EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En la actualidad, hay 14 pactos colectivos vigentes en las distintas entidades del Estado que otorgan no solamente beneficios económicos sino también de otros tipos. Debido a los problemas que estos han provocado, son muchas las entidades que han levantado la voz de alarma porque es de suma importancia que la población conozca la realidad en cuanto a estos “compromisos”.
Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha hecho investigaciones acerca del tema, una de ellas es La amenaza de los pactos colectivos en el sector público.
“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a práctica de clientelismo, corrupción o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del Gobierno a cambio de los cuales no se obtienen ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco”, afirma David Casasola, analista del CIEN.
El análisis realizado revela que existen tres principales amenazas ante las suscripción de pactos colectivos sin límites. Una es la mala gestión del recurso humano, otra es un futuro desequilibrio financiero y la última la ausencia de términos para otorgar privilegios.
Estos pactos establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño y sin estar enmarcados en la Ley de Servicio Civil.
Provocarán crisis financiera
Quizá la conclusión más alarmante del CIEN es que de no actuar oportunamente en cuanto a los pactos colectivos, en 2 años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos y en 3 colapsaría el Estado.
Calcular el costo de dichos pactos es complicado. Se sabe que el pacto colectivo del Ministerio de Salud costó este año unos Q1,832 millones y el de Educación más de Q1,109 millones, pero las condiciones y la cantidad de trabajadores amparados por los otros pactos son diferentes.
El analista Jorge Benavides, de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), señala que una forma de darse una idea de lo que representan es el hecho que el 37% de los Q70 mil millones del presupuesto actual se usan para pagar salarios, es decir Q25,900 millones. Por otra parte, el 80% de los empleados estatales están sindicalizados, por lo que es esa cifra debe de subir exageradamente cada año pues dichos empleados tienen aumentos de entre 9% y 21%.
Con la ley en la mano
En la práctica no existe mayor control respecto de las obligaciones que adquiere el Estado frente a los trabajadores. Casasola señala que la Constitución Política de la República en su artículo 108 dice que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil (LSC), con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.
No obstante, Casasola señala que se abre un espacio para que a través del establecimiento de pactos colectivos se supere lo normado dentro de la LSC, sin que en la práctica existan criterios mínimos o límites para establecer hasta donde pueden llegar los compromisos adquiridos por alguna institución.
La LSC y su reglamento norman los procedimientos a seguir correspondientes a la contratación, ascensos, traslados, horarios, evaluaciones, remuneraciones, vacaciones, asuetos y permutas de los empleados públicos. La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC) por su parte es el ente responsable de velar por la adecuada aplicación.
Las Leyes Presupuestarias por su parte establecen un esquema de remuneración salarial sujeto a un Proceso de evaluación. La sostenibilidad financiera es de suma importancia y algunos principios se encuentran establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo 543-2013.
El capítulo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que no se pueden adquirir compromisos sin que existan créditos presupuestarios disponibles para respaldarlos. Asimismo, prohíbe darle a los recursos un uso distinto al destino originalmente establecido, lo cual establece límites al momento de adquirir compromisos de aumentos salariales.
Dentro de los elementos dicho Acuerdo se le da la facultad a la ONSEC y al Ministerio de Finanzas Públicas de revisar la escala de salarios y proponerle al Presidente de la República ajustes. Además, en este Acuerdo se establece un mecanismo de consulta ante la ONSEC y el MINFIN, antes de que cualquier institución se comprometa a otorgar beneficios salariales y económicos a través de la celebración de un pacto colectivo.
Por lo anterior, en el estudio del CIEN se concluye que el derecho a la sindicalización de los trabajadores del Estado está garantizado por ley, lo mismo que a la negociación colectiva y a la búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo. Esto, no obstante, no implica que no puedan limitarse y racionalizarse los beneficios que se obtienen por medio de dicha negociación colectiva.
Por otro lado, el artículo 20 del Código de Trabajo hace esencialmente revisables los pactos colectivos. Esto es necesario si el Estado tiene complicaciones para cumplirlos, puede argumentar ante un Juez la imposibilidad material de cumplir con los compromisos de orden financiero.
