EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El escándalo de la estructura criminal que defraudaba al fisco, y que incluía a funcionarios públicos, sigue teniendo todo tipo de repercusiones. La más notoria es una crisis institucional en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Esta comisión estará integrada por economistas para analizar los procesos internos, formular propuestas para reformar la ley orgánica; así como de elegir a los nuevos integrantes del Directorio. Se menciona que serían dos titulares y dos suplentes, siento ellos Mario García Lara, Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead, y Juan Alberto Fuentes, de los cuales tres ya confirmaron su participación.
Analistas ven con buenos ojos que personas de comprobada trayectoria puedan ayudar a desentrampar la situación de la SAT, pues pueden aportar mucho. Pero también afirman que el problema es mucho más complejo.
Siguen las acusaciones
Luego de que salió a la luz cómo operaba la estructura criminal de La Línea, que pudo haber defraudado unos Q1000 millones al año (VER NOTAS RELACIONADAS), más datos siguen saliendo a la luz.
Por otro lado, Méndez también aseguró que tenía conocimiento de ciertos hechos de corrupción pero que no recibió el apoyo del Directorio de la SAT y de las autoridades para mejorar los controles en las aduanas.
En respuesta, algunos integrantes del Directorio de la SAT señalaron que el Ejecutivo tenía su feudo en las aduanas y que la intendente respondía a la Presidencia.
Así mismo, diputados de la UNE señalaron que desde el Ministerio de Finanzas (Minfin) se construyó una “SAT paralela”, en la que participaba el exministro Pavel Centeno; los ex superintendentes Omar Franco y Carlos Muñoz y el exintendente Alfonzo Castillo.
El diputado uneísta Carlos Barreda señaló que desde el Minfin se planificó la toma de la SAT a partir de la salida de Miguel Gutiérrez y la recontratación de personal que había sido despedido durante su gestión.
Los diputados señalaron que según el sistema Guatecompras, Centeno fue contratado por esa cartera en septiembre de 2014 por Q120 mil y en agosto por Q99 mil por el Ministerio de Comunicaciones, que nuevamente le extendió un contrato en enero pasado por Q133 mil 677, para una asesoría en el Fondo Social de Solidaridad. Alfonzo Castillo, en 2013 fue contratado por el Minfin por Q360 mil; en septiembre, agosto y julio de 2012 por Q177 mil y Q88 mil. En tanto que Omar Franco prestó servicios profesionales al MINFIN de julio a diciembre de 2012 con un contrato de Q220 mil.
Institución joven
El descalabro de la SAT empezó hace algunos años, haciéndose más evidente desde 2012 cuando ya no se alcanzaron las metas fiscales.
Su historia inicia en 1997, cuando el Minfin inició acciones orientadas a transformar y fortalecer el sistema tributario del país. Así nació la SAT, con el propósito de modernizar la administración tributaria y dar cumplimiento a los compromisos fiscales contenidos en los Acuerdos de Paz y el Programa de Modernización del Sector Público.
Un primer equipo empezó a trabajar en septiembre de ese año. La creación de la SAT fue aprobada por el Congreso de la República, según Decreto Número 1-98, el cual entró en vigencia a partir del 21 de febrero de 1998.
El Superintendente es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la SAT, tiene a su cargo la administración y dirección general de la Institución. Para el cumplimiento de las funciones del ente recaudador, tiene la representación legal de la Institución, la cual podrá delegar en los funcionarios que designe para el efecto.
De esa cuenta, se puede inferir que si esa posición está ocupada por alguien corrupto, fallarán toda las funciones de la SAT.
Ya se pedían reformas
Ante los fracasos de recaudación de los últimos 3 años, ahora vinculados a la estructura criminal La Línea, durante el 2014 se estuvo mencionando la necesidad hacer una “reingeniería” en la SAT. Originalmente la intención era mejorar los ingresos pero ahora hay que sumar el “saneamiento” de la corrupción.
Una de las respuestas del Ejecutivo fue la intención de contratar a una empresa para tercerizar los cobros, pero esto fue rechazo por la opinión pública.
