EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En el debate público que se lleva acerca de los Pactos colectivos de condiciones de trabajo que se tienen en el Estado, que según datos del Ministerio de Trabajo son 18 en la actualidad, se incluye el del Ministerio de Economía (Mineco).
El que está vigente es el cuarto pacto que se firma en esta dependencia, el primero data de 1995. Según explica Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el último fue firmado en 2011 en el gobierno de Álvaro Colom cuando Luis Velásquez era ministro de Economía, y luego de ser homologado entró en vigor en 2012 cuando ya había empezado el gobierno de Otto Pérez. Fue negociado por el Sindicato de trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), uno de los dos que existen en dicha institución.
Se sabe, por fuentes internas del ministerio que prefieren el anonimato, que De la Torre también se negó a darles en efectivo la contribución para el Convivio Navideño, como se hacía antes, e hizo el procedimiento por medio de las compras regulares de la cartera. Según la misma fuente, esto tuvo un costo político muy alto para su administración.
Es de anotar que el pacto firmado en 2002 venció en 2005 pero siguió vigente hasta el 2011, situación similar a la que sucede en la actualidad.
Será hasta el otro año
Desde inicio de este año el tema ha sido analizado y discutido por diversos sectores y entidades. Por ejemplo, el CIEN ha hecho investigaciones acerca del tema, una de ellas es La amenaza de los pactos colectivos en el sector público.
Entre otras conclusiones, los investigadores señalan que de no actuar oportunamente en cuanto a los pactos colectivos, en dos años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos y en tres colapsaría el Estado.
Sin embargo, desde que hay un nuevo ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, se especuló que ahora sí habría nuevas negociaciones para incluso lograr más beneficios.
De parte del SITRAME, la representación está a cargo de los integrantes del Comité Ejecutivo y los miembros del Consejo Consultivo.
El ministro señala que en vista que no hay un día límite para renegociar un nuevo pacto, no hay intenciones de hacerlo este año. “A quienes les corresponden esas negociaciones han establecido que no es el momento de hacer una nueva negociación, a la luz de todos los acontecimientos en el país. Esta opinión es la misma de parte de los sindicalistas”, informa.
Méndez está consciente que la coyuntura no es la más adecuada y de la extensa discusión y rechazo que hay acerca de estos compromisos. “En Guatemala se atienden los clamores populares, máxime desde abril pasado. Uno de esos clamores es el análisis de estos pactos colectivos. Como gobierno de transición hemos decidido que cualquier negociación debe hacerse a partir del 15 de enero próximo”, dice refiriéndose que será el ministro que designe el presidente electo Jimmy Morales el que debe encargarse del tema.
Los analistas coinciden que con apenas tres meses de trabajo al frente de este Ministerio, Méndez debe ocuparse de otros temas y no desgastarse con este.
El camino a seguir
Cuando era diputado Méndez fue presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República que firmó el pacto colectivo de esa entidad en 2005. Ese es otro de los compromisos adquiridos que han levantado controversia por los beneficios y el costo que tiene para el país.
Acerca de ese pacto, Méndez dice que al firmarlo no hubo presión política. Sin embargo, no era el primero que se firmaba por lo que el 10% de aumento anual no se estableció en esa oportunidad. “Los beneficios laborales, según la Constitución, luego de adquiridos son derechos. Sólo se podría cambiar esto haciendo alguna reforma constitucional”, considera.
Como lo ha informado República.gt, son varias las instancias que están analizando el camino a seguir para encontrar una solución y salida legal a la problemática que representan los pactos. Analistas expertos en el tema coinciden con Méndez que el camino es ir a la Corte de Constitucionalidad.
En su momento, María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, dijo que esa instancia examinará la viabilidad futura de los pactos, en virtud de la situación económica tan precaria que está atravesando el país, en donde mediante un análisis se determinará si el Estado podrá, el próximo año, enfrentar todos los beneficios que han sido otorgados.
Por su parte el CIEN recomienda mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.
También proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los límites establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Por último, los expertos señalan que es importante dar mayor acompañamiento técnico al funcionario público de turno que representa la parte patronal en el proceso de negociación.
