EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este miércoles se conoció que la empresa internacional Millicom International Cellular reportó a las autoridades posibles pagos impropios en su nombre en nuestro país por parte de su filial comercial, Tigo (Comunicaciones Celulares, S.A. Comcel). Esto coincide con otras denuncias e investigaciones de posibles hechos indebidos realizados por la empresa guatemalteca en nuestro país.
Ambas empresas son socias comerciales, aunque la operación de Comcel en Guatemala es propiedad en un 45 por ciento por guatemaltecos, trascendió que Millicom posee el 55 por ciento de dicha operación.
Milicom dio a conocer que ha reportado a las autoridades correspondientes en Estados Unidos y Suecia acerca de dichos pagos. Un comité especial de directores tomaron esta decisión basados en una investigación independiente que está siendo revisada por ellos y que fue dirigida por firma internacional de abogados Covinton & Burling LLP, con la ayuda de de un equipo de la gerencia de Millicom.
Según dieron a conocer agencias y medios internacionales de noticias, Millicom está comprometida a colaborar totalmente con las autoridades. Sin embargo, aclaran que no es posible en esta ocasión predecir lo que sucederá ni cuánto tiempo durará el proceso. Reiteran que esta empresa está comprometida con los estándares más altos de ética y el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables en cada mercado en el cual operan. Milicom ha declarado que no están dando más detalles de la investigación porque está en curso.
Millicom es una empresa líder en telecomunicaciones y medios que se trabaja en medios emergentes de Latinoamérica. Provee servicios innovadores y centrados en el estilo de vida digital a los mercados más grandes. Fue fundada en 1990 y tiene su sede en Luxemburgo, está listada en el NASDAQ OMX Stockholm bajo el símbolo MIC.
El Grupo Millicom está sujeto a regulaciones bursátiles a las cuales se debe someter. Trascendió en las últimas horas que sus acciones han caído más de 10 puntos porcentuales, se presume que es por el escándalo donde está involucrada la empresa Tigo-Guatemala.
Según ha declarado a los medios de comunicación Manuel Sisniega, director del Departamento Legal de Tigo, ya fueron informados de esta situación por medio de un correo. También asegura que no saben a qué se están refiriendo específicamente. “Nuestra postura es que estamos abiertos a cualquier investigación y que nos conducimos con prácticas integras y éticas”, manifestó.
Dijo además que velarán por garantizar que se trate de una investigación “objetiva e íntegra”, asegurando además que dicha empresa no se presta a actividades ilegales.
¿Serán estos los orígenes de dichos pagos “impropios”?
Al conocerse estas denuncias e investigaciones, se puede suponer que esto podría estar relacionado con otros asuntos controversiales en nuestro país, sobre todo durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente preso. Aparentemente, dicha empresa estaría involucrada en varios “negocios” gubernamentales.
Una de ellas fue cuando de los siete contratos de arrendamiento de videocámaras de vigilancia en el Ministerio de Gobernación, cuatro fueron adjudicadas a Comcel por un monto de Q1 mil 232.2 millones.
Sin embargo, Republica.gt dio a conocer que dichos contratos millonarios tenían sobrevaloradas las cámaras. Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: el costo promedio de una cámara en el mercado es de Q2,345, mientras que el alquiler de la misma en un plazo de 60 meses habrá costado Q27, 574; es decir, una sobrevaloración por cámara de Q25,229. Actualmente, la Contraloría General de Cuentas ya puso una denuncia en el Ministerio Público, esperando que inicie la investigación.
Otro tema es el que gira en torno a la tecnología 4G, en la cual Comcel está interesada. La transformación y subasta de la frecuencia que se usaría para implementarla está detenida por la Superintenencia de Telecomunicaciones (SIT) debido a por acciones legales interpuestas contra el proceso donde se sospecha se le entregaría a Comcel. Se tiene conocimiento que la adjudicación fue denunciada por vicios en el procedimiento.
Se vinculó este caso a la designación de funcionarios que hizo el entonces presidente Pérez, que nombró como ministro de Economía a Ricardo Sagastume quien se desempeñaba como representante legal del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel), así como la designación de Asisclo Valladares Urruela, como coordinador del Programa Nacional Para la Competitividad (Pronacom), antes directivo de Tigo y presidente de la Gremial de Telecomunicaciones.
Otro tema ha sido el que tiene que ver con la que se conoce como “Ley Tigo” que pretendía bloquear la señal en centros penales y que es considerada “una monstruosidad jurídica”. Se trata de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobada en abril del año pasado.
Dicha ley fue muy criticada e impugnada siendo suspendida por la Corte de Constitucionalidad. Se estableció que dicha normativa violaba la Constitución Política, la Ley General de Telecomunicaciones, el Código Municipal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código de Comercio que garantiza la libre competencia y lo referente a la propiedad privada.
