EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Sin duda en Guatemala están ocurriendo bastantes cambios en poco tiempo. Son muchos los temas que deben irse analizando y mejorando. Uno de ellos son los subsidios.
En los últimos días se ha discutido acerca de la Tarifa Social en el servicio eléctrico. Aunque se concibió en el gobierno de Alfonso Portillo para beneficiar a los más necesitados, con el paso de los años llegó a beneficiar a más de dos millones de familias.
Según el analista de la firma IDC Carlos Colom, este es un tema que hay que analizar integralmente, sobre todo porque las condiciones en el país han cambiado desde que se implementó esta ayuda social en 1998.
Los precios de la energía eléctrica han bajado en los últimos meses y podría seguir bajando gracias al cambio en la matriz energética. Por esa razón, se calcula que unos 500 mil de los consumidores subsidiados tiene la capacidad de pagar el precio real de la energía eléctrica.
“Por supuesto que hay que seguir apoyando a quienes más lo necesitan pero con otro enfoque. Este es un momento oportuno para hacer cambios ya que la factura de los usuarios ha bajado hasta en un 45 por ciento”, considera Colom.
Sin embargo, los ajustes que intenta hacer el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en la Tarifa Social no fueron bienvenidos por la opinión pública, quizá porque los anunciaron apenas unos días antes de hacerlos efectivos. Como consecuencia, el presidente Alejandro Maldonado, quien dijo no estar informado, pidió que se suspendiera dicha acción y que se analizara mejor la situación.
Y efectivamente el tema necesita un análisis más amplio. “Sobre todo quienes se verán afectados deben informarse y comprender el por qué es necesario hacer los cambios propuestos”, dice Colom.
Cambiar o quebrar
Cada año el INDE desembolsa unos Q1,400 millones por concepto de subsidio y debido a que la población aumenta esa ayuda crece en un 3.5% anualmente. Jorge Stalling, gerente de dicha entidad, ha informado que desde 1998, cuando se creó la tarifa social, se han erogado Q10,300 millones que equivalen a casi la construcción de dos plantas del tamaño de Chixoy.
De acuerdo a estos datos, Colom refiere que al dar este subsidio como hasta ahora se ayuda solamente a quienes ya tienen el servicio de energía eléctrica, pero no se apoya a quienes todavía no tienen acceso. “Todos los recursos son finitos, no pueden hacer mayor inversión en el área rural para generación o electrificación porque no tienen con qué”, asegura.
Siendo el presupuesto del INDE Q3,300 millones es de considerar que el subsidio ha llegado a consumir el 40 por ciento.
Stalling ha declarado a los medios que sino se cambia el panorama en dos años dicha institución estaría quebrada. Informó que el momento se adelantó por la falta de lluvias este año que afectó la generación en las hidroeléctricas.
Un agravante a esta situación son las deudas de algunas empresas eléctricas municipales que llegan a los Q400 millones. El monto acumulado es de Q1,700 millones, siendo los principales deudores Quetzaltenango y Huehuetenango.
Aunque pareciera ser reciente, desde el 2012 se viene analizando la situación y como consecuencia hace unas semanas una reestructuración de la tarifa social fue aprobada por la Junta Directiva del INDE.
Parte del problema es que desde que se creó dicho subsidio, el Ministerio de Finanzas no incluye el monto para cubrirlo dentro del Presupuesto del Estado de manera transparente, en cambio que se le carga al presupuesto del INDE. Esto quizá para ocultar el costo de las políticas sociales.
Carmen Urízar, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), declaró que este subsidio debería salir del Presupuesto General de la Nación.
Colom coincide en que es conveniente que los fondos para ayudar a los más pobres provengan del Estado y no del INDE. “En realidad a largo plazo ha sido más costoso mantener este subsidio por 17 años que haber usado esos recursos para invertir en darle más acceso al área rural”.
Cómo es la reestructuración
Según informa el INDE, la Secretaría de Planificación y Programación (Segeplan) luego de hacer un análisis les informó que el modelo actual es insostenible. Entonces con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), hizo una correlación de quienes viven en pobreza general y pobreza extrema y el consumo de energía eléctrica.
El resultado es que un usuario en pobreza extrema llega a consumir hasta 58 kWh al mes y uno de pobreza general consume hasta 76 kWh mes. Arriba de esta cifra son usuarios que tienen capacidad de pagar el precio de la energía, especialmente ahora que las tarifas se han reducido de 30% a 45% por la diversificación de la matriz energética.
Mediante un comunicado de prensa, el INDE informó que los usuarios que consumen de 76 a 100 kilovatios hora mes (kWh/mes) percibirán un incremento de 12 centavos por kWh/mes cada trimestre hasta alcanzar la tarifa de Q1.73.
