EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Las autoridades del Canal de Panamá y el consorcio encargado de la ampliación de la vía definen este martes, en su primer cara a cara tras una semana de conflicto, una inyección de fondos al proyecto que podría aplacar la amenaza de suspensión de las obras.
Tras compromisos logrados con la mediación de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, los directivos del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se sentarán a conversar desde las 09H30.
En la reunión, en la sede de ACP, las partes deben definir las cantidades extras que aportarán para que las obras sigan y posiblemente las instancias -como un tribunal de arbitraje en Miami- que dirimirán el desacuerdo, que surgió porque GUPC exigía el pago de sobrecostes de la obra por 1.600 millones de dólares.
El consorcio, liderado por la constructora española Sacyr, amenazó a la ACP, en una carta del 30 de diciembre, con parar la ampliación de la vía si antes del 20 de enero no se atendía su reclamación.
‘Las dos partes tienen que definir si el preaviso de suspensión de la obra presentado por GUPC queda sin efecto’, declaró Pastor al cierre de la intensa jornada del lunes, durante la que se reunió, además de con directivos del GUPC y de la ACP, con el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
El camino al diálogo empezó a allanarse después de que Pastor lograra que el GUPC aceptara, como exigía la ACP, buscar una solución dentro de las normas del contrato, que precisa tres instancias de resolución de conflictos.
El administrador del Canal, Jorge Quijano, calificó como ‘una luz al final del túnel’ el compromiso del GUPC, pero advirtió de que la crisis estara activa mientras siga corriendo el plazo de 21 días dado por el consorcio para cumplir su amenaza.
Calmando las aguas del Canal
Intentando tranquilizar a sus clientes y a la comunidad marítima internacional, la ACP les reafirmó en una nota difundida en la noche del lunes su decisión de hacer que se complete la ampliación de la vía interoceánica, por la que transita el 5% del comercio mundial.
‘Nuestros clientes son nuestra prioridad número uno y estamos trabajando en resolver este ‘impasse’ de la mejor manera posible en el marco jurídico del contrato para garantizar que el programa de ampliación sea completado’, subrayó Quijano.
El proyecto de ampliación del Canal, que cuesta 5.200 millones dólares -3.200 millones para un tercer juego de esclusas que adelanta GUPC- comenzó en 2009 y debía concluir este año, al cumplirse los 100 años de la vía.
No obstante, tienen un atraso de nueve meses, con un avance del 72% en total y de un 65% en la construcción de las esclusas, por lo que ahora la meta es finalizar los trabajos en junio de 2015.
Según la ACP, los contratistas han recibido cerca del 62% de la cantidad pactada en el contrato, incluido un 5% (160 millones de dólares) por reclamaciones relacionadas con aumentos en costes de materiales y mano de obra, a lo que se agregan 784 millones en adelantos ya entregados a GUPC.
El GUPC acusa a la ACP de darle información geológica equivocada sobre un área del terreno donde se adelantan las obras, lo que -sostiene- pudo haber llevado a los sobrecestes, que representan un aumento del 50% en el coste de las nuevas esclusas.
La ACP afirma que esas afirmaciones ‘carecen de sustento’ e insistió en que el GUPC debe fundamentar su reclamación multimillonaria en las instancias que estipula el contrato. ‘La Corte de Arbitraje de Miami debe definir la cuantía de las reclamaciones’, sugirió Pastor, quien volverá a España este martes por la tarde.
El proyecto busca adecuar el Canal para el paso de buques de más de 12.000 contenedores, una carga tres veces mayor de lo que admite actualmente.
La ACP recalcó que las operaciones de la vía interoceánica siguen con normalidad, sin verse impactadas por la crisis con el consorcio internacional, también integrado por la italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
Inaugurado en 1914 por EEUU, después de que Francia fracasara en su intento de construirlo, el Canal pasó a soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, ha aportado a Panamá unos 8.500 millones de dólares, más que en los 85 años de administración estadounidense.