Este miércoles se conoció que la empresa internacional Millicom International Cellular reportó a las autoridades posibles pagos impropios en su nombre en nuestro país por parte de su filial comercial, Tigo (Comunicaciones Celulares, S.A. Comcel). Esto coincide con otras denuncias e investigaciones de posibles hechos indebidos realizados por la empresa guatemalteca en nuestro país.
Ambas empresas son socias comerciales, aunque la operación de Comcel en Guatemala es propiedad en un 45 por ciento por guatemaltecos, trascendió que Millicom posee el 55 por ciento de dicha operación.
Milicom dio a conocer que ha reportado a las autoridades correspondientes en Estados Unidos y Suecia acerca de dichos pagos. Un comité especial de directores tomaron esta decisión basados en una investigación independiente que está siendo revisada por ellos y que fue dirigida por firma internacional de abogados Covinton & Burling LLP, con la ayuda de de un equipo de la gerencia de Millicom.
Según dieron a conocer agencias y medios internacionales de noticias, Millicom está comprometida a colaborar totalmente con las autoridades. Sin embargo, aclaran que no es posible en esta ocasión predecir lo que sucederá ni cuánto tiempo durará el proceso. Reiteran que esta empresa está comprometida con los estándares más altos de ética y el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables en cada mercado en el cual operan. Milicom ha declarado que no están dando más detalles de la investigación porque está en curso.
Millicom es una empresa líder en telecomunicaciones y medios que se trabaja en medios emergentes de Latinoamérica. Provee servicios innovadores y centrados en el estilo de vida digital a los mercados más grandes. Fue fundada en 1990 y tiene su sede en Luxemburgo, está listada en el NASDAQ OMX Stockholm bajo el símbolo MIC.
El Grupo Millicom está sujeto a regulaciones bursátiles a las cuales se debe someter. Trascendió en las últimas horas que sus acciones han caído más de 10 puntos porcentuales, se presume que es por el escándalo donde está involucrada la empresa Tigo-Guatemala.
Según ha declarado a los medios de comunicación Manuel Sisniega, director del Departamento Legal de Tigo, ya fueron informados de esta situación por medio de un correo. También asegura que no saben a qué se están refiriendo específicamente. “Nuestra postura es que estamos abiertos a cualquier investigación y que nos conducimos con prácticas integras y éticas”, manifestó.
Dijo además que velarán por garantizar que se trate de una investigación “objetiva e íntegra”, asegurando además que dicha empresa no se presta a actividades ilegales.
¿Serán estos los orígenes de dichos pagos “impropios”?
Al conocerse estas denuncias e investigaciones, se puede suponer que esto podría estar relacionado con otros asuntos controversiales en nuestro país, sobre todo durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente preso. Aparentemente, dicha empresa estaría involucrada en varios “negocios” gubernamentales.
Una de ellas fue cuando de los siete contratos de arrendamiento de videocámaras de vigilancia en el Ministerio de Gobernación, cuatro fueron adjudicadas a Comcel por un monto de Q1 mil 232.2 millones.
Sin embargo, Republica.gt dio a conocer que dichos contratos millonarios tenían sobrevaloradas las cámaras. Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: el costo promedio de una cámara en el mercado es de Q2,345, mientras que el alquiler de la misma en un plazo de 60 meses habrá costado Q27, 574; es decir, una sobrevaloración por cámara de Q25,229. Actualmente, la Contraloría General de Cuentas ya puso una denuncia en el Ministerio Público, esperando que inicie la investigación.
Otro tema es el que gira en torno a la tecnología 4G, en la cual Comcel está interesada. La transformación y subasta de la frecuencia que se usaría para implementarla está detenida por la Superintenencia de Telecomunicaciones (SIT) debido a por acciones legales interpuestas contra el proceso donde se sospecha se le entregaría a Comcel. Se tiene conocimiento que la adjudicación fue denunciada por vicios en el procedimiento.
Se vinculó este caso a la designación de funcionarios que hizo el entonces presidente Pérez, que nombró como ministro de Economía a Ricardo Sagastume quien se desempeñaba como representante legal del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel), así como la designación de Asisclo Valladares Urruela, como coordinador del Programa Nacional Para la Competitividad (Pronacom), antes directivo de Tigo y presidente de la Gremial de Telecomunicaciones.
Otro tema ha sido el que tiene que ver con la que se conoce como “Ley Tigo” que pretendía bloquear la señal en centros penales y que es considerada “una monstruosidad jurídica”. Se trata de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobada en abril del año pasado.
Dicha ley fue muy criticada e impugnada siendo suspendida por la Corte de Constitucionalidad. Se estableció que dicha normativa violaba la Constitución Política, la Ley General de Telecomunicaciones, el Código Municipal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código de Comercio que garantiza la libre competencia y lo referente a la propiedad privada.