Mineco: donde se pueden heredar las plazas
Los 457 empleados de esta dependencia del Estado cuentan con privilegios que suelen pasar desapercibidos por ser una entidad que presta un servicio muy especializado.
Una de las razones por la que genera más controversia, es que en este pacto en el artículo 29 se dispone que al quedar libre una plaza por la jubilación o fallecimiento del titular, se da prioridad para ocupar la misma a familiares del trabajador. Es decir, se puede heredar.
Por otro lado, se incrementa el número de días de descanso que son adicionales a lo que ya establece la Ley de Servicio Civil (LSC). Los asuetos de ley son 12 días y las vacaciones 20 días, lo cual hace un total de 32, pero se negociaron 9 más, lo que representa 28% más.
Luego del primer año y hasta el número 5, a lo anterior se aumenta 1 día más de vacaciones (31%), de 5 a 10 años 3 más (38%), de 10 a 15 años se agregan 8 días más (53%), de 15 a 20 años se suman 10 días más (59%), de 20 años en adelante los días de vacaciones extra son 12, un 66% más de lo que dice la LSC. En total son 53 días de descanso, cuando lo establecido por la ley son de 32.
En cuanto a los sueldos, se estableció que los aumentos salariales serán de 9% anualmente a los empleados de más altos cargos, 11% a los profesionales medios, 16% a los técnicos profesionales y 21% a los trabajadores operativos.
Otro tema son los bonos, que incluyen por transporte (Q240, Q300, Q360), vacacional (Q1,000), por antigüedad (de Q125 a Q275 dependiendo de los años laborados), bonificación profesional (Q750), y por culminación de estudios (Q1,000, Q1,500 y Q3,000 dependiendo el nivel educativo logrado).
Además, según el artículo 53, se les otorga a los trabajadores 011 y 022 un bono anual de Q10,000. Según los datos publicados por la ONSEC en este ministerio en 2014 laboraban 457 trabajadores (368 bajo el renglón 011 y 89 bajo el 022), por lo que solo dicho bono tiene un costo de Q4.6 millones anuales.
En el debate público que se lleva acerca de los Pactos colectivos de condiciones de trabajo que se tienen en el Estado, que según datos del Ministerio de Trabajo son 18 en la actualidad, se incluye el del Ministerio de Economía (Mineco).
El que está vigente es el cuarto pacto que se firma en esta dependencia, el primero data de 1995. Según explica Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el último fue firmado en 2011 en el gobierno de Álvaro Colom cuando Luis Velásquez era ministro de Economía, y luego de ser homologado entró en vigor en 2012 cuando ya había empezado el gobierno de Otto Pérez. Fue negociado por el Sindicato de trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), uno de los dos que existen en dicha institución.
Se sabe, por fuentes internas del ministerio que prefieren el anonimato, que De la Torre también se negó a darles en efectivo la contribución para el Convivio Navideño, como se hacía antes, e hizo el procedimiento por medio de las compras regulares de la cartera. Según la misma fuente, esto tuvo un costo político muy alto para su administración.
Es de anotar que el pacto firmado en 2002 venció en 2005 pero siguió vigente hasta el 2011, situación similar a la que sucede en la actualidad.
Será hasta el otro año
Desde inicio de este año el tema ha sido analizado y discutido por diversos sectores y entidades. Por ejemplo, el CIEN ha hecho investigaciones acerca del tema, una de ellas es La amenaza de los pactos colectivos en el sector público.
Entre otras conclusiones, los investigadores señalan que de no actuar oportunamente en cuanto a los pactos colectivos, en dos años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos y en tres colapsaría el Estado.
Sin embargo, desde que hay un nuevo ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, se especuló que ahora sí habría nuevas negociaciones para incluso lograr más beneficios.
De parte del SITRAME, la representación está a cargo de los integrantes del Comité Ejecutivo y los miembros del Consejo Consultivo.
El ministro señala que en vista que no hay un día límite para renegociar un nuevo pacto, no hay intenciones de hacerlo este año. “A quienes les corresponden esas negociaciones han establecido que no es el momento de hacer una nueva negociación, a la luz de todos los acontecimientos en el país. Esta opinión es la misma de parte de los sindicalistas”, informa.