Una luz al final del túnel
Benavides añade que en los últimos meses la oposición a que se sigan privilegiando estos pactos ha logrado cambios y avances. ”Los dos que vencieron y se tenía que renegociar, de Salud y Magisterio, están suspendidos porque la Procuraduría General de la Nación (PGN) detuvo las negociaciones y los está analizando”, refiere.
Esto es parte de los compromisos adquiridos el pasado 22 de octubre en la firma del Pacto para el Fortalecimiento Institucional, para lo cual se estableció una mesa técnica conformada por miembros de entidades gubernamentales.
En cuanto a mejorar la eficiencia del sector público, el CIEN propone incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios para que la Administración Pública avance hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados. Además, mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.
También proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los límites establecidos por la ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Por último, los expertos señalan que es importante dar mayor acompañamiento técnico al funcionario público de turno que representa la parte patronal en el proceso de negociación. Esto se debe a que aunque esté en el puesto solo unos años, sus decisiones inciden de manera permanente.
Privilegios sin control
Aunque son 14, a continuación ofrecemos un resumen de los cuatro pactos colectivos más controversiales como ejemplo.
Congreso de la República
Según analistas, la cantidad de trabajadores del Congreso de la República y lo que se debe desembolsar para cumplir con el pacto colectivo que los beneficia no se justifica por la necesidad de un servicio. Se sospecha que hay tráfico de influencias y pago de deudas políticas, además han quedado al descubierto las plazas fantasmas.
En este caso no es posible cuantificar a cuánto asciende el costo de su cumplimiento, pero según datos oficiales, el número de empleados del Congreso de la República alcanzó en 2013 los 2,156, lo que representó ese año un incremento del 106%. Todos son favorecidos con el incremento salarial del 10% anual sobre el último sueldo (Artículo 23).
Entre los beneficios que se pueden mencionar están que el SINTRACOR tiene derecho al pago de un asesor por Q10,000 mensuales; se incrementa el número de días ya que los asuetos de ley son 12 días y las vacaciones 20 días, lo cual hace un total de 32, pero se negociaron 10 más, lo que representa 31% más; existe un bono de antigüedad mensual que puede llegar hasta a Q600; y otros bonos anuales son el vacacional de Q600, un navideño de Q800 y otro también de Q500 por canasta navideña.
Ministerio de Economía
Una de las razones por la que genera más controversia es que en este pacto en el artículo 29 se dispone que al quedar libre una plaza por la jubilación o fallecimiento del titular, se da prioridad para ocupar la misma a familiares del trabajador. Es decir, se puede heredar.
Por otro lado, se incrementa el número de días de descanso que son adicionales a lo que ya establece la Ley de Servicio Civil (LSC). Los asuetos de ley son 12 días y las vacaciones 20 días, lo cual hace un total de 32, pero se negociaron 9 más, lo que representa 28% más.
Luego del primer año y hasta el número 5, a lo anterior se aumenta 1 día más de vacaciones (31%), de 5 a 10 años 3 más (38%), de 10 a 15 años se agregan 8 días más (53%), de 15 a 20 años se suman 10 días más (59%), de 20 años en adelante los días de vacaciones extra son 12, un 66% más de lo que dice la LSC. En total son 53 días de descanso, cuando lo establecido por la ley son de 32.
En cuanto a los sueldos, se estableció que los aumentos salariales serán de 9% anualmente a los empleados de más altos cargos, 11% a los profesionales medios, 16% a los técnicos profesionales y 21% a los trabajadores operativos. Dentro de las prestaciones se incluye el de vivienda para los trabajadores, según el artículo 43.
Otro tema son los bonos, que incluyen por transporte (Q240, Q300, Q360), vacacional (Q1,000), por antigüedad (de Q125 a Q275 dependiendo de los años laborados), bonificación profesional (Q750), y por culminación de estudios (Q1,000, Q1,500 y Q3,000 dependiendo el nivel educativo logrado).
Además, según el artículo 53, se les otorga a los trabajadores 011 y 022 un bono anual de Q10,000. Según los datos publicados por la ONSEC en este ministerio en 2014 laboraban 457 trabajadores (368 bajo el renglón 011 y 89 bajo el 022), por lo que solo dicho bono tiene un costo de Q4.6 millones anuales.
