaciones y lo estaremos viendo de cerca y lo vamos a observar”, puntualizó.
El viernes de la semana pasada la Fiscalía y una comisión de la ONU que colabora en el fortalecimiento de la justicia en Guatemala, revelaron que Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión, facilitaron la firma del usufructo por 25 años prorrogables de forma irregular.
El contrato, según esa versión, incluyue una comisión de 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales, según la investigación.
Pérez y Baldetti, que renunciaron a sus cargos en setiembre y mayo de 2015 respectivamente, se encuentran en prisión preventiva acusados de encabezar una estructura de defraudación en las aduanas denominada La Línea.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, expresó su sorpresa y enojo por las supuestas irregularidades en un proyecto portuario Terminal e Contenedores Quetzal, un caso con el que se vincula al encarcelado expresidente Otto Pérez.
“Claramente es un tema que no solo nos ha sorprendido y enojado, sino que es algo que nadie sabía y nadie tenía información sobre de ello”, dijo el gerente para infraestructura en América Latina de la IFC, el argentino Gabriel Goldschmidt.
“Compartimos esa mezcla de sorpresa y enojo de toda la gente de Guatemala, hay mucha molestia, mucha preocupación en caso de que esto se compruebe es algo grave”, insistió.
Goldschmidt reconoció que la entidad otorgó un crédito por 61,3 millones de dólares a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), así como una inversión de capital adicional de 7,7 millones de dólares por una participación accionaria del 15%.
La TCQ y el gobierno de Guatemala fimaron en 2012 un contrato para la administración del Puerto Quetzal, unos 100 km al sur de la capital, sobre el Pacífico, en medio de señalamientos sobre irregularidades.
“IFC tiene la posibilidad de proveer deuda como de comprar acciones en empresas y en este caso se evaluó esa posibilidad y se decidió tomar una participación accionaria minoritaria”, aseguró.
Asimismo, el ejecutivo de IFC comentó que el organismo trabaja bajo “cero tolerancia a la corrupción, a lo ilegal y a cualquier actitud que salga de las prácticas legales”.
“Incluso tenemos en ese contexto una unidad que investiga cada vez que hay sospechas de prácticas sancionables o ilegales en nuestros proyectos”, agregó.
“Somos respetuosos de los procesos legales en Guatemala que están empezando, por el momento sólo son acusaciones y lo estaremos viendo de cerca y lo vamos a observar”, puntualizó.
El viernes de la semana pasada la Fiscalía y una comisión de la ONU que colabora en el fortalecimiento de la justicia en Guatemala, revelaron que Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión, facilitaron la firma del usufructo por 25 años prorrogables de forma irregular.
El contrato, según esa versión, incluyue una comisión de 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales, según la investigación.
Pérez y Baldetti, que renunciaron a sus cargos en setiembre y mayo de 2015 respectivamente, se encuentran en prisión preventiva acusados de encabezar una estructura de defraudación en las aduanas denominada La Línea.
