EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este miércoles el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio una conferencia de prensa para dar a conocer su postura ante varios temas del acontecer nacional.
Dijeron que el sentido de hacer en la actualidad una reforma política es “atender al llamado de los guatemaltecos para poner fin a una estructura de clientelismo, corrupción y control patrimonial del Estado, que priva en el sistema de partidos políticos en Guatemala”.
Por lo anterior, consideran que toda reforma debe girar en torno a medidas específicas y concretas que aseguren la transparencia y el fortalecimiento de la democracia.
En este tema, los empresarios han propuesto reducir el número de diputados; asegurar la democracia interna de los partidos políticos, por medio del voto; el secreto en las asambleas; permitir que el ciudadano elija libremente a sus representantes en los listados nacional y distrital, sin la imposición de un listado ordenado con anterioridad por los partidos políticos; dotar al Tribunal Supremo Electoral, por medio de normas que contengan castigos efectivos y ejemplares, de la capacidad sancionatoria para hacer cumplir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Asímismo, ampliar la participación ciudadana al permitir que los comités cívicos departamentales propongan candidatos a diputados, siempre con los debidos controles legales; mejorar los controles y la fiscalización del financiamiento de partidos políticos por medio de procedimientos que, de acuerdo con la Constitución y las leyes respectivas, aseguren conocer la procedencia y destinos de los recursos públicos y privados que ingresan a los partidos políticos; y eliminar el transfuguismo en los partidos políticos.
A criterio de los agremiados, hay tres adversarios de una buena reforma política: el postergar la aprobación de los cambios a la Ley; agregar elementos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción; y poner trabas legales a su entrada en vigencia. Recurrir a estas acciones denota un interés de responder a intereses específicos o particulares, o al deseo de que la situación continúe igual, puntualizan.
CACIF indica que dados los señalamientos y conclusiones presentados en el informe de la Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en relación al financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, se hace indispensable la aprobación de una reforma profunda, que contenga normas que atiendan la necesidad de la transparencia y el saneamiento del financiamiento político en Guatemala. Consideran que los partidos políticos son los responsables de que se logre una reforma en este sentido.
Los directivos del Cacif le reiteraron al Ministerio Público y CICIG su apoyo al trabajo que han venido efectuando, así como a las personas que dirigen estas instituciones, la Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez.
Al Tribunal Supremo Electoral le pidieron que aplique con todo el rigor la normativa de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en lo relacionado a los techos de campaña, al control del financiamiento de partidos políticos y la sanción de las infracciones a las normas electorales.
A la Corte Suprema de Justicia le piden que de acuerdo con el principio de justicia pronta y cumplida, y atendiendo a su responsabilidad como magistrados, resuelva inmediatamente y de conformidad a derecho sobre el trámite de los antejuicios que han sido presentados para su conocimiento.
También le reiteran a la ciudadanía que la lucha contra la corrupción no se agota únicamente con los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y por ello es necesario continuar la demanda por cambios en las leyes de Compras y Contrataciones, Servicio Civil y de la Carrera Judicial.
“En este sentido es importante señalar de nuevo que ningún esfuerzo se ha hecho desde esta
administración para transparentar los procesos de compras y contrataciones, así como los de
adquisiciones públicas”, aseguraron.
Citaron el ejemplo de sectores como la salud y la educación, donde fondos públicos, que deberían invertirse para atender necesidades básicas, se destinan para adquisiciones y convenios poco transparentes que reflejan un alto grado de corrupción y un uso perverso de los fondos públicos.
Este miércoles el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio una conferencia de prensa para dar a conocer su postura ante varios temas del acontecer nacional.
Dijeron que el sentido de hacer en la actualidad una reforma política es “atender al llamado de los guatemaltecos para poner fin a una estructura de clientelismo, corrupción y control patrimonial del Estado, que priva en el sistema de partidos políticos en Guatemala”.
Por lo anterior, consideran que toda reforma debe girar en torno a medidas específicas y concretas que aseguren la transparencia y el fortalecimiento de la democracia.
En este tema, los empresarios han propuesto reducir el número de diputados; asegurar la democracia interna de los partidos políticos, por medio del voto; el secreto en las asambleas; permitir que el ciudadano elija libremente a sus representantes en los listados nacional y distrital, sin la imposición de un listado ordenado con anterioridad por los partidos políticos; dotar al Tribunal Supremo Electoral, por medio de normas que contengan castigos efectivos y ejemplares, de la capacidad sancionatoria para hacer cumplir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Asímismo, ampliar la participación ciudadana al permitir que los comités cívicos departamentales propongan candidatos a diputados, siempre con los debidos controles legales; mejorar los controles y la fiscalización del financiamiento de partidos políticos por medio de procedimientos que, de acuerdo con la Constitución y las leyes respectivas, aseguren conocer la procedencia y destinos de los recursos públicos y privados que ingresan a los partidos políticos; y eliminar el transfuguismo en los partidos políticos.
A criterio de los agremiados, hay tres adversarios de una buena reforma política: el postergar la aprobación de los cambios a la Ley; agregar elementos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción; y poner trabas legales a su entrada en vigencia. Recurrir a estas acciones denota un interés de responder a intereses específicos o particulares, o al deseo de que la situación continúe igual, puntualizan.
CACIF indica que dados los señalamientos y conclusiones presentados en el informe de la Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en relación al financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, se hace indispensable la aprobación de una reforma profunda, que contenga normas que atiendan la necesidad de la transparencia y el saneamiento del financiamiento político en Guatemala. Consideran que los partidos políticos son los responsables de que se logre una reforma en este sentido.
Los directivos del Cacif le reiteraron al Ministerio Público y CICIG su apoyo al trabajo que han venido efectuando, así como a las personas que dirigen estas instituciones, la Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez.
Al Tribunal Supremo Electoral le pidieron que aplique con todo el rigor la normativa de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en lo relacionado a los techos de campaña, al control del financiamiento de partidos políticos y la sanción de las infracciones a las normas electorales.
A la Corte Suprema de Justicia le piden que de acuerdo con el principio de justicia pronta y cumplida, y atendiendo a su responsabilidad como magistrados, resuelva inmediatamente y de conformidad a derecho sobre el trámite de los antejuicios que han sido presentados para su conocimiento.
También le reiteran a la ciudadanía que la lucha contra la corrupción no se agota únicamente con los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y por ello es necesario continuar la demanda por cambios en las leyes de Compras y Contrataciones, Servicio Civil y de la Carrera Judicial.
“En este sentido es importante señalar de nuevo que ningún esfuerzo se ha hecho desde esta
administración para transparentar los procesos de compras y contrataciones, así como los de
adquisiciones públicas”, aseguraron.
Citaron el ejemplo de sectores como la salud y la educación, donde fondos públicos, que deberían invertirse para atender necesidades básicas, se destinan para adquisiciones y convenios poco transparentes que reflejan un alto grado de corrupción y un uso perverso de los fondos públicos.
