EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La polémica acerca de bajar o no el monto total del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, establecido en Q72,430 millones, ha ganado titulares. Incluso, diputados de la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) dijeron que podría incluso reducirse a Q52 mil millones.
Voceros del Ministerio de Finanzas Públicas han declarado que esto no es posible, pues en términos generales la asignación para el próximo año es prácticamente la misma que la de 2015. Además, la cifra propuesta es resultado de un proceso técnico que han hecho todas las unidades ejecutoras.
Las mismas fuentes explicaron que luego de contar con la estimación de ingresos, se distribuyen los gastos en cumplimiento de lo establecido en la Constitución, así como en la estimación de nóminas, los compromisos de servicio de la deuda púbica y los gastos de inversión financiados con préstamos o emisión de bonos.
Propuestas de analistas
Otro ángulo de la discusión con los rubros a los que se asignarán esos recursos. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que los escenarios de no aprobación del presupuesto para 2016, o aquellos que aboguen por su reducción sin fundamentos técnicos, económicos y sociales, o la aprobación sin una reorientación del proyecto enviado por el Organismo Ejecutivo, son opciones políticas que debilitan las funciones del presupuesto público y no ofrecen una respuesta legítima frente a la ciudadanía que exige tanto luchar contra la corrupción como mejorar los servicios públicos.
Por esa razón el Icefi insta a que se impulse un proyecto de presupuesto sólidamente fundamentado y con respaldo técnico. Debe enfocarse en una revisión minuciosa del presupuesto de gastos para identificar y eliminar asignaciones recurrentes injustificadas e ineficientes, gastos superfluos, así como aquellas que representen focos de corrupción fuera del alcance de los controles vigentes, tal el caso de los fideicomisos.
También consideran necesario revisar las asignaciones de inversión social prioritaria, identificando las necesidades de recursos para el cumplimiento de obligaciones constitucionales básicas. “Son inaceptables las disminuciones del presupuesto para la salud, la atención a la desnutrición y la educación básica, entre otros, así como las insuficientes asignaciones para la aplicación de la justicia y el Ministerio Público”, manifiestan.
El Icefi asegura que es necesaria la depuración de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, así como más transparencia y apertura a la participación de toda persona o entidad interesada. Con esto se propone que los cambios que lleguen a aplicarse al proyecto de presupuesto sean resultado de análisis técnico integral, de un diálogo transparente y participativo, así como de una voluntad política que concrete la búsqueda del bien común.
La polémica acerca de bajar o no el monto total del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, establecido en Q72,430 millones, ha ganado titulares. Incluso, diputados de la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) dijeron que podría incluso reducirse a Q52 mil millones.
Voceros del Ministerio de Finanzas Públicas han declarado que esto no es posible, pues en términos generales la asignación para el próximo año es prácticamente la misma que la de 2015. Además, la cifra propuesta es resultado de un proceso técnico que han hecho todas las unidades ejecutoras.
Las mismas fuentes explicaron que luego de contar con la estimación de ingresos, se distribuyen los gastos en cumplimiento de lo establecido en la Constitución, así como en la estimación de nóminas, los compromisos de servicio de la deuda púbica y los gastos de inversión financiados con préstamos o emisión de bonos.
Propuestas de analistas
Otro ángulo de la discusión con los rubros a los que se asignarán esos recursos. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que los escenarios de no aprobación del presupuesto para 2016, o aquellos que aboguen por su reducción sin fundamentos técnicos, económicos y sociales, o la aprobación sin una reorientación del proyecto enviado por el Organismo Ejecutivo, son opciones políticas que debilitan las funciones del presupuesto público y no ofrecen una respuesta legítima frente a la ciudadanía que exige tanto luchar contra la corrupción como mejorar los servicios públicos.
Por esa razón el Icefi insta a que se impulse un proyecto de presupuesto sólidamente fundamentado y con respaldo técnico. Debe enfocarse en una revisión minuciosa del presupuesto de gastos para identificar y eliminar asignaciones recurrentes injustificadas e ineficientes, gastos superfluos, así como aquellas que representen focos de corrupción fuera del alcance de los controles vigentes, tal el caso de los fideicomisos.
También consideran necesario revisar las asignaciones de inversión social prioritaria, identificando las necesidades de recursos para el cumplimiento de obligaciones constitucionales básicas. “Son inaceptables las disminuciones del presupuesto para la salud, la atención a la desnutrición y la educación básica, entre otros, así como las insuficientes asignaciones para la aplicación de la justicia y el Ministerio Público”, manifiestan.
El Icefi asegura que es necesaria la depuración de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, así como más transparencia y apertura a la participación de toda persona o entidad interesada. Con esto se propone que los cambios que lleguen a aplicarse al proyecto de presupuesto sean resultado de análisis técnico integral, de un diálogo transparente y participativo, así como de una voluntad política que concrete la búsqueda del bien común.
