La justicia federal de Sao Paulo inició acciones penales contra 11 acusados de participar en un supuesto esquema de sobornos pagados por la francesa Alstom, en el marco de la formación de un cártel para ganar licitaciones del metro paulista.
En una declaración emitida el miércoles y enviada este jueves a la AFP, el juez Marcelo Costenaro Cavali dijo que decidió procesar a los acusados -funcionarios y ex funcionarios públicos y de Alstom así como algunos consultores- por corrupción activa, pasiva y lavado de dinero.
‘Las imputaciones giran en torno a la corrupción de servidores públicos del estado de Sao Paulo por parte de la persona jurídica Alstom do Brasil mediante el pago de millones de reales’, señaló el documento.
Según la acusación, estas personas habrían participado en un esquema en el que Alstom habría pagado sobornos por unos 23,3 millones de reales en valores actualizados (unos 10 millones de dólares al cambio actual) para obtener contratos con el metro de Sao Paulo.
En enero los fiscales habían denunciado por sobornos a 12 personas, pero el juez determinó que la acusación de una de ellas no correspondía porque el delito estaba prescrito.
Estas acusaciones están enmarcadas en el llamado ‘caso Alstom’, precisó un portavoz de la justicia federal, según el cual se formó un cártel entre empresas extranjeras para eliminar la competencia y fijar precios durante la licitación de la entrega de trenes y construcción de líneas de metro en Sao Paulo entre 1999 y 2009.
En ellas estarían implicadas, además de Alstom, la alemana Siemens, la española CAF, la japonesa Mitsui y la canadiense Bombardier. No obstante, la acusación del juez Cavali se refiere solo a los acusados de Alstom.
En agosto pasado la justicia decretó el bloqueo de 26 millones de dólares en bienes de los involucrados en el supuesto cartel.
La investigación está basada en documentos de la autoridad antimonopolio de Brasil (Cade), que habrían sido brindados por la propia Siemens en un acuerdo con las autoridades brasileñas para evitar un juicio penal, según los medios brasileños.
La justicia federal de Sao Paulo inició acciones penales contra 11 acusados de participar en un supuesto esquema de sobornos pagados por la francesa Alstom, en el marco de la formación de un cártel para ganar licitaciones del metro paulista.
En una declaración emitida el miércoles y enviada este jueves a la AFP, el juez Marcelo Costenaro Cavali dijo que decidió procesar a los acusados -funcionarios y ex funcionarios públicos y de Alstom así como algunos consultores- por corrupción activa, pasiva y lavado de dinero.
‘Las imputaciones giran en torno a la corrupción de servidores públicos del estado de Sao Paulo por parte de la persona jurídica Alstom do Brasil mediante el pago de millones de reales’, señaló el documento.
Según la acusación, estas personas habrían participado en un esquema en el que Alstom habría pagado sobornos por unos 23,3 millones de reales en valores actualizados (unos 10 millones de dólares al cambio actual) para obtener contratos con el metro de Sao Paulo.
En enero los fiscales habían denunciado por sobornos a 12 personas, pero el juez determinó que la acusación de una de ellas no correspondía porque el delito estaba prescrito.
Estas acusaciones están enmarcadas en el llamado ‘caso Alstom’, precisó un portavoz de la justicia federal, según el cual se formó un cártel entre empresas extranjeras para eliminar la competencia y fijar precios durante la licitación de la entrega de trenes y construcción de líneas de metro en Sao Paulo entre 1999 y 2009.
En ellas estarían implicadas, además de Alstom, la alemana Siemens, la española CAF, la japonesa Mitsui y la canadiense Bombardier. No obstante, la acusación del juez Cavali se refiere solo a los acusados de Alstom.
En agosto pasado la justicia decretó el bloqueo de 26 millones de dólares en bienes de los involucrados en el supuesto cartel.
La investigación está basada en documentos de la autoridad antimonopolio de Brasil (Cade), que habrían sido brindados por la propia Siemens en un acuerdo con las autoridades brasileñas para evitar un juicio penal, según los medios brasileños.