EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La investigadora Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Irene Flores, dijo que en la etapa de formulación presupuestaria existe una excesiva rigidez. “El presupuesto general de ingresos y egresos de este año tiene comprometido un 99% de los ingresos tributarios. Esto limita la capacidad del gobierno para implementar planes y políticas”, refirió.
Agregó que esto se ve agravado por los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se negocian prácticamente sin tomar en cuenta su impacto financiero.
Por otra parte, en la etapa de ejecución del gasto resaltan problemas relacionados con el manejo discrecional de los fondos, esto anula cualquier tipo de planificación previa pues las distintas instituciones realizan modificaciones a sus propios planes de presupuesto y transfieren recursos a otros programas u otras instituciones, lo cual a veces implica ampliaciones presupuestarias.
Flores añadió que un desafío adicional es el uso político que se hace de la Comisión para la Ejecución Presupuestaria, la cual es la encargada de la asignación de las cuotas financieras.
La investigadora añadió que los procesos de adquisición, contratación y ejecución de contratos son excesivamente lentos. Un proceso de licitación requiere, en promedio, 7 meses para ejecutarse mientras que una contratación directa de bienes requiere de 16 días en promedio. “La lentitud de los procesos de licitación explica el uso de la compra directa como método de adquisición y las declaratorias de emergencia para hacer compras en estado de excepción”, explicó.
Dijo además que existe desorden en el registro contable y algunas obligaciones financieras pasan de un año a otro, lo que implica que no toda deuda se traslade ordenadamente al siguiente ejercicio fiscal en el proceso de formulación, de donde surge la deuda flotante.
En la etapa de seguimiento y evaluación, lo investigado destaca que la fiscalización y auditorías de los órganos de control tienen un énfasis transaccional, enfocado en el cumplimiento de normas más que en el logro de resultados concretos y de la eficiencia y eficacia del gasto público.
Lo que el CIEN recomienda, para cambiar este panorama, es en primer lugar disminuir gradualmente los gastos con destinos específicos. Además, prohibir la concesión de nuevos incrementos salariales o la concesión de beneficios salariales a los empleados públicos mediante la firma de pactos colectivos.
Se debe también implementar controles en los sistemas financieros del Estado para ordenar el registro de las transacciones, mejorar la integridad y confiabilidad de la información y mejorar la calidad de los estados financieros del Estado.
Agregan que se debe continuar con la implementación definitiva de la Gestión por Resultados, mejorando la capacidad para establecer resultados con indicadores claros, medibles y específicos. Se debe diseñar e implementar sistemas de gestión institucional orientados a la reducción del del gasto. También es necesario institucionalizar metodologías de auditoría gubernamental que permitan un efectivo control de la calidad del gasto público.
La investigadora Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Irene Flores, dijo que en la etapa de formulación presupuestaria existe una excesiva rigidez. “El presupuesto general de ingresos y egresos de este año tiene comprometido un 99% de los ingresos tributarios. Esto limita la capacidad del gobierno para implementar planes y políticas”, refirió.
Agregó que esto se ve agravado por los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se negocian prácticamente sin tomar en cuenta su impacto financiero.
Por otra parte, en la etapa de ejecución del gasto resaltan problemas relacionados con el manejo discrecional de los fondos, esto anula cualquier tipo de planificación previa pues las distintas instituciones realizan modificaciones a sus propios planes de presupuesto y transfieren recursos a otros programas u otras instituciones, lo cual a veces implica ampliaciones presupuestarias.
Flores añadió que un desafío adicional es el uso político que se hace de la Comisión para la Ejecución Presupuestaria, la cual es la encargada de la asignación de las cuotas financieras.
La investigadora añadió que los procesos de adquisición, contratación y ejecución de contratos son excesivamente lentos. Un proceso de licitación requiere, en promedio, 7 meses para ejecutarse mientras que una contratación directa de bienes requiere de 16 días en promedio. “La lentitud de los procesos de licitación explica el uso de la compra directa como método de adquisición y las declaratorias de emergencia para hacer compras en estado de excepción”, explicó.
Dijo además que existe desorden en el registro contable y algunas obligaciones financieras pasan de un año a otro, lo que implica que no toda deuda se traslade ordenadamente al siguiente ejercicio fiscal en el proceso de formulación, de donde surge la deuda flotante.
En la etapa de seguimiento y evaluación, lo investigado destaca que la fiscalización y auditorías de los órganos de control tienen un énfasis transaccional, enfocado en el cumplimiento de normas más que en el logro de resultados concretos y de la eficiencia y eficacia del gasto público.
Lo que el CIEN recomienda, para cambiar este panorama, es en primer lugar disminuir gradualmente los gastos con destinos específicos. Además, prohibir la concesión de nuevos incrementos salariales o la concesión de beneficios salariales a los empleados públicos mediante la firma de pactos colectivos.
Se debe también implementar controles en los sistemas financieros del Estado para ordenar el registro de las transacciones, mejorar la integridad y confiabilidad de la información y mejorar la calidad de los estados financieros del Estado.
Agregan que se debe continuar con la implementación definitiva de la Gestión por Resultados, mejorando la capacidad para establecer resultados con indicadores claros, medibles y específicos. Se debe diseñar e implementar sistemas de gestión institucional orientados a la reducción del del gasto. También es necesario institucionalizar metodologías de auditoría gubernamental que permitan un efectivo control de la calidad del gasto público.
