EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La cúpula empresarial en el país afirma que primero es necesario tener certeza que el destino final de los impuestos será el programado y que no habrá un mal uso de estos en su ejecución, esto luego de las declaraciones vertidas por altos funcionarios extranjeros que hablan sobre un nuevo tributo para cuestiones de seguridad.
La reorganización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la depuración del Congreso, la certeza de que no habrá corrupción (incluidas las plazas fantasma en el Ejecutivo), entre otros aspectos, son las demandas de los empresarios aglutinados en las principales cámaras y organizaciones del país.
Para Pelayo Llarena, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y presidente de la Cámara de la Construcción “todas las cosas deben llevar un orden” y describió que el sector empresarial tiene un gran gasto en seguridad y serían los primeros en pagar un impuesto que la garantice.
“Se ha demostrado en años anteriores que los impuestos no van a su destino final y son malgastados. Primero hay que limpiar y ordenar la casa antes de hablar de nuevos tributos” y ejemplificó casos como el ocurrido con el tributo al cemento que no llegó al Fondo para la Vivienda (Fopavi).
Citó que lo mismo ocurre con el impuesto colocado al combustible, consistente en Q1 por cada galón que se comercializa, que sería para mantenimiento de carreteras, pero eso no se observa. “Estamos hablando de impuestos de un destino específico que ya no llega y esos son dos ejemplos claros”, aseveró.
Llarena considera que por el momento lo más importante es depurar el Congreso de la República, organismo que se coloca como ejemplo del mal uso de los recursos en boca de empresarios y sociedad civil y en segunda instancia el Ejecutivo, lugar en donde se evidenció la existencia de plazas fantasmas que se pagaban efectivamente, con los recursos provenientes de los contribuyentes.
“Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la administración pública y seremos los primeros en pagar un impuesto”. Aseguró Pelayo Llarena, vicepresidente del Cacif.
Para Juan Carlos Zapata, directivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), lo primero que debe implementarse es un análisis de la estructura tributaria del país. “Vemos una SAT muy débil, tenemos que aumentar la carga tributaria y fortalecer la recaudación fiscal”, expuso.
Agregó: “Lo que vemos es una ineficiencia por parte de las instituciones, especialmente de la SAT para elevar la recaudación fiscal, porque no se ha visto un incremento de la recaudación así como ocurrió cuando se capturaron en el caso La Línea”.
Zapata recordó que hay impuestos que pueden ser más eficientes y que aumentar la recaudación fiscal también implica ampliar la base tributaria.
“Recordemos que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de los más bajos en la región”, indica Juan Carlos Zapata de Fundesa.
Discusión adelantada
Para Marielos Fuentes de Guatemala Visible (GV), al abordar este tema “estamos adelantándonos en una discusión que debería darse lugar cuando el Estado decida poner el impuesto, porque es una sugerencia de una institución que no forma parte de las organizaciones de nuestro país”.
“Es una sugerencia del Comisionado (Velásquez) que con todo respeto se sugiere, pero de ninguna manera está aprobado y no hay certeza que vaya a suceder.
“Coincido en que deberíamos estar muy conscientes de los problemas que comenzaron en el país con el mal uso que se le dio precisamente a los impuestos”, dice Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible.
La analista remarcó en que tenemos como tarea la reorganización de la SAT, tener buenos perfiles al mando de esa institución y de ahí ya podemos hablar de cualquier impuesto, finalizó Fuentes.
Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), adelantó que lo principal es que el Gobierno tenga claras las prioridades de acuerdo a la Constitución y citó los artículos 1 y 2 de la Carta Magna que se refieren a la protección a la persona y los deberes del Estado.
El objetivo según el experto es garantizarle a los habitantes la vida, libertad, justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y finalizó con que no alcanzan los recursos para gastos superfluos o de poca prioridad.
“Mientras no lo tengamos claro, la Constitución lo dice todo. Me parece que se pierden en las ramas”. Hugo Maúl, del CIEN.