Algo irónico es cada vez que se elegía a un nuevo superintendente, incluidos los ahora detenidos Carlos Muñoz y Omar Franco, se decía que se les exigiría más eficiencia para cumplir con las metas de recaudación. También se les pedía que planificaran más auditorías fiscales y control en los recintos aduanales. Pocos se imaginaban que precisamente ellos eran los culpables de buena parte de la evasión en aduanas.
Pero hay otras opciones para mejorar la SAT. Para el analista del Centro Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tienen expertos en ese tema que podrían ayudar a diseñar y llevar a cabo dicha ingeniería.
Por su parte, el economista Rodrigo Ponce coincide en que no hay necesidad de contratar a empresas de otros países que cobren tan caro. “En Guatemala hay 16 mil economistas colegiados y 8 mil auditores que están capacitados para asesorar y ejecutar los cambios que se necesitan”, señala.
También se dijo muchas veces que unos de los retos era despolitizar a la SAT. “Se debe hacer cumplir lo que dice su ley orgánica en cuanto a que sea un ente descentralizado y con autonomía funcional económica, financiera, técnica y administrativa. Partiendo de allí, debe haber una coordinación técnica con Finanzas y el Directorio para revisar las metas, respetando su independencia”, opina Barrientos
Ponce señala que la SAT debería alejarse de la politización porque eso le ha afectado en los últimos años, pero lo que ocurre es lo contrario. “Estas designaciones deberían hacerse a nivel técnico, pero en su lugar hay negociaciones”, considera.
En el gobierno de Otto Pérez inició como Superintendente Rudy Villeda, elegido por el ex presidente Álvaro Colom, pero fue destituido en febrero 2012. Un mes después se eligió a Miguel Gutiérrez que estuvo en el cargo hasta marzo del 2013 y fue destituido por diferencias con el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Así fue como llegó Carlos Muñoz en abril 2013, que fue destituido la semana pasada. Omar Franco fue nombrado primero interinamente pero luego fue confirmado por Pérez.
Al ser detenido Franco, por ser acusado de defraudación fiscal, fue nombrado interinamente a Elder Fuentes García, quien se desempeñaba como intedente de fiscalización.
Como se ha visto ahora, en estos últimos 3 años se tejió una red de corrupción que pudo haber defraudado al fisco unos Q4 mil millones.
Cómo sería la SAT ideal
Cuando se creó la SAT, se quería crear, diseñar y poner en funcionamiento una institución autónoma y descentralizada, moderna, eficiente y eficaz, que se hiciera cargo de la administración tributaria y aduanera, y que fuera capaz de incrementar los ingresos tributarios en forma sostenida, honesta y transparente.
En teoría, es una entidad estatal descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria, contenidas en la legislación. La Institución goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.
Ennio Morales, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, cree que los problemas empiezan en la forma en que se eligen a los miembros del Directorio, muchas veces por afinidad y no por capacidad. Además, influye mucho el tema político y de amistad o familiaridad.
Por esa razón opina que debe modificarse ciertas partes de la Ley Orgánica de la SAT para privilegiar no solo lo académico sino también la honorabilidad. También considera se debe reformar la Ley para sentar bien las bases acerca de diferentes puestos, tanto de directores como de intendentes y gerentes. De hacerlo, el Ejecutivo podría llegar a reivindicarse.
“La credibilidad de la SAT está en juego, pudiendo llegar a bajar la recaudación. El contribuyente ha mostrado responsabilidad, pero está desmotivado”, señala.
Ante el escándalo de corrupción y saqueo, en lugar de haber despidos y renuncias, como en otros países, aquí hay excusas de personas que quieren seguir en sus cargos. Encima, el gobierno da información y propaganda contradictoria, sin presentar ningún plan de contención del gasto estricto.
“Sin embargo, esta situación es una luz al final del túnel, nos hace pensar en que las cosas podrían empezar a cambiar. Las medidas deben girar en torno a la transparencia de los procesos”, opina Prado.
La población debe tener calma y confiar en que esta problemática se resolverá pues son muchos los que están dispuestos a ayudar. Debe haber mucha unidad nacional, el país puede cambiar ante la identificación de un problema grave que al resolverse mejorará el panorama fiscal.