Mientras que para los usuarios de energía en el occidente del país (Deocsa) el alza será de 11 centavos por kWh/mes cada trimestre hasta llegar a un precio de Q1.65.
En el caso del segmento de 76 a 100 kWh, el incremento es de Q4 en factura mensual para la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y de Q9 en promedio para Energuate.
Según Energuate, el rango de consumo de 0 a 50 kWh/mes se amplía hasta los 58 kWh/mes, mientras que quienes consumen entre 59 y 75 mantienen en el corto plazo el beneficio de 75 centavos por kWh/mes.
Los usuarios percibirán un aumento trimestral de 16% en su factura, y el incremento acumulado hasta agosto del 2017 sería de 126% respecto al monto que se aplica en la actualidad.
Stalling lo ha resumido diciendo que a partir de diciembre quienes consumen más de 76 kilovatios hora (kWh) mes comenzarán a ver un incremento en su factura que cada trimestre, por los próximos dos años, será entre Q4 en promedio por lo que al final de los 24 meses el alza sería de aproximadamente Q32.
Con el escalonamiento se estima que se ahorrará de Q2.5 millones a Q3 millones al mes. Stalling ha dicho que es un ahorro pequeño ya que no son medidas drásticas las que se están tomando.
Subsidios ¿sí o no?
Según el INDE, al revisar los subsidios que se aplican en otros países y compararlos con Guatemala se ve que hay una aplicación demasiado amplia en nuestro país. Por esa razón, se está ayudando a personas que no lo necesitan, dejando de lado a quienes ni siquiera tienen acceso a la energía.
Colom considera que si el Estado quiere seguir con una política subsidiaria debe hacerlo de otra manera, sobre obteniendo los fondos de otras fuentes.
Sin embargo, ve peligro en los manejos que se puedan hacer de los fondos destinados para este fin. “Un ejemplo es el transporte cuyo subsidio es necesario pero no llega a los usuarios”, considera.
Por esa razón es muy importante vigilar de dónde salen los recursos y quién los maneja para evitar la corrupción que se ha visto en varias de estas ayudas.
Con respecto a la Tarifa social, Velásquez señala que al parecer los estudios y cálculos del INDE son correctos, por lo que se necesitan dichos ajustes. Coincide en que debe informarse a detalle a la población del por qué de los cambios para crear conciencia de que se debe favorecer solo a los más necesitados.
Sin duda en Guatemala están ocurriendo bastantes cambios en poco tiempo. Son muchos los temas que deben irse analizando y mejorando. Uno de ellos son los subsidios.
En los últimos días se ha discutido acerca de la Tarifa Social en el servicio eléctrico. Aunque se concibió en el gobierno de Alfonso Portillo para beneficiar a los más necesitados, con el paso de los años llegó a beneficiar a más de dos millones de familias.
Según el analista de la firma IDC Carlos Colom, este es un tema que hay que analizar integralmente, sobre todo porque las condiciones en el país han cambiado desde que se implementó esta ayuda social en 1998.
Los precios de la energía eléctrica han bajado en los últimos meses y podría seguir bajando gracias al cambio en la matriz energética. Por esa razón, se calcula que unos 500 mil de los consumidores subsidiados tiene la capacidad de pagar el precio real de la energía eléctrica.
“Por supuesto que hay que seguir apoyando a quienes más lo necesitan pero con otro enfoque. Este es un momento oportuno para hacer cambios ya que la factura de los usuarios ha bajado hasta en un 45 por ciento”, considera Colom.
Sin embargo, los ajustes que intenta hacer el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en la Tarifa Social no fueron bienvenidos por la opinión pública, quizá porque los anunciaron apenas unos días antes de hacerlos efectivos. Como consecuencia, el presidente Alejandro Maldonado, quien dijo no estar informado, pidió que se suspendiera dicha acción y que se analizara mejor la situación.
Y efectivamente el tema necesita un análisis más amplio. “Sobre todo quienes se verán afectados deben informarse y comprender el por qué es necesario hacer los cambios propuestos”, dice Colom.
Cambiar o quebrar
Cada año el INDE desembolsa unos Q1,400 millones por concepto de subsidio y debido a que la población aumenta esa ayuda crece en un 3.5% anualmente. Jorge Stalling, gerente de dicha entidad, ha informado que desde 1998, cuando se creó la tarifa social, se han erogado Q10,300 millones que equivalen a casi la construcción de dos plantas del tamaño de Chixoy.
De acuerdo a estos datos, Colom refiere que al dar este subsidio como hasta ahora se ayuda solamente a quienes ya tienen el servicio de energía eléctrica, pero no se apoya a quienes todavía no tienen acceso. “Todos los recursos son finitos, no pueden hacer mayor inversión en el área rural para generación o electrificación porque no tienen con qué”, asegura.