La cúpula empresarial en el país afirma que primero es necesario tener certeza que el destino final de los impuestos será el programado y que no habrá un mal uso de estos en su ejecución, esto luego de las declaraciones vertidas por altos funcionarios extranjeros que hablan sobre un nuevo tributo para cuestiones de seguridad.
La reorganización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la depuración del Congreso, la certeza de que no habrá corrupción (incluidas las plazas fantasma en el Ejecutivo), entre otros aspectos, son las demandas de los empresarios aglutinados en las principales cámaras y organizaciones del país.
Para Pelayo Llarena, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y presidente de la Cámara de la Construcción “todas las cosas deben llevar un orden” y describió que el sector empresarial tiene un gran gasto en seguridad y serían los primeros en pagar un impuesto que la garantice.
“Se ha demostrado en años anteriores que los impuestos no van a su destino final y son malgastados. Primero hay que limpiar y ordenar la casa antes de hablar de nuevos tributos” y ejemplificó casos como el ocurrido con el tributo al cemento que no llegó al Fondo para la Vivienda (Fopavi).
Citó que lo mismo ocurre con el impuesto colocado al combustible, consistente en Q1 por cada galón que se comercializa, que sería para mantenimiento de carreteras, pero eso no se observa. “Estamos hablando de impuestos de un destino específico que ya no llega y esos son dos ejemplos claros”, aseveró.
Llarena considera que por el momento lo más importante es depurar el Congreso de la República, organismo que se coloca como ejemplo del mal uso de los recursos en boca de empresarios y sociedad civil y en segunda instancia el Ejecutivo, lugar en donde se evidenció la existencia de plazas fantasmas que se pagaban efectivamente, con los recursos provenientes de los contribuyentes.
“Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la administración pública y seremos los primeros en pagar un impuesto”. Aseguró Pelayo Llarena, vicepresidente del Cacif.
Para Juan Carlos Zapata, directivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), lo primero que debe implementarse es un análisis de la estructura tributaria del país. “Vemos una SAT muy débil, tenemos que aumentar la carga tributaria y fortalecer la recaudación fiscal”, expuso.
Agregó: “Lo que vemos es una ineficiencia por parte de las instituciones, especialmente de la SAT para elevar la recaudación fiscal, porque no se ha visto un incremento de la recaudación así como ocurrió cuando se capturaron en el caso La Línea”.
Zapata recordó que hay impuestos que pueden ser más eficientes y que aumentar la recaudación fiscal también implica ampliar la base tributaria.
“Recordemos que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de los más bajos en la región”, indica Juan Carlos Zapata de Fundesa.
Discusión adelantada
Para Marielos Fuentes de Guatemala Visible (GV), al abordar este tema “estamos adelantándonos en una discusión que debería darse lugar cuando el Estado decida poner el impuesto, porque es una sugerencia de una institución que no forma parte de las organizaciones de nuestro país”.
“Es una sugerencia del Comisionado (Velásquez) que con todo respeto se sugiere, pero de ninguna manera está aprobado y no hay certeza que vaya a suceder.
“Coincido en que deberíamos estar muy conscientes de los problemas que comenzaron en el país con el mal uso que se le dio precisamente a los impuestos”, dice Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible.
La analista remarcó en que tenemos como tarea la reorganización de la SAT, tener buenos perfiles al mando de esa institución y de ahí ya podemos hablar de cualquier impuesto, finalizó Fuentes.
Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), adelantó que lo principal es que el Gobierno tenga claras las prioridades de acuerdo a la Constitución y citó los artículos 1 y 2 de la Carta Magna que se refieren a la protección a la persona y los deberes del Estado.
El objetivo según el experto es garantizarle a los habitantes la vida, libertad, justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y finalizó con que no alcanzan los recursos para gastos superfluos o de poca prioridad.
“Mientras no lo tengamos claro, la Constitución lo dice todo. Me parece que se pierden en las ramas”. Hugo Maúl, del CIEN.
