EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La justicia española accedió este viernes a extraditar al fundador de la plataforma de pago electrónico Liberty Reserve, Arthur Budovsky, a Estados Unidos, cuya justicia le acusa de haber blanqueado 6.000 millones de dólares.
La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, aprobó ‘la solicitud de extradición del ciudadano costarricense Arthur Budovsky Bei-Anchuk, solicitada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América’, según una decisión divulgada este viernes.
Ahora el gobierno español tiene la última palabra para decidir si se lleva a cabo la entrega.
Los magistrados españoles consideran que se cumplen los requisitos del convenio de extradición entre Estados Unidos y España, ya que se trata de un delito común y que no ha prescrito.
Además, la Audiencia Nacional considera que Estados Unidos puede reclamar a Budovsky ‘atendiendo al principio de territorialidad, al haberse cometido parte de los hechos en el citado país’, según el auto.
Budovsky se había opuesto a su extradición a Estados Unidos en una vista celebrada el 27 enero pasado.
El reclamado, que renunció a la nacionalidad estadounidense por la costarricense de su esposa, fue detenido el 24 de mayo de 2013 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando hacía escala en su viaje de Marruecos a Costa Rica.
Está acusado, junto con el operador de la plataforma de pago electrónico, Vladimir Kats, y otros cinco responsables o exresponsables de Liberty Reserve, de haber blanqueado unos 6.000 millones de dólares.
Detenido en mayo en Nueva York, Kats acabó por declararse culpable de blanqueo en octubre.
Registrada en Costa Rica en 2006, Liberty Reserve era una plataforma de pago electrónico extremadamente activa, que utilizaba la moneda electrónica del mismo nombre (LR) y permitía enviar dinero sin dejar ningún rastro y fuera de toda reglamentación.
Tenía más de un millón de usuarios, 200.000 de ellos en Estados Unidos, que en siete años llevaron a cabo 55 millones de transaciones, casi todas ellas ilegales, según la justicia estadounidense.
La investigación sobre esta plataforma implicó a 17 países y sus servidores en Suiza, Suecia y Costa Rica fueron clausurados.
La justicia española accedió este viernes a extraditar al fundador de la plataforma de pago electrónico Liberty Reserve, Arthur Budovsky, a Estados Unidos, cuya justicia le acusa de haber blanqueado 6.000 millones de dólares.
La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, aprobó ‘la solicitud de extradición del ciudadano costarricense Arthur Budovsky Bei-Anchuk, solicitada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América’, según una decisión divulgada este viernes.
Ahora el gobierno español tiene la última palabra para decidir si se lleva a cabo la entrega.
Los magistrados españoles consideran que se cumplen los requisitos del convenio de extradición entre Estados Unidos y España, ya que se trata de un delito común y que no ha prescrito.
Además, la Audiencia Nacional considera que Estados Unidos puede reclamar a Budovsky ‘atendiendo al principio de territorialidad, al haberse cometido parte de los hechos en el citado país’, según el auto.
Budovsky se había opuesto a su extradición a Estados Unidos en una vista celebrada el 27 enero pasado.
El reclamado, que renunció a la nacionalidad estadounidense por la costarricense de su esposa, fue detenido el 24 de mayo de 2013 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando hacía escala en su viaje de Marruecos a Costa Rica.
Está acusado, junto con el operador de la plataforma de pago electrónico, Vladimir Kats, y otros cinco responsables o exresponsables de Liberty Reserve, de haber blanqueado unos 6.000 millones de dólares.
Detenido en mayo en Nueva York, Kats acabó por declararse culpable de blanqueo en octubre.
Registrada en Costa Rica en 2006, Liberty Reserve era una plataforma de pago electrónico extremadamente activa, que utilizaba la moneda electrónica del mismo nombre (LR) y permitía enviar dinero sin dejar ningún rastro y fuera de toda reglamentación.
Tenía más de un millón de usuarios, 200.000 de ellos en Estados Unidos, que en siete años llevaron a cabo 55 millones de transaciones, casi todas ellas ilegales, según la justicia estadounidense.
La investigación sobre esta plataforma implicó a 17 países y sus servidores en Suiza, Suecia y Costa Rica fueron clausurados.