Ministerio de Educación
En el pacto actual de esta dependencia, entre otras cosas se establece un aumento del 30% en forma escalonada de 2013 a 2015. Para el 2012 fue un reajuste salarial de 8%, un 10% para el 2014 y 12% para 2015. Se dice que la firma de este pacto estuvo relacionada con intereses políticos, ya que después de firmarse el STEG empezó a apoyar el gobierno del Partido Patriota.
Según declaró recientemente el ministro Rubén Alfonso Ramírez, solo este año el presupuesto para salarios incluía el aumento del 12%, lo cual equivaldría a Q1,109 millones.
El pacto colectivo, según el Código de Trabajo, se firma entre el patrono y el sindicato con mayor representación, en este caso es STEG, pero pueden adherirse otras agrupaciones (en el MINEDUC existen 45 sindicatos) y los beneficios los gozan todos los trabajadores.
Este pacto viola uno de los artículos de la Ley del Presupuesto al haber negociado pagos de forma multianual, los cuales carecían de un aval sobre disponibilidad financiera de parte del Ministerio de Finanzas.
Se trata de aumentos porcentuales a la base salarial. Sin embargo, dicho aumento es exponencial pues de conformidad con el Decreto 1485 los maestros obtienen un aumento del 25% cada cuatro años, o sea, aumento sobre aumento.
Ministerio de Salud
Este pacto colectivo es de los más complejos y le cuesta más de Q1832 millones al año al país, esto en medio de una crisis en la salud pública que no parece tener fin. En el caso de salud, hay 68 agrupaciones sindicales pero todos se ven beneficiados por un solo pacto colectivo. Aquí apenas se citan algunos ejemplos de los compromisos.
En el artículo 18 respecto al Pacto Colectivo de 2009 incrementaron el plazo del beneficio de inamovilidad después de haber cesado en sus cargos sindicales de 12 a 18 meses.
Otro cambio entre el pacto anterior y el actual son los días de asueto. Además de los establecidos por ley, se otorgan el día del padre, día de la madre, aniversario del SNTSG, día del salubrista, días de cumpleaños, pasándolos al siguiente día hábil cuando caen en fin de semana o asuetos. Además, se otorga 30 días hábiles de vacaciones anuales a todos los trabajadores por el riesgo profesional que corren.
De esa cuenta, en lugar de tener los 12 asuetos de ley y 20 días de vacaciones, que suman 32 días en total, los trabajadores del MSPAS tienen 3 asuetos adicionales y 10 días de vacaciones extra, por lo que en total descansan 45 días al año, un 41% más de lo que establece la Ley de Servicio Civil.
Aunque se eliminó la jubilación temprana que se incluyó anteriormente, se hizo un convenio económico que tiene implicaciones económicas importantes. La incorporación de los bonos al salario base es nuevo respecto al pacto anterior. De esa cuenta, se ha calculado que hay casos que una persona que tiene un sueldo base de Q2,300 puede llegar a ganar hasta Q20 mil con todos los bonos.
Dentro de los nuevos se mencionan los siguientes bonos: por reestructuración administrativa, bonificación específica de salud pública, uno mensual del 20% sobre sueldo base, uno de 10% mensual, del 25% sobre salario inicial. Además, se tienen otros como el bono de antigüedad real, el profesional, por antigüedad y la bonificación 66-2000.
En cuanto al bono por antigüedad real, se incrementan los porcentajes y se acortan los plazos, otorgando un aumento anual luego del primer año. Por ejemplo con 4 años de antigüedad antes era de 4% ahora es del 5%; con 8 años eran de 8% ahora es el 20%; con 12 años de antigüedad antes era de 12% ahora 40%; con 15 años antes era de 20% ahora es de 60%; con 20 años antes era de 25% ahora es de 80%; y con 30 años o más antes era de 35% y ahora 100%.
Otros pagos normados desde antes son el incentivo salarial de Q700 y un incentivo económico por un “trabajo decente” que se negocia cada año; además tienen una compensación económica de un sueldo por cada año de trabajo para quienes se acojan al régimen de clases pasivas, y gozan de una carrera administrativa escalafonaria. En el nuevo pacto se incluyen además el aumento del bono vacacional a Q400, bono navideño de Q300.