El escándalo de la estructura criminal que defraudaba al fisco, y que incluía a funcionarios públicos, sigue teniendo todo tipo de repercusiones. La más notoria es una crisis institucional en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Esta comisión estará integrada por economistas para analizar los procesos internos, formular propuestas para reformar la ley orgánica; así como de elegir a los nuevos integrantes del Directorio. Se menciona que serían dos titulares y dos suplentes, siento ellos Mario García Lara, Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead, y Juan Alberto Fuentes, de los cuales tres ya confirmaron su participación.
Analistas ven con buenos ojos que personas de comprobada trayectoria puedan ayudar a desentrampar la situación de la SAT, pues pueden aportar mucho. Pero también afirman que el problema es mucho más complejo.
Siguen las acusaciones
Luego de que salió a la luz cómo operaba la estructura criminal de La Línea, que pudo haber defraudado unos Q1000 millones al año (VER NOTAS RELACIONADAS), más datos siguen saliendo a la luz.
Por otro lado, Méndez también aseguró que tenía conocimiento de ciertos hechos de corrupción pero que no recibió el apoyo del Directorio de la SAT y de las autoridades para mejorar los controles en las aduanas.
En respuesta, algunos integrantes del Directorio de la SAT señalaron que el Ejecutivo tenía su feudo en las aduanas y que la intendente respondía a la Presidencia.
Así mismo, diputados de la UNE señalaron que desde el Ministerio de Finanzas (Minfin) se construyó una “SAT paralela”, en la que participaba el exministro Pavel Centeno; los ex superintendentes Omar Franco y Carlos Muñoz y el exintendente Alfonzo Castillo.
El diputado uneísta Carlos Barreda señaló que desde el Minfin se planificó la toma de la SAT a partir de la salida de Miguel Gutiérrez y la recontratación de personal que había sido despedido durante su gestión.
Los diputados señalaron que según el sistema Guatecompras, Centeno fue contratado por esa cartera en septiembre de 2014 por Q120 mil y en agosto por Q99 mil por el Ministerio de Comunicaciones, que nuevamente le extendió un contrato en enero pasado por Q133 mil 677, para una asesoría en el Fondo Social de Solidaridad. Alfonzo Castillo, en 2013 fue contratado por el Minfin por Q360 mil; en septiembre, agosto y julio de 2012 por Q177 mil y Q88 mil. En tanto que Omar Franco prestó servicios profesionales al MINFIN de julio a diciembre de 2012 con un contrato de Q220 mil.
Institución joven
El descalabro de la SAT empezó hace algunos años, haciéndose más evidente desde 2012 cuando ya no se alcanzaron las metas fiscales.
Su historia inicia en 1997, cuando el Minfin inició acciones orientadas a transformar y fortalecer el sistema tributario del país. Así nació la SAT, con el propósito de modernizar la administración tributaria y dar cumplimiento a los compromisos fiscales contenidos en los Acuerdos de Paz y el Programa de Modernización del Sector Público.
Un primer equipo empezó a trabajar en septiembre de ese año. La creación de la SAT fue aprobada por el Congreso de la República, según Decreto Número 1-98, el cual entró en vigencia a partir del 21 de febrero de 1998.
El Superintendente es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la SAT, tiene a su cargo la administración y dirección general de la Institución. Para el cumplimiento de las funciones del ente recaudador, tiene la representación legal de la Institución, la cual podrá delegar en los funcionarios que designe para el efecto.
De esa cuenta, se puede inferir que si esa posición está ocupada por alguien corrupto, fallarán toda las funciones de la SAT.
Ya se pedían reformas
Ante los fracasos de recaudación de los últimos 3 años, ahora vinculados a la estructura criminal La Línea, durante el 2014 se estuvo mencionando la necesidad hacer una “reingeniería” en la SAT. Originalmente la intención era mejorar los ingresos pero ahora hay que sumar el “saneamiento” de la corrupción.
Una de las respuestas del Ejecutivo fue la intención de contratar a una empresa para tercerizar los cobros, pero esto fue rechazo por la opinión pública.
