EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La versión final de las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fueron presentadas junto con una propuesta de hoja de ruta para lograr una administración tributaria efectiva, a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.
El proyecto, remitido por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, recopilan datos, documentos y puntos de vista de diferentes sectores de la sociedad, que permitieron diagnosticar la situación de la Superintendencia de Administración Tributaria.
“El Instituto destacó que uno de los principales problemas que enfrenta el ente recaudador es la disfuncionalidad de su modelo de gobernabilidad interna, en el cual el Directorio, una de las autoridades superiores de la SAT, ha demostrado ser un ente inefectivo y con conflictos de interés”.
El proyecto también resalta el incumplimiento del mandato legal de la institución por velar por el buen desempeño de la institución. “No rinde cuentas y no asume responsabilidad por los escándalos de corrupción recientes y de años anteriores”, explica el informe.
El Icefi enfatizó que mientras superintendentes, intendentes y varios empleados de la SAT pagan con cárcel su responsabilidad en los hechos delictivos cometidos, los integrantes del Directorio niegan conocimiento y responsabilidad alguna.
Por estas razones, propone cambios a la Ley Orgánica de la SAT, que de ser aprobados por el Legislativo, reemplazarían el Directorio por un nuevo Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, órgano colegiado que se encargaría exclusivamente de resolver recursos administrativos, con responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
Cambios en el corazón de la SAT
El Instituto explicó que la supresión del Directorio incrementará la coordinación de la política fiscal, al fortalecer el rol del Ministerio de Finanzas y clarificar la autoridad y las atribuciones del Superintendente. Se mantiene el carácter descentralizado de la SAT, pero se corrige la jerarquía interna y se llenan los vacíos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En ese sentido, la propuesta contempla varias medidas, que se especifica serán responsabilidad directa del Superintendente, incluyendo la publicación de documentos, estudios, evaluaciones periódicas del cumplimiento de las metas de recaudación y la reducción de la evasión, entre otros.
No más discrecionalidad
El Icefi propone además acciones para transparentar la gestión de la SAT, como la supresión de la discrecionalidad en las compras y contrataciones, recuperar el plan de carrera, publicidad de las declaraciones patrimoniales y una nueva declaración de carencia de conflicto de interés.
Se restringe la delegación de funciones, con lo cual se evitarían escándalos como el intento de contratación de la empresas externas o garantías para que la administración, tenencia y almacenamiento de bases de datos no se delegue a actores privados.
Icefi insistió en la necesidad de regular el secreto bancario para fines de control tributario y fiscalización, con garantías estrictas de confidencialidad e integridad de la información. Propuso también agregar al Código Tributario los derechos de los contribuyentes, entre los que destacan, el derecho a la defensa y al debido proceso, así como la confidencialidad de datos protegidos por la Constitución y las leyes vigentes.
Asimismo, sugiere trasladar el registro de la propiedad de los vehículos al Registro General de la Propiedad, y de esa forma, liberar a la SAT de una carga administrativa onerosa, alejada de sus funciones sustantivas y un foco recurrente de corrupción.
Finalmente, el Icefi recordó que la aprobación de estas reformas a la Ley Orgánica es una medida necesaria, pero insuficiente para la recuperación plena de la SAT.
Se requieren además de la reforma legislativa voluntad política del gobierno de turno, compromiso y trabajo activo del Ministerio de Finanzas, Congreso de la República y la sociedad civil, reformas de otros cuerpos legales y las medidas administrativas propuestas en el documento presentado por el Icefi, cuya implementación se puede avanzar sin necesidad de reforma legal.
Pero sobre todo, tomar conciencia que sin una administración tributaria honesta y eficaz, el contrato social permanecerá vulnerable en Guatemala, comprometiendo el financiamiento de cualquier agenda legítima de desarrollo.
La versión final de las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fueron presentadas junto con una propuesta de hoja de ruta para lograr una administración tributaria efectiva, a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.
El proyecto, remitido por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, recopilan datos, documentos y puntos de vista de diferentes sectores de la sociedad, que permitieron diagnosticar la situación de la Superintendencia de Administración Tributaria.
“El Instituto destacó que uno de los principales problemas que enfrenta el ente recaudador es la disfuncionalidad de su modelo de gobernabilidad interna, en el cual el Directorio, una de las autoridades superiores de la SAT, ha demostrado ser un ente inefectivo y con conflictos de interés”.
El proyecto también resalta el incumplimiento del mandato legal de la institución por velar por el buen desempeño de la institución. “No rinde cuentas y no asume responsabilidad por los escándalos de corrupción recientes y de años anteriores”, explica el informe.
El Icefi enfatizó que mientras superintendentes, intendentes y varios empleados de la SAT pagan con cárcel su responsabilidad en los hechos delictivos cometidos, los integrantes del Directorio niegan conocimiento y responsabilidad alguna.
Por estas razones, propone cambios a la Ley Orgánica de la SAT, que de ser aprobados por el Legislativo, reemplazarían el Directorio por un nuevo Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, órgano colegiado que se encargaría exclusivamente de resolver recursos administrativos, con responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
Cambios en el corazón de la SAT
El Instituto explicó que la supresión del Directorio incrementará la coordinación de la política fiscal, al fortalecer el rol del Ministerio de Finanzas y clarificar la autoridad y las atribuciones del Superintendente. Se mantiene el carácter descentralizado de la SAT, pero se corrige la jerarquía interna y se llenan los vacíos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En ese sentido, la propuesta contempla varias medidas, que se especifica serán responsabilidad directa del Superintendente, incluyendo la publicación de documentos, estudios, evaluaciones periódicas del cumplimiento de las metas de recaudación y la reducción de la evasión, entre otros.
No más discrecionalidad
El Icefi propone además acciones para transparentar la gestión de la SAT, como la supresión de la discrecionalidad en las compras y contrataciones, recuperar el plan de carrera, publicidad de las declaraciones patrimoniales y una nueva declaración de carencia de conflicto de interés.
Se restringe la delegación de funciones, con lo cual se evitarían escándalos como el intento de contratación de la empresas externas o garantías para que la administración, tenencia y almacenamiento de bases de datos no se delegue a actores privados.
Icefi insistió en la necesidad de regular el secreto bancario para fines de control tributario y fiscalización, con garantías estrictas de confidencialidad e integridad de la información. Propuso también agregar al Código Tributario los derechos de los contribuyentes, entre los que destacan, el derecho a la defensa y al debido proceso, así como la confidencialidad de datos protegidos por la Constitución y las leyes vigentes.
Asimismo, sugiere trasladar el registro de la propiedad de los vehículos al Registro General de la Propiedad, y de esa forma, liberar a la SAT de una carga administrativa onerosa, alejada de sus funciones sustantivas y un foco recurrente de corrupción.
Finalmente, el Icefi recordó que la aprobación de estas reformas a la Ley Orgánica es una medida necesaria, pero insuficiente para la recuperación plena de la SAT.
Se requieren además de la reforma legislativa voluntad política del gobierno de turno, compromiso y trabajo activo del Ministerio de Finanzas, Congreso de la República y la sociedad civil, reformas de otros cuerpos legales y las medidas administrativas propuestas en el documento presentado por el Icefi, cuya implementación se puede avanzar sin necesidad de reforma legal.
Pero sobre todo, tomar conciencia que sin una administración tributaria honesta y eficaz, el contrato social permanecerá vulnerable en Guatemala, comprometiendo el financiamiento de cualquier agenda legítima de desarrollo.