En la actualidad, hay 14 pactos colectivos vigentes en las distintas entidades del Estado que otorgan no solamente beneficios económicos sino también de otros tipos. Debido a los problemas que estos han provocado, son muchas las entidades que han levantado la voz de alarma porque es de suma importancia que la población conozca la realidad en cuanto a estos “compromisos”.
Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha hecho investigaciones acerca del tema, una de ellas es La amenaza de los pactos colectivos en el sector público.
“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a práctica de clientelismo, corrupción o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del Gobierno a cambio de los cuales no se obtienen ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco”, afirma David Casasola, analista del CIEN.
El análisis realizado revela que existen tres principales amenazas ante las suscripción de pactos colectivos sin límites. Una es la mala gestión del recurso humano, otra es un futuro desequilibrio financiero y la última la ausencia de términos para otorgar privilegios.
Estos pactos establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño y sin estar enmarcados en la Ley de Servicio Civil.
Provocarán crisis financiera
Quizá la conclusión más alarmante del CIEN es que de no actuar oportunamente en cuanto a los pactos colectivos, en 2 años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos y en 3 colapsaría el Estado.
Calcular el costo de dichos pactos es complicado. Se sabe que el pacto colectivo del Ministerio de Salud costó este año unos Q1,832 millones y el de Educación más de Q1,109 millones, pero las condiciones y la cantidad de trabajadores amparados por los otros pactos son diferentes.
El analista Jorge Benavides, de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), señala que una forma de darse una idea de lo que representan es el hecho que el 37% de los Q70 mil millones del presupuesto actual se usan para pagar salarios, es decir Q25,900 millones. Por otra parte, el 80% de los empleados estatales están sindicalizados, por lo que es esa cifra debe de subir exageradamente cada año pues dichos empleados tienen aumentos de entre 9% y 21%.
Con la ley en la mano
En la práctica no existe mayor control respecto de las obligaciones que adquiere el Estado frente a los trabajadores. Casasola señala que la Constitución Política de la República en su artículo 108 dice que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil (LSC), con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.
No obstante, Casasola señala que se abre un espacio para que a través del establecimiento de pactos colectivos se supere lo normado dentro de la LSC, sin que en la práctica existan criterios mínimos o límites para establecer hasta donde pueden llegar los compromisos adquiridos por alguna institución.
La LSC y su reglamento norman los procedimientos a seguir correspondientes a la contratación, ascensos, traslados, horarios, evaluaciones, remuneraciones, vacaciones, asuetos y permutas de los empleados públicos. La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC) por su parte es el ente responsable de velar por la adecuada aplicación.
Las Leyes Presupuestarias por su parte establecen un esquema de remuneración salarial sujeto a un Proceso de evaluación. La sostenibilidad financiera es de suma importancia y algunos principios se encuentran establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo 543-2013.
El capítulo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que no se pueden adquirir compromisos sin que existan créditos presupuestarios disponibles para respaldarlos. Asimismo, prohíbe darle a los recursos un uso distinto al destino originalmente establecido, lo cual establece límites al momento de adquirir compromisos de aumentos salariales.
Dentro de los elementos dicho Acuerdo se le da la facultad a la ONSEC y al Ministerio de Finanzas Públicas de revisar la escala de salarios y proponerle al Presidente de la República ajustes. Además, en este Acuerdo se establece un mecanismo de consulta ante la ONSEC y el MINFIN, antes de que cualquier institución se comprometa a otorgar beneficios salariales y económicos a través de la celebración de un pacto colectivo.
Por lo anterior, en el estudio del CIEN se concluye que el derecho a la sindicalización de los trabajadores del Estado está garantizado por ley, lo mismo que a la negociación colectiva y a la búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo. Esto, no obstante, no implica que no puedan limitarse y racionalizarse los beneficios que se obtienen por medio de dicha negociación colectiva.
Por otro lado, el artículo 20 del Código de Trabajo hace esencialmente revisables los pactos colectivos. Esto es necesario si el Estado tiene complicaciones para cumplirlos, puede argumentar ante un Juez la imposibilidad material de cumplir con los compromisos de orden financiero.
