EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) ofrecieron una conferencia de prensa para invitar a la discusión del Plan Nacional de Seguridad y Justicia que proponen.
Jorge Briz, presidente del CACIF, inició diciendo que la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las entidades de justicia son prioridad para el sector empresarial organizado. “Reconocemos el eficiente trabajo realizado por Ivan Velásquez al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de Thelma Aldana en el Ministerio Público (MP)”, aseguró.
Consideran además que se debe retomar la convocatoria hecha hace un año por el comisionado Velásquez, en esa ocasión se habló de llevar a cabo un diálogo nacional que permita replantear prioridades y recursos en materia de justicia y generar una agenda mínima consensuada.
El mencionado Plan Nacional de Seguridad y Justicia que ponen en la mesa de discusión debe, según lo informado, definir metas precisas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo con una estrategia sostenible y realista de apoyos financieros.
Luego de hacer esta convocatoria pública, los empresarios promoverán la iniciativa y contactarán a los actores de la cadena de seguridad y justicia para intercambiar diagnósticos institucionales. Dijo que ya están gestionando reuniones con Velásquez y Aldana. Solicitarán a la Coalición por la Seguridad para que se constituya en la plataforma de trabajo de este esfuerzo.
“También promoveremos reformas institucionales e implementación de políticas específicas por cada eje institucional”, explicó Briz. Añadió que se identificarán las necesidades financieras y los mecanismos de transparencia y fiscalización que aseguren la efectividad en el uso de los recursos.
El CACIF considera que se debe construir un sistema de justicia más sólido y confiable evitando “las improvisaciones, ideas aisladas y decisiones precipitadas y poco técnicas”, en referencia a la propuesta de crear un nuevo impuesto.
Aseguraron que debe hacerse una reforma fiscal que ayude a combatir la misera y la pobreza, que permita más acceso a la economía formal, otorgue ventajas competitivas al país, con tarifas accesibles y con procedimientos que respondan a la realidad económica y social del país.
Briz dijo que se oponen a la creación de más impuestos pero que están dispuestos a dialogar porque tienen mejores argumentos y propuestas que están incluidas en el mencionado plan.
También hicieron un llamado para que el Congreso de la República asuma su responsabilidad. “El Presupuesto del Estado incluye gastos sobredimensionados e irreales que solo han propiciado actos corruptos en las dependencias del Estado”, dijo Briz. Por esa razón, consideran que hay recursos inmediatos que deben ser redireccionados al tema de seguridad, tales como los que se pierden a diario por la corrupción en las aduanas, los pactos colectivos lesivos al Estado, gastos de publicidad en el Ejecutivo, plazas fantasmas y contratos dudosos en obra pública y medicamentos, entre otros.
El Plan Nacional de Seguridad y Justicia que proponen está compuesto por tres ejes transversales:
- Diseño del Sistema: objetivos institucionales, proceso de coordinación interinstitucional, evitar duplicidad de funciones, reformas legales, modelo de incentivos y remuneraciones.
- Brechas institucionales: ampliación y formación de recurso humano, ampliación y eficientización de capacidades y procesos actuales, inversión y desarrollo de capacidades y tecnología, así como de infraestructura.
- Recursos: analizar situación de fuentes de financiamiento, administración de recursos privativos, establecer presupuesto por resultados, desarrollar auditorías de ahorro (caso Ministerio de Gobernación), revisión de modelos de gestión, regular manejo de caja fiscal y asignaciones mensuales (Ministerio de Finanzas).
Directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) ofrecieron una conferencia de prensa para invitar a la discusión del Plan Nacional de Seguridad y Justicia que proponen.
Jorge Briz, presidente del CACIF, inició diciendo que la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las entidades de justicia son prioridad para el sector empresarial organizado. “Reconocemos el eficiente trabajo realizado por Ivan Velásquez al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de Thelma Aldana en el Ministerio Público (MP)”, aseguró.
Consideran además que se debe retomar la convocatoria hecha hace un año por el comisionado Velásquez, en esa ocasión se habló de llevar a cabo un diálogo nacional que permita replantear prioridades y recursos en materia de justicia y generar una agenda mínima consensuada.
El mencionado Plan Nacional de Seguridad y Justicia que ponen en la mesa de discusión debe, según lo informado, definir metas precisas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo con una estrategia sostenible y realista de apoyos financieros.
Luego de hacer esta convocatoria pública, los empresarios promoverán la iniciativa y contactarán a los actores de la cadena de seguridad y justicia para intercambiar diagnósticos institucionales. Dijo que ya están gestionando reuniones con Velásquez y Aldana. Solicitarán a la Coalición por la Seguridad para que se constituya en la plataforma de trabajo de este esfuerzo.
“También promoveremos reformas institucionales e implementación de políticas específicas por cada eje institucional”, explicó Briz. Añadió que se identificarán las necesidades financieras y los mecanismos de transparencia y fiscalización que aseguren la efectividad en el uso de los recursos.
El CACIF considera que se debe construir un sistema de justicia más sólido y confiable evitando “las improvisaciones, ideas aisladas y decisiones precipitadas y poco técnicas”, en referencia a la propuesta de crear un nuevo impuesto.
Aseguraron que debe hacerse una reforma fiscal que ayude a combatir la misera y la pobreza, que permita más acceso a la economía formal, otorgue ventajas competitivas al país, con tarifas accesibles y con procedimientos que respondan a la realidad económica y social del país.
Briz dijo que se oponen a la creación de más impuestos pero que están dispuestos a dialogar porque tienen mejores argumentos y propuestas que están incluidas en el mencionado plan.
También hicieron un llamado para que el Congreso de la República asuma su responsabilidad. “El Presupuesto del Estado incluye gastos sobredimensionados e irreales que solo han propiciado actos corruptos en las dependencias del Estado”, dijo Briz. Por esa razón, consideran que hay recursos inmediatos que deben ser redireccionados al tema de seguridad, tales como los que se pierden a diario por la corrupción en las aduanas, los pactos colectivos lesivos al Estado, gastos de publicidad en el Ejecutivo, plazas fantasmas y contratos dudosos en obra pública y medicamentos, entre otros.
El Plan Nacional de Seguridad y Justicia que proponen está compuesto por tres ejes transversales:
- Diseño del Sistema: objetivos institucionales, proceso de coordinación interinstitucional, evitar duplicidad de funciones, reformas legales, modelo de incentivos y remuneraciones.
- Brechas institucionales: ampliación y formación de recurso humano, ampliación y eficientización de capacidades y procesos actuales, inversión y desarrollo de capacidades y tecnología, así como de infraestructura.
- Recursos: analizar situación de fuentes de financiamiento, administración de recursos privativos, establecer presupuesto por resultados, desarrollar auditorías de ahorro (caso Ministerio de Gobernación), revisión de modelos de gestión, regular manejo de caja fiscal y asignaciones mensuales (Ministerio de Finanzas).