Méndez está consciente que la coyuntura no es la más adecuada y de la extensa discusión y rechazo que hay acerca de estos compromisos. “En Guatemala se atienden los clamores populares, máxime desde abril pasado. Uno de esos clamores es el análisis de estos pactos colectivos. Como gobierno de transición hemos decidido que cualquier negociación debe hacerse a partir del 15 de enero próximo”, dice refiriéndose que será el ministro que designe el presidente electo Jimmy Morales el que debe encargarse del tema.
Los analistas coinciden que con apenas tres meses de trabajo al frente de este Ministerio, Méndez debe ocuparse de otros temas y no desgastarse con este.
El camino a seguir
Cuando era diputado Méndez fue presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República que firmó el pacto colectivo de esa entidad en 2005. Ese es otro de los compromisos adquiridos que han levantado controversia por los beneficios y el costo que tiene para el país.
Acerca de ese pacto, Méndez dice que al firmarlo no hubo presión política. Sin embargo, no era el primero que se firmaba por lo que el 10% de aumento anual no se estableció en esa oportunidad. “Los beneficios laborales, según la Constitución, luego de adquiridos son derechos. Sólo se podría cambiar esto haciendo alguna reforma constitucional”, considera.
Como lo ha informado República.gt, son varias las instancias que están analizando el camino a seguir para encontrar una solución y salida legal a la problemática que representan los pactos. Analistas expertos en el tema coinciden con Méndez que el camino es ir a la Corte de Constitucionalidad.
En su momento, María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, dijo que esa instancia examinará la viabilidad futura de los pactos, en virtud de la situación económica tan precaria que está atravesando el país, en donde mediante un análisis se determinará si el Estado podrá, el próximo año, enfrentar todos los beneficios que han sido otorgados.
Por su parte el CIEN recomienda mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.
También proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los límites establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Por último, los expertos señalan que es importante dar mayor acompañamiento técnico al funcionario público de turno que representa la parte patronal en el proceso de negociación.
Mineco: donde se pueden heredar las plazas
Los 457 empleados de esta dependencia del Estado cuentan con privilegios que suelen pasar desapercibidos por ser una entidad que presta un servicio muy especializado.
Una de las razones por la que genera más controversia, es que en este pacto en el artículo 29 se dispone que al quedar libre una plaza por la jubilación o fallecimiento del titular, se da prioridad para ocupar la misma a familiares del trabajador. Es decir, se puede heredar.
Por otro lado, se incrementa el número de días de descanso que son adicionales a lo que ya establece la Ley de Servicio Civil (LSC). Los asuetos de ley son 12 días y las vacaciones 20 días, lo cual hace un total de 32, pero se negociaron 9 más, lo que representa 28% más.
Luego del primer año y hasta el número 5, a lo anterior se aumenta 1 día más de vacaciones (31%), de 5 a 10 años 3 más (38%), de 10 a 15 años se agregan 8 días más (53%), de 15 a 20 años se suman 10 días más (59%), de 20 años en adelante los días de vacaciones extra son 12, un 66% más de lo que dice la LSC. En total son 53 días de descanso, cuando lo establecido por la ley son de 32.
En cuanto a los sueldos, se estableció que los aumentos salariales serán de 9% anualmente a los empleados de más altos cargos, 11% a los profesionales medios, 16% a los técnicos profesionales y 21% a los trabajadores operativos.
Otro tema son los bonos, que incluyen por transporte (Q240, Q300, Q360), vacacional (Q1,000), por antigüedad (de Q125 a Q275 dependiendo de los años laborados), bonificación profesional (Q750), y por culminación de estudios (Q1,000, Q1,500 y Q3,000 dependiendo el nivel educativo logrado).
Además, según el artículo 53, se les otorga a los trabajadores 011 y 022 un bono anual de Q10,000. Según los datos publicados por la ONSEC en este ministerio en 2014 laboraban 457 trabajadores (368 bajo el renglón 011 y 89 bajo el 022), por lo que solo dicho bono tiene un costo de Q4.6 millones anuales.
