EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Recientemente se lanzó el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, dentro del cual participan entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Acción Ciudadana, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). La actividad tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Salvador Paiz, vicepresidente de Fundesa, señala que para poder vencer a la corrupción, primero tenemos que entenderla. “Cuantificar el costo que representa la corrupción es fundamental para lograr ese entendimiento, así como también para poder despertar la conciencia ciudadana”, considera. Es por ello que el equipo de Fundesa se dio a la tarea de identificar distintos esquemas que permitiesen cuantificar los costos de corrupción. A continuación presentamos algunos de sus hallazgos
Paiz señala que en cuanto a la producción del país, por cada 5 puntos que empeora la percepción de corrupción en Centroamérica, la Inversión Extrajera Directa se reduce en 6.58%. Respecto a los recursos del Estado, indirectamente mayores niveles de corrupción reducen los ingresos del Estado, lo que aumenta el endeudamiento. Esto afecta a los ciudadanos porque la corrupción reduce el gasto social, no solo por pago de deuda sino por el pago de comisiones y el sobreprecio.
En Guatemala se pueden mencionar varios ejemplos que han salido muy caros, como la estafa del “agua mágica” que limpiaría el Lago de Amatitlán y que costaría Q137 millones, lo cual equivale al funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El contrato fraudulento en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el servicio de hemodiálisis ascendía a Q115 millones, lo cual representa 175 ambulancias equipadas.
Y el caso más escandaloso, el de defraudación aduanera de parte de la banda La Línea podría generar pérdidas al fisco por Q500 millones, que equivale, según Fundesa, a 6 meses de trabajo del Ministerio Público.
El estudio detalla que el fin último de cualquier esfuerzo de aumentar los niveles de inversión pública en un país a lo largo del ciclo de vida de una persona es generar mayores y mejores oportunidades. Esto se refiere no solo por los efectos que tienen en los indicadores de desarrollo humano, sino por la mayor disponibilidad de recursos que se generan para agilizar la movilidad social y así contribuir a la sociedad con recursos frescos para ayudar a otros.
¿30 años son suficientes para evaluar si fue rentable la inversión?
Para medir si la Inversión Pública fue rentable, y qué tan rentable fue, se divide el cambio en el PIB per cápita durante una generación (30 años) entre la sumatoria de la inversión pública por habitante durante el mismo periodo. La tasa de rentabilidad se estima como la contribución (%) de la inversión pública para incrementar el PIB per cápita.
Al respecto, Paiz explica que al final todo gobierno lo que busca es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. “El 10.05% representa la mejora en PIB per capita a lo largo de 30 años por cada dólar de inversión pública durante el mismo período. El dato es un poco difícil de interpretar en forma aislada. Es por ello que nuestro análisis presenta comparaciones con las tasas de retorno logradas por otros países de América Latina”, señala.
Es un mito que mayor rentabilidad se alcanza con mayor inversión pública. Paiz detalla que en América Latina existen países como Brasil, México, y Venezuela que invierten entre US$15,800 y US$27,639 per capita. Sin embargo, esa inversión no se ve reflejada en una mejor tasa de retorno sobre su inversión, ya que el retorno para estos países oscila entre 6.1% y 7.45%.
En contraste, la tasa de rentabilidad que exhibe Perú es prácticamente el triple y se ubica en 18.65% a pesar de invertir tan solo US$9,438 per capita. El líder en nuestra región es Chile, que invierte US$21,708 por ciudadano. Concluimos que ni el que más invierte ni el que menos genera un retorno de 30.63%. “Debemos aspirar, como lo hace Chile, a invertir más por ciudadano a la vez que nos aseguramos también de invertir mucho mejor”, considera Paiz.
Paiz señala que no existe una correlación significativa entre la tasa de rentabilidad y el grado de desarrollo de los países. “Inclusive, quizá podríamos afirmar que existe una ligera ventaja para los países que aún no logran el desarrollo. La evidencia demuestra que se pueden lograr períodos donde el ingreso per capita incrementa en forma dramática si los recursos estatales son invertidos según una lógica de prioridades técnicas y si se mantiene una consistencia de las políticas de desarrollo en el largo plazo”, señala.