Siendo el presupuesto del INDE Q3,300 millones es de considerar que el subsidio ha llegado a consumir el 40 por ciento.
Stalling ha declarado a los medios que sino se cambia el panorama en dos años dicha institución estaría quebrada. Informó que el momento se adelantó por la falta de lluvias este año que afectó la generación en las hidroeléctricas.
Un agravante a esta situación son las deudas de algunas empresas eléctricas municipales que llegan a los Q400 millones. El monto acumulado es de Q1,700 millones, siendo los principales deudores Quetzaltenango y Huehuetenango.
Aunque pareciera ser reciente, desde el 2012 se viene analizando la situación y como consecuencia hace unas semanas una reestructuración de la tarifa social fue aprobada por la Junta Directiva del INDE.
Parte del problema es que desde que se creó dicho subsidio, el Ministerio de Finanzas no incluye el monto para cubrirlo dentro del Presupuesto del Estado de manera transparente, en cambio que se le carga al presupuesto del INDE. Esto quizá para ocultar el costo de las políticas sociales.
Carmen Urízar, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), declaró que este subsidio debería salir del Presupuesto General de la Nación.
Colom coincide en que es conveniente que los fondos para ayudar a los más pobres provengan del Estado y no del INDE. “En realidad a largo plazo ha sido más costoso mantener este subsidio por 17 años que haber usado esos recursos para invertir en darle más acceso al área rural”.
Cómo es la reestructuración
Según informa el INDE, la Secretaría de Planificación y Programación (Segeplan) luego de hacer un análisis les informó que el modelo actual es insostenible. Entonces con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), hizo una correlación de quienes viven en pobreza general y pobreza extrema y el consumo de energía eléctrica.
El resultado es que un usuario en pobreza extrema llega a consumir hasta 58 kWh al mes y uno de pobreza general consume hasta 76 kWh mes. Arriba de esta cifra son usuarios que tienen capacidad de pagar el precio de la energía, especialmente ahora que las tarifas se han reducido de 30% a 45% por la diversificación de la matriz energética.
Mediante un comunicado de prensa, el INDE informó que los usuarios que consumen de 76 a 100 kilovatios hora mes (kWh/mes) percibirán un incremento de 12 centavos por kWh/mes cada trimestre hasta alcanzar la tarifa de Q1.73.
Mientras que para los usuarios de energía en el occidente del país (Deocsa) el alza será de 11 centavos por kWh/mes cada trimestre hasta llegar a un precio de Q1.65.
En el caso del segmento de 76 a 100 kWh, el incremento es de Q4 en factura mensual para la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y de Q9 en promedio para Energuate.
Según Energuate, el rango de consumo de 0 a 50 kWh/mes se amplía hasta los 58 kWh/mes, mientras que quienes consumen entre 59 y 75 mantienen en el corto plazo el beneficio de 75 centavos por kWh/mes.
Los usuarios percibirán un aumento trimestral de 16% en su factura, y el incremento acumulado hasta agosto del 2017 sería de 126% respecto al monto que se aplica en la actualidad.
Stalling lo ha resumido diciendo que a partir de diciembre quienes consumen más de 76 kilovatios hora (kWh) mes comenzarán a ver un incremento en su factura que cada trimestre, por los próximos dos años, será entre Q4 en promedio por lo que al final de los 24 meses el alza sería de aproximadamente Q32.
Con el escalonamiento se estima que se ahorrará de Q2.5 millones a Q3 millones al mes. Stalling ha dicho que es un ahorro pequeño ya que no son medidas drásticas las que se están tomando.
Subsidios ¿sí o no?
Según el INDE, al revisar los subsidios que se aplican en otros países y compararlos con Guatemala se ve que hay una aplicación demasiado amplia en nuestro país. Por esa razón, se está ayudando a personas que no lo necesitan, dejando de lado a quienes ni siquiera tienen acceso a la energía.
Colom considera que si el Estado quiere seguir con una política subsidiaria debe hacerlo de otra manera, sobre obteniendo los fondos de otras fuentes.
Sin embargo, ve peligro en los manejos que se puedan hacer de los fondos destinados para este fin. “Un ejemplo es el transporte cuyo subsidio es necesario pero no llega a los usuarios”, considera.
Por esa razón es muy importante vigilar de dónde salen los recursos y quién los maneja para evitar la corrupción que se ha visto en varias de estas ayudas.
Con respecto a la Tarifa social, Velásquez señala que al parecer los estudios y cálculos del INDE son correctos, por lo que se necesitan dichos ajustes. Coincide en que debe informarse a detalle a la población del por qué de los cambios para crear conciencia de que se debe favorecer solo a los más necesitados.