Las autoridades del Canal de Panamá y el consorcio encargado de la ampliación de la vía definen este martes, en su primer cara a cara tras una semana de conflicto, una inyección de fondos al proyecto que podría aplacar la amenaza de suspensión de las obras.
Tras compromisos logrados con la mediación de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, los directivos del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se sentarán a conversar desde las 09H30.
En la reunión, en la sede de ACP, las partes deben definir las cantidades extras que aportarán para que las obras sigan y posiblemente las instancias -como un tribunal de arbitraje en Miami- que dirimirán el desacuerdo, que surgió porque GUPC exigía el pago de sobrecostes de la obra por 1.600 millones de dólares.
El consorcio, liderado por la constructora española Sacyr, amenazó a la ACP, en una carta del 30 de diciembre, con parar la ampliación de la vía si antes del 20 de enero no se atendía su reclamación.
‘Las dos partes tienen que definir si el preaviso de suspensión de la obra presentado por GUPC queda sin efecto’, declaró Pastor al cierre de la intensa jornada del lunes, durante la que se reunió, además de con directivos del GUPC y de la ACP, con el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
El camino al diálogo empezó a allanarse después de que Pastor lograra que el GUPC aceptara, como exigía la ACP, buscar una solución dentro de las normas del contrato, que precisa tres instancias de resolución de conflictos.
El administrador del Canal, Jorge Quijano, calificó como ‘una luz al final del túnel’ el compromiso del GUPC, pero advirtió de que la crisis estara activa mientras siga corriendo el plazo de 21 días dado por el consorcio para cumplir su amenaza.
Calmando las aguas del Canal
Intentando tranquilizar a sus clientes y a la comunidad marítima internacional, la ACP les reafirmó en una nota difundida en la noche del lunes su decisión de hacer que se complete la ampliación de la vía interoceánica, por la que transita el 5% del comercio mundial.
‘Nuestros clientes son nuestra prioridad número uno y estamos trabajando en resolver este ‘impasse’ de la mejor manera posible en el marco jurídico del contrato para garantizar que el programa de ampliación sea completado’, subrayó Quijano.
El proyecto de ampliación del Canal, que cuesta 5.200 millones dólares -3.200 millones para un tercer juego de esclusas que adelanta GUPC- comenzó en 2009 y debía concluir este año, al cumplirse los 100 años de la vía.
No obstante, tienen un atraso de nueve meses, con un avance del 72% en total y de un 65% en la construcción de las esclusas, por lo que ahora la meta es finalizar los trabajos en junio de 2015.
Según la ACP, los contratistas han recibido cerca del 62% de la cantidad pactada en el contrato, incluido un 5% (160 millones de dólares) por reclamaciones relacionadas con aumentos en costes de materiales y mano de obra, a lo que se agregan 784 millones en adelantos ya entregados a GUPC.
El GUPC acusa a la ACP de darle información geológica equivocada sobre un área del terreno donde se adelantan las obras, lo que -sostiene- pudo haber llevado a los sobrecestes, que representan un aumento del 50% en el coste de las nuevas esclusas.
La ACP afirma que esas afirmaciones ‘carecen de sustento’ e insistió en que el GUPC debe fundamentar su reclamación multimillonaria en las instancias que estipula el contrato. ‘La Corte de Arbitraje de Miami debe definir la cuantía de las reclamaciones’, sugirió Pastor, quien volverá a España este martes por la tarde.
El proyecto busca adecuar el Canal para el paso de buques de más de 12.000 contenedores, una carga tres veces mayor de lo que admite actualmente.
La ACP recalcó que las operaciones de la vía interoceánica siguen con normalidad, sin verse impactadas por la crisis con el consorcio internacional, también integrado por la italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
Inaugurado en 1914 por EEUU, después de que Francia fracasara en su intento de construirlo, el Canal pasó a soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, ha aportado a Panamá unos 8.500 millones de dólares, más que en los 85 años de administración estadounidense.