Varios factores inciden pero uno de ellos destaca: la corrupción
“La principal variable que merma la rentabilidad de la inversión pública es la corrupción. En otras palabras, es la gran responsable por la pobre calidad de los servicios públicos y, por ende, de los inferiores resultados que hemos observado en nuestra lucha para salir de la pobreza”, explica Paiz.
Por su parte, el Icefi señala que la corrupción es un problema transversal que debe enfrentarse, y que la crisis política desatada luego de las investigaciones y capturas recientes en escándalos mayúsculos de corrupción, constituyen una coyuntura muy oportuna para buscar consensos ciudadanos para combatir ese cáncer social.
Pero la corrupción no se da solo en el Estado, porque si bien el 20% de los empresarios, según Fundesa, paga sus impuestos, el resto permanece en la informalidad, desconociéndose cuántos de ellos incluso son “piratas” y se entregan a todo tipo de actividades ilícitas.
A pesar de la alta informalidad (68.5% de la fuerza laboral) y la base tributaria estrecha (2% de los contribuyentes aportan el 95% de la recaudación tributaria) Paiz señala que el aporte fiscal de las empresas es considerable. Citan las estadísticas de CEPAL, en cuanto a que en los países ricos el aporte de las empresas a la recaudación tributaria total es de 8.5%, mientras que en Guatemala llega a 32.5%.
El resto de personas podrían estar contribuyendo a que crezca la corrupción en el Estado.
Estudios han demostrado que el contrabando y la defraudación aduanera podrían representar pérdidas para el estado de hasta Q14 mil millones al año, es decir el 41% del PIB. “¿Cuantas escuelas o hospitales se podrían haber construido con ese presupuesto? La corrupción merma las oportunidades para salir de la pobreza”, finaliza Paiz.
Por su parte, Icefi señala la necesidad de un cambio de cultura en cuanto a la corrupción, a través de la educación y concientización en la ciudadanía que rescate los valores de la decencia y honestidad.
Recientemente se lanzó el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, dentro del cual participan entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Acción Ciudadana, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). La actividad tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Salvador Paiz, vicepresidente de Fundesa, señala que para poder vencer a la corrupción, primero tenemos que entenderla. “Cuantificar el costo que representa la corrupción es fundamental para lograr ese entendimiento, así como también para poder despertar la conciencia ciudadana”, considera. Es por ello que el equipo de Fundesa se dio a la tarea de identificar distintos esquemas que permitiesen cuantificar los costos de corrupción. A continuación presentamos algunos de sus hallazgos
Paiz señala que en cuanto a la producción del país, por cada 5 puntos que empeora la percepción de corrupción en Centroamérica, la Inversión Extrajera Directa se reduce en 6.58%. Respecto a los recursos del Estado, indirectamente mayores niveles de corrupción reducen los ingresos del Estado, lo que aumenta el endeudamiento. Esto afecta a los ciudadanos porque la corrupción reduce el gasto social, no solo por pago de deuda sino por el pago de comisiones y el sobreprecio.
En Guatemala se pueden mencionar varios ejemplos que han salido muy caros, como la estafa del “agua mágica” que limpiaría el Lago de Amatitlán y que costaría Q137 millones, lo cual equivale al funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El contrato fraudulento en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el servicio de hemodiálisis ascendía a Q115 millones, lo cual representa 175 ambulancias equipadas.
Y el caso más escandaloso, el de defraudación aduanera de parte de la banda La Línea podría generar pérdidas al fisco por Q500 millones, que equivale, según Fundesa, a 6 meses de trabajo del Ministerio Público.
El estudio detalla que el fin último de cualquier esfuerzo de aumentar los niveles de inversión pública en un país a lo largo del ciclo de vida de una persona es generar mayores y mejores oportunidades. Esto se refiere no solo por los efectos que tienen en los indicadores de desarrollo humano, sino por la mayor disponibilidad de recursos que se generan para agilizar la movilidad social y así contribuir a la sociedad con recursos frescos para ayudar a otros.