Una luz al final del túnel
Benavides añade que en los últimos meses la oposición a que se sigan privilegiando estos pactos ha logrado cambios y avances. ”Los dos que vencieron y se tenía que renegociar, de Salud y Magisterio, están suspendidos porque la Procuraduría General de la Nación (PGN) detuvo las negociaciones y los está analizando”, refiere.
Esto es parte de los compromisos adquiridos el pasado 22 de octubre en la firma del Pacto para el Fortalecimiento Institucional, para lo cual se estableció una mesa técnica conformada por miembros de entidades gubernamentales.
En cuanto a mejorar la eficiencia del sector público, el CIEN propone incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios para que la Administración Pública avance hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados. Además, mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.
También proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los límites establecidos por la ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Por último, los expertos señalan que es importante dar mayor acompañamiento técnico al funcionario público de turno que representa la parte patronal en el proceso de negociación. Esto se debe a que aunque esté en el puesto solo unos años, sus decisiones inciden de manera permanente.
Privilegios sin control
Aunque son 14, a continuación ofrecemos un resumen de los cuatro pactos colectivos más controversiales como ejemplo.
Congreso de la República
Según analistas, la cantidad de trabajadores del Congreso de la República y lo que se debe desembolsar para cumplir con el pacto colectivo que los beneficia no se justifica por la necesidad de un servicio. Se sospecha que hay tráfico de influencias y pago de deudas políticas, además han quedado al descubierto las plazas fantasmas.
En este caso no es posible cuantificar a cuánto asciende el costo de su cumplimiento, pero según datos oficiales, el número de empleados del Congreso de la República alcanzó en 2013 los 2,156, lo que representó ese año un incremento del 106%. Todos son favorecidos con el incremento salarial del 10% anual sobre el último sueldo (Artículo 23).
Entre los beneficios que se pueden mencionar están que el SINTRACOR tiene derecho al pago de un asesor por Q10,000 mensuales; se incrementa el número de días ya que los asuetos de ley son 12 días y las vacaciones 20 días, lo cual hace un total de 32, pero se negociaron 10 más, lo que representa 31% más; existe un bono de antigüedad mensual que puede llegar hasta a Q600; y otros bonos anuales son el vacacional de Q600, un navideño de Q800 y otro también de Q500 por canasta navideña.
Ministerio de Economía
Una de las razones por la que genera más controversia es que en este pacto en el artículo 29 se dispone que al quedar libre una plaza por la jubilación o fallecimiento del titular, se da prioridad para ocupar la misma a familiares del trabajador. Es decir, se puede heredar.
Por otro lado, se incrementa el número de días de descanso que son adicionales a lo que ya establece la Ley de Servicio Civil (LSC). Los asuetos de ley son 12 días y las vacaciones 20 días, lo cual hace un total de 32, pero se negociaron 9 más, lo que representa 28% más.
Luego del primer año y hasta el número 5, a lo anterior se aumenta 1 día más de vacaciones (31%), de 5 a 10 años 3 más (38%), de 10 a 15 años se agregan 8 días más (53%), de 15 a 20 años se suman 10 días más (59%), de 20 años en adelante los días de vacaciones extra son 12, un 66% más de lo que dice la LSC. En total son 53 días de descanso, cuando lo establecido por la ley son de 32.
En cuanto a los sueldos, se estableció que los aumentos salariales serán de 9% anualmente a los empleados de más altos cargos, 11% a los profesionales medios, 16% a los técnicos profesionales y 21% a los trabajadores operativos. Dentro de las prestaciones se incluye el de vivienda para los trabajadores, según el artículo 43.
Otro tema son los bonos, que incluyen por transporte (Q240, Q300, Q360), vacacional (Q1,000), por antigüedad (de Q125 a Q275 dependiendo de los años laborados), bonificación profesional (Q750), y por culminación de estudios (Q1,000, Q1,500 y Q3,000 dependiendo el nivel educativo logrado).
Además, según el artículo 53, se les otorga a los trabajadores 011 y 022 un bono anual de Q10,000. Según los datos publicados por la ONSEC en este ministerio en 2014 laboraban 457 trabajadores (368 bajo el renglón 011 y 89 bajo el 022), por lo que solo dicho bono tiene un costo de Q4.6 millones anuales.