Algo irónico es cada vez que se elegía a un nuevo superintendente, incluidos los ahora detenidos Carlos Muñoz y Omar Franco, se decía que se les exigiría más eficiencia para cumplir con las metas de recaudación. También se les pedía que planificaran más auditorías fiscales y control en los recintos aduanales. Pocos se imaginaban que precisamente ellos eran los culpables de buena parte de la evasión en aduanas.
Pero hay otras opciones para mejorar la SAT. Para el analista del Centro Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tienen expertos en ese tema que podrían ayudar a diseñar y llevar a cabo dicha ingeniería.
Por su parte, el economista Rodrigo Ponce coincide en que no hay necesidad de contratar a empresas de otros países que cobren tan caro. “En Guatemala hay 16 mil economistas colegiados y 8 mil auditores que están capacitados para asesorar y ejecutar los cambios que se necesitan”, señala.
También se dijo muchas veces que unos de los retos era despolitizar a la SAT. “Se debe hacer cumplir lo que dice su ley orgánica en cuanto a que sea un ente descentralizado y con autonomía funcional económica, financiera, técnica y administrativa. Partiendo de allí, debe haber una coordinación técnica con Finanzas y el Directorio para revisar las metas, respetando su independencia”, opina Barrientos
Ponce señala que la SAT debería alejarse de la politización porque eso le ha afectado en los últimos años, pero lo que ocurre es lo contrario. “Estas designaciones deberían hacerse a nivel técnico, pero en su lugar hay negociaciones”, considera.
En el gobierno de Otto Pérez inició como Superintendente Rudy Villeda, elegido por el ex presidente Álvaro Colom, pero fue destituido en febrero 2012. Un mes después se eligió a Miguel Gutiérrez que estuvo en el cargo hasta marzo del 2013 y fue destituido por diferencias con el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Así fue como llegó Carlos Muñoz en abril 2013, que fue destituido la semana pasada. Omar Franco fue nombrado primero interinamente pero luego fue confirmado por Pérez.
Al ser detenido Franco, por ser acusado de defraudación fiscal, fue nombrado interinamente a Elder Fuentes García, quien se desempeñaba como intedente de fiscalización.
Como se ha visto ahora, en estos últimos 3 años se tejió una red de corrupción que pudo haber defraudado al fisco unos Q4 mil millones.
Cómo sería la SAT ideal
Cuando se creó la SAT, se quería crear, diseñar y poner en funcionamiento una institución autónoma y descentralizada, moderna, eficiente y eficaz, que se hiciera cargo de la administración tributaria y aduanera, y que fuera capaz de incrementar los ingresos tributarios en forma sostenida, honesta y transparente.
En teoría, es una entidad estatal descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria, contenidas en la legislación. La Institución goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.
Ennio Morales, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, cree que los problemas empiezan en la forma en que se eligen a los miembros del Directorio, muchas veces por afinidad y no por capacidad. Además, influye mucho el tema político y de amistad o familiaridad.
Por esa razón opina que debe modificarse ciertas partes de la Ley Orgánica de la SAT para privilegiar no solo lo académico sino también la honorabilidad. También considera se debe reformar la Ley para sentar bien las bases acerca de diferentes puestos, tanto de directores como de intendentes y gerentes. De hacerlo, el Ejecutivo podría llegar a reivindicarse.
“La credibilidad de la SAT está en juego, pudiendo llegar a bajar la recaudación. El contribuyente ha mostrado responsabilidad, pero está desmotivado”, señala.
Ante el escándalo de corrupción y saqueo, en lugar de haber despidos y renuncias, como en otros países, aquí hay excusas de personas que quieren seguir en sus cargos. Encima, el gobierno da información y propaganda contradictoria, sin presentar ningún plan de contención del gasto estricto.
“Sin embargo, esta situación es una luz al final del túnel, nos hace pensar en que las cosas podrían empezar a cambiar. Las medidas deben girar en torno a la transparencia de los procesos”, opina Prado.
La población debe tener calma y confiar en que esta problemática se resolverá pues son muchos los que están dispuestos a ayudar. Debe haber mucha unidad nacional, el país puede cambiar ante la identificación de un problema grave que al resolverse mejorará el panorama fiscal.
