EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Mucho se ha hablado acerca del desastre ecológico ocurrido en el Río La Pasión, en Petén. Sin que se haya realizado todavía el juicio se culpa a la empresa Repsa por lo ocurrido, pero no sólo tendrá consecuencias dicha empresa sino en sus colaboradores, sobre todo por el cierre que implica que no pueden funcionar, ni siquiera pueden acceder a sus instalaciones.
El abogado de la empresa José Quezada señala que lo actuado no es legal pues no existe una medida precautoria de cierre de empresa en materia del tema ambiental. “Esto ocurre salvo que sea sumamente evidente que está contaminando en ese momento o en el futuro cercano y con el cierre se puede evitar”, explica. Considera que fue una decisión que no se meditó ni se midieron sus consecuencias.
El cierre no es justificado, según el profesional, porque se lleva a cabo cuatro meses después de los hechos. Es más, el cierre provoca más daños ambientales. “El fruto de la palma africana se pudre y estamos hablando de muchísimas caballerías donde están sembrados. Esa putrefacción podría generar es a su vez otro peligro ambiental y para la salud, se estarían viendo plagas”, refiere.
Una situación difícil es la que viven los 4,733 trabajadores y sus familias pues aunque la empresa quisiera seguir pagándoles sus salarios pero por orden del juez no se puede. “Si la empresa no puede seguir con su producción, ventas y exportación está incapacitada de seguir su marcha normal. Eso significa que más 23 mil personas no tendrán su sustento directo en los próximos meses”, agrega.
El cierre persiste a pesar que ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dijo que la capacidad de resiliencia o recuperación del río que es muy rápida ya ocurrió y está recuperado. Por otro lado, las causas del desastre no se han establecido oficialmente, pero entidades serias han dicho que tienen que ver con la cantidad de lluvia que ocurrió en abril, lo cual ha sucedido en otros países del mundo.
“Ya presentamos una impugnación a la decisión de cierre y existe la posibilidad que eso se revierta. Para obtener muestras e investigar no era necesario ese extremo, desde un inicio colaboramos con la investigación”, dice. Se refiere a que ya se hicieron análisis por parte del Ministerio de Ambiente, Universidad de San Carlos, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, EPA de Estados Unidos, Ministerio Público, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que no necesitaron solicitud de allanamiento ni cierre.
Un problema que ve Quezada es que no los han dejado defenderse adecuadamente porque no son parte en el proceso todavía. La decisión de cerrar la empresa por seis meses podría hacerla quebrar, cuando según Quezada ha sido una empresa que ha cumplido con todos los requisitos que manda la ley para funcionar. “Hay que tomar en cuenta que Repsa es la empresa más grande del Petén, las opciones que tienen las personas para trabajar son pocas”, asegura.
Otro punto negativo es que las inversiones en Guatemala podrían verse afectadas debido a este tipo de incidentes. El abogado señala además que por medio de su Responsabilidad Social Empresarial han apoyado a lo largo de los años a la comunidad en sus necesidades más importantes. De esa cuenta, tienen una buena relación con las personas que viven en los alrededores. “Sería bueno que los medios hablaran no solamente con los ambientalistas”, considera.
Por el contrario, por la desinformación consideran que incluso hay boicot comercial cuando el hecho ni siquiera ha sido investigado ni juzgado, mucho menos condenado.
Mucho se ha hablado acerca del desastre ecológico ocurrido en el Río La Pasión, en Petén. Sin que se haya realizado todavía el juicio se culpa a la empresa Repsa por lo ocurrido, pero no sólo tendrá consecuencias dicha empresa sino en sus colaboradores, sobre todo por el cierre que implica que no pueden funcionar, ni siquiera pueden acceder a sus instalaciones.
El abogado de la empresa José Quezada señala que lo actuado no es legal pues no existe una medida precautoria de cierre de empresa en materia del tema ambiental. “Esto ocurre salvo que sea sumamente evidente que está contaminando en ese momento o en el futuro cercano y con el cierre se puede evitar”, explica. Considera que fue una decisión que no se meditó ni se midieron sus consecuencias.
El cierre no es justificado, según el profesional, porque se lleva a cabo cuatro meses después de los hechos. Es más, el cierre provoca más daños ambientales. “El fruto de la palma africana se pudre y estamos hablando de muchísimas caballerías donde están sembrados. Esa putrefacción podría generar es a su vez otro peligro ambiental y para la salud, se estarían viendo plagas”, refiere.
Una situación difícil es la que viven los 4,733 trabajadores y sus familias pues aunque la empresa quisiera seguir pagándoles sus salarios pero por orden del juez no se puede. “Si la empresa no puede seguir con su producción, ventas y exportación está incapacitada de seguir su marcha normal. Eso significa que más 23 mil personas no tendrán su sustento directo en los próximos meses”, agrega.
El cierre persiste a pesar que ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dijo que la capacidad de resiliencia o recuperación del río que es muy rápida ya ocurrió y está recuperado. Por otro lado, las causas del desastre no se han establecido oficialmente, pero entidades serias han dicho que tienen que ver con la cantidad de lluvia que ocurrió en abril, lo cual ha sucedido en otros países del mundo.
“Ya presentamos una impugnación a la decisión de cierre y existe la posibilidad que eso se revierta. Para obtener muestras e investigar no era necesario ese extremo, desde un inicio colaboramos con la investigación”, dice. Se refiere a que ya se hicieron análisis por parte del Ministerio de Ambiente, Universidad de San Carlos, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, EPA de Estados Unidos, Ministerio Público, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que no necesitaron solicitud de allanamiento ni cierre.
Un problema que ve Quezada es que no los han dejado defenderse adecuadamente porque no son parte en el proceso todavía. La decisión de cerrar la empresa por seis meses podría hacerla quebrar, cuando según Quezada ha sido una empresa que ha cumplido con todos los requisitos que manda la ley para funcionar. “Hay que tomar en cuenta que Repsa es la empresa más grande del Petén, las opciones que tienen las personas para trabajar son pocas”, asegura.
Otro punto negativo es que las inversiones en Guatemala podrían verse afectadas debido a este tipo de incidentes. El abogado señala además que por medio de su Responsabilidad Social Empresarial han apoyado a lo largo de los años a la comunidad en sus necesidades más importantes. De esa cuenta, tienen una buena relación con las personas que viven en los alrededores. “Sería bueno que los medios hablaran no solamente con los ambientalistas”, considera.
Por el contrario, por la desinformación consideran que incluso hay boicot comercial cuando el hecho ni siquiera ha sido investigado ni juzgado, mucho menos condenado.