Ministerio de Educación
En el pacto actual de esta dependencia, entre otras cosas se establece un aumento del 30% en forma escalonada de 2013 a 2015. Para el 2012 fue un reajuste salarial de 8%, un 10% para el 2014 y 12% para 2015. Se dice que la firma de este pacto estuvo relacionada con intereses políticos, ya que después de firmarse el STEG empezó a apoyar el gobierno del Partido Patriota.
Según declaró recientemente el ministro Rubén Alfonso Ramírez, solo este año el presupuesto para salarios incluía el aumento del 12%, lo cual equivaldría a Q1,109 millones.
El pacto colectivo, según el Código de Trabajo, se firma entre el patrono y el sindicato con mayor representación, en este caso es STEG, pero pueden adherirse otras agrupaciones (en el MINEDUC existen 45 sindicatos) y los beneficios los gozan todos los trabajadores.
Este pacto viola uno de los artículos de la Ley del Presupuesto al haber negociado pagos de forma multianual, los cuales carecían de un aval sobre disponibilidad financiera de parte del Ministerio de Finanzas.
Se trata de aumentos porcentuales a la base salarial. Sin embargo, dicho aumento es exponencial pues de conformidad con el Decreto 1485 los maestros obtienen un aumento del 25% cada cuatro años, o sea, aumento sobre aumento.
Ministerio de Salud
Este pacto colectivo es de los más complejos y le cuesta más de Q1832 millones al año al país, esto en medio de una crisis en la salud pública que no parece tener fin. En el caso de salud, hay 68 agrupaciones sindicales pero todos se ven beneficiados por un solo pacto colectivo. Aquí apenas se citan algunos ejemplos de los compromisos.
En el artículo 18 respecto al Pacto Colectivo de 2009 incrementaron el plazo del beneficio de inamovilidad después de haber cesado en sus cargos sindicales de 12 a 18 meses.
Otro cambio entre el pacto anterior y el actual son los días de asueto. Además de los establecidos por ley, se otorgan el día del padre, día de la madre, aniversario del SNTSG, día del salubrista, días de cumpleaños, pasándolos al siguiente día hábil cuando caen en fin de semana o asuetos. Además, se otorga 30 días hábiles de vacaciones anuales a todos los trabajadores por el riesgo profesional que corren.
De esa cuenta, en lugar de tener los 12 asuetos de ley y 20 días de vacaciones, que suman 32 días en total, los trabajadores del MSPAS tienen 3 asuetos adicionales y 10 días de vacaciones extra, por lo que en total descansan 45 días al año, un 41% más de lo que establece la Ley de Servicio Civil.
Aunque se eliminó la jubilación temprana que se incluyó anteriormente, se hizo un convenio económico que tiene implicaciones económicas importantes. La incorporación de los bonos al salario base es nuevo respecto al pacto anterior. De esa cuenta, se ha calculado que hay casos que una persona que tiene un sueldo base de Q2,300 puede llegar a ganar hasta Q20 mil con todos los bonos.
Dentro de los nuevos se mencionan los siguientes bonos: por reestructuración administrativa, bonificación específica de salud pública, uno mensual del 20% sobre sueldo base, uno de 10% mensual, del 25% sobre salario inicial. Además, se tienen otros como el bono de antigüedad real, el profesional, por antigüedad y la bonificación 66-2000.
En cuanto al bono por antigüedad real, se incrementan los porcentajes y se acortan los plazos, otorgando un aumento anual luego del primer año. Por ejemplo con 4 años de antigüedad antes era de 4% ahora es del 5%; con 8 años eran de 8% ahora es el 20%; con 12 años de antigüedad antes era de 12% ahora 40%; con 15 años antes era de 20% ahora es de 60%; con 20 años antes era de 25% ahora es de 80%; y con 30 años o más antes era de 35% y ahora 100%.
Otros pagos normados desde antes son el incentivo salarial de Q700 y un incentivo económico por un “trabajo decente” que se negocia cada año; además tienen una compensación económica de un sueldo por cada año de trabajo para quienes se acojan al régimen de clases pasivas, y gozan de una carrera administrativa escalafonaria. En el nuevo pacto se incluyen además el aumento del bono vacacional a Q400, bono navideño de Q300.
