EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este martes el sector privado y el Ministerio de Economía presentaron al Congreso de la República la Ley Emergente de Mantenimiento de Empleo, que entre otras cosas busca exonerar por 10 años del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al sector de vestuario y textiles y al de centros de servicios conocidos como call centers.
El ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, detalló que la iniciativa de ley es para reformar los decretos 29-89 y 65-89, con el propósito de brindar beneficios al empresariado, conservar y generar fuentes de empleo.
Quienes impulsan esta iniciativa dicen que la aprobación de esta ley se cumpliría con los compromisos que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), institución que piede subsidios de nueva generación, es decir incentivos fiscales de tipo horizontal combinados con otros incentivos no fiscales.
“La iniciativa ayuda a fortalecer las finanzas del Estado, cerrando una serie de beneficios que antes había, pero nos asegura que de manera emergente vamos a mantener más de 100 mil empleos que hoy tienen las maquilas”, expresó el funcionario.
Se estaría reformando la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila (Decreto 29-89), y la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89), para permitir la inscripción de empresas de la industria call center cuando el servicio que presten sea de exportación.
Sin embargo, al igual que la Ley de Promoción de Inversión y Empleo, que daba beneficios de hasta 65 años y que en dos años no ha logrado ser aprobada, esta nueva iniciativa tiene sus detractores.
El Instituto de Estudios Fiscales (Icefi) como respuesta manifestó que aunque es un intento de cumplir los compromisos que Guatemala ha asumido ante la OMC, agrega privilegios a las empresas ya inscritas como maquilas y zonas francas, tal el caso de una nueva exención del impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios en el mercado local.
Consideran además que es una propuesta menos agresiva que algunas propuestas anteriores, como la Ley de Promoción de Inversión y Empleo (presentada por el Ejecutivo en enero de 2013), la Ley de Fomento al Empleo (presentada por el Partido Patriota en septiembre de 2014), o la Ley de Condiciones Económicas para Fomentar el Empleo (conocida como la «Ley Baldizón de Empleo», presentada por el partido LIDER en marzo de 2015), todas han sido rechazadas por contener privilegios fiscales excesivos e injustificados.
Dicho instituto reiteró que la protección o la generación de empleo, así como el incentivo a la actividad económica, no se lograrán insistiendo en la aplicación de privilegios fiscales, cuya aplicación requiere de una administración tributaria muy sólida que evite abusos.
Recomienda que en cambio se busquen políticas integrales de crecimiento económico y competitividad real, basadas en el desarrollo de capacidades vía educación, salud, seguridad, infraestructura y justicia, enmarcadas en un programa de desarrollo democrático e incluyente.
Aunque el ministro Méndez dijo que su propuesta no necesitaba un dictamen favorable de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Icefi recomienda que sea analizada cuidadosamente y sí se busquen dictámenes y opiniones técnicas de entidades como el Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT. Es deseable además que exista una mesa de trabajo en el Legislativo que conozca el proyecto para su análisis y dictamen, así como que permita la participación de todos los sectores interesados.
Este martes el sector privado y el Ministerio de Economía presentaron al Congreso de la República la Ley Emergente de Mantenimiento de Empleo, que entre otras cosas busca exonerar por 10 años del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al sector de vestuario y textiles y al de centros de servicios conocidos como call centers.
El ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, detalló que la iniciativa de ley es para reformar los decretos 29-89 y 65-89, con el propósito de brindar beneficios al empresariado, conservar y generar fuentes de empleo.
Quienes impulsan esta iniciativa dicen que la aprobación de esta ley se cumpliría con los compromisos que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), institución que piede subsidios de nueva generación, es decir incentivos fiscales de tipo horizontal combinados con otros incentivos no fiscales.
“La iniciativa ayuda a fortalecer las finanzas del Estado, cerrando una serie de beneficios que antes había, pero nos asegura que de manera emergente vamos a mantener más de 100 mil empleos que hoy tienen las maquilas”, expresó el funcionario.
Se estaría reformando la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila (Decreto 29-89), y la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89), para permitir la inscripción de empresas de la industria call center cuando el servicio que presten sea de exportación.
Sin embargo, al igual que la Ley de Promoción de Inversión y Empleo, que daba beneficios de hasta 65 años y que en dos años no ha logrado ser aprobada, esta nueva iniciativa tiene sus detractores.
El Instituto de Estudios Fiscales (Icefi) como respuesta manifestó que aunque es un intento de cumplir los compromisos que Guatemala ha asumido ante la OMC, agrega privilegios a las empresas ya inscritas como maquilas y zonas francas, tal el caso de una nueva exención del impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios en el mercado local.
Consideran además que es una propuesta menos agresiva que algunas propuestas anteriores, como la Ley de Promoción de Inversión y Empleo (presentada por el Ejecutivo en enero de 2013), la Ley de Fomento al Empleo (presentada por el Partido Patriota en septiembre de 2014), o la Ley de Condiciones Económicas para Fomentar el Empleo (conocida como la «Ley Baldizón de Empleo», presentada por el partido LIDER en marzo de 2015), todas han sido rechazadas por contener privilegios fiscales excesivos e injustificados.
Dicho instituto reiteró que la protección o la generación de empleo, así como el incentivo a la actividad económica, no se lograrán insistiendo en la aplicación de privilegios fiscales, cuya aplicación requiere de una administración tributaria muy sólida que evite abusos.
Recomienda que en cambio se busquen políticas integrales de crecimiento económico y competitividad real, basadas en el desarrollo de capacidades vía educación, salud, seguridad, infraestructura y justicia, enmarcadas en un programa de desarrollo democrático e incluyente.
Aunque el ministro Méndez dijo que su propuesta no necesitaba un dictamen favorable de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Icefi recomienda que sea analizada cuidadosamente y sí se busquen dictámenes y opiniones técnicas de entidades como el Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT. Es deseable además que exista una mesa de trabajo en el Legislativo que conozca el proyecto para su análisis y dictamen, así como que permita la participación de todos los sectores interesados.