¿30 años son suficientes para evaluar si fue rentable la inversión?
Para medir si la Inversión Pública fue rentable, y qué tan rentable fue, se divide el cambio en el PIB per cápita durante una generación (30 años) entre la sumatoria de la inversión pública por habitante durante el mismo periodo. La tasa de rentabilidad se estima como la contribución (%) de la inversión pública para incrementar el PIB per cápita.
Al respecto, Paiz explica que al final todo gobierno lo que busca es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. “El 10.05% representa la mejora en PIB per capita a lo largo de 30 años por cada dólar de inversión pública durante el mismo período. El dato es un poco difícil de interpretar en forma aislada. Es por ello que nuestro análisis presenta comparaciones con las tasas de retorno logradas por otros países de América Latina”, señala.
Es un mito que mayor rentabilidad se alcanza con mayor inversión pública. Paiz detalla que en América Latina existen países como Brasil, México, y Venezuela que invierten entre US$15,800 y US$27,639 per capita. Sin embargo, esa inversión no se ve reflejada en una mejor tasa de retorno sobre su inversión, ya que el retorno para estos países oscila entre 6.1% y 7.45%.
En contraste, la tasa de rentabilidad que exhibe Perú es prácticamente el triple y se ubica en 18.65% a pesar de invertir tan solo US$9,438 per capita. El líder en nuestra región es Chile, que invierte US$21,708 por ciudadano. Concluimos que ni el que más invierte ni el que menos genera un retorno de 30.63%. “Debemos aspirar, como lo hace Chile, a invertir más por ciudadano a la vez que nos aseguramos también de invertir mucho mejor”, considera Paiz.
Paiz señala que no existe una correlación significativa entre la tasa de rentabilidad y el grado de desarrollo de los países. “Inclusive, quizá podríamos afirmar que existe una ligera ventaja para los países que aún no logran el desarrollo. La evidencia demuestra que se pueden lograr períodos donde el ingreso per capita incrementa en forma dramática si los recursos estatales son invertidos según una lógica de prioridades técnicas y si se mantiene una consistencia de las políticas de desarrollo en el largo plazo”, señala.
Varios factores inciden pero uno de ellos destaca: la corrupción
“La principal variable que merma la rentabilidad de la inversión pública es la corrupción. En otras palabras, es la gran responsable por la pobre calidad de los servicios públicos y, por ende, de los inferiores resultados que hemos observado en nuestra lucha para salir de la pobreza”, explica Paiz.
Por su parte, el Icefi señala que la corrupción es un problema transversal que debe enfrentarse, y que la crisis política desatada luego de las investigaciones y capturas recientes en escándalos mayúsculos de corrupción, constituyen una coyuntura muy oportuna para buscar consensos ciudadanos para combatir ese cáncer social.
Pero la corrupción no se da solo en el Estado, porque si bien el 20% de los empresarios, según Fundesa, paga sus impuestos, el resto permanece en la informalidad, desconociéndose cuántos de ellos incluso son “piratas” y se entregan a todo tipo de actividades ilícitas.
A pesar de la alta informalidad (68.5% de la fuerza laboral) y la base tributaria estrecha (2% de los contribuyentes aportan el 95% de la recaudación tributaria) Paiz señala que el aporte fiscal de las empresas es considerable. Citan las estadísticas de CEPAL, en cuanto a que en los países ricos el aporte de las empresas a la recaudación tributaria total es de 8.5%, mientras que en Guatemala llega a 32.5%.
El resto de personas podrían estar contribuyendo a que crezca la corrupción en el Estado.
Estudios han demostrado que el contrabando y la defraudación aduanera podrían representar pérdidas para el estado de hasta Q14 mil millones al año, es decir el 41% del PIB. “¿Cuantas escuelas o hospitales se podrían haber construido con ese presupuesto? La corrupción merma las oportunidades para salir de la pobreza”, finaliza Paiz.
Por su parte, Icefi señala la necesidad de un cambio de cultura en cuanto a la corrupción, a través de la educación y concientización en la ciudadanía que rescate los valores de la decencia y honestidad.
