EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cerrando el mes de julio, no sorprende tanto el 49.5 % de ejecución del presupuesto de gastos del Gobierno, sino la baja ejecución en el rubro de Inversión, la cual asciende a 39.0 %, sobre un presupuesto disponible de 36 017 millones de quetzales. A estas alturas del año, se esperaría alrededor del 58 % de ejecución, sobre todo en aquellas actividades que son rutinarias, con desembolsos que tienen una programación bastante uniforme.
Ahora bien, hablar de Inversión implica identificar que hay un 77.5 % de fondos que son transferencias hechas desde las obligaciones a cargo del tesoro, pero también es obligación reconocer que la entidad con mayor responsabilidad institucional es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con el 12.4 % del presupuesto de inversión.
Sobre el presupuesto vigente (7649 millones), el CIV reporta una ejecución del 33.6 %, la cual es el resultado del 42.8 % de ejecución en funcionamiento (presupuesto vigente de 3194 millones) y de un 27.0 % de ejecución en inversión (presupuesto vigente de 4,455 millones). Con todos los retos pendientes que tenemos, la lentitud es notoria.
Dentro del CIV, seis unidades ejecutoras representan el 94.6 % del presupuesto, habiendo casos notorios como el de COVIAL, con 1473 millones de quetzales asignados, pero una ejecución de 28.3 % al mes de julio. El otro caso por destacar es la Dirección General de Caminos (DGC), con un presupuesto que supera los 2995 millones, y una ejecución del 48.6 % a la fecha. Y sobre esta última entidad quiero enfocar mi análisis. Pareciera que la DGC, quien está a cargo del 40 % del presupuesto del CIV, es la mejor unidad ejecutora del ministerio, pero es necesario contar la historia que está detrás.
Dentro de la DGC, los gastos de funcionamiento representan el 26.8 % (803 millones), y muestran una ejecución de 70.7 % al mes de julio. Básicamente, estamos hablando de pago de salarios, contratación de asesores, compra de materiales, y desembolsos por servicios. Ahora bien, en lo que respecta a los gastos de inversión, significando tres cuartas partes del presupuesto de la DGC (2,192 millones), la ejecución es tan solo de 40.4 %… ¿A qué se debe este nivel de ejecución?
La DGC reporta 70 proyectos vigentes, 59 proyectos que se financian con fondos nacionales, y 11 proyectos que se financian con préstamos. De los proyectos con fondos nacionales, tan solo 13 muestran alguna actividad en lo que va del año, con un nivel de ejecución de 39 % de los recursos. Y en lo que respecta a los proyectos financiados con préstamos, solamente 6 muestran algún tipo de actividad, con una ejecución de 28 % de los fondos asignados.
No podemos desfallecer, porque no hay nada tan urgente como una mayor y mejor infraestructura. Los datos muestran un retraso en la ejecución y por eso debe seguir la auditoría al respecto y la exigencia de un avance con celeridad.
De los 70 proyectos combinados, solamente 19 muestran algún movimiento, habiendo ejecutado el 37 % de los recursos que les fueron asignados en el presupuesto. Y en lo que respecta a estas actividades reportadas, la que más se repite es el pago pendiente de deuda.
¿Por qué cuento esta historia? Porque no quiero que quede lugar a dudas de que es necesario modificar el ecosistema de inversión en infraestructura. No es algo que se vaya a resolver con la aprobación del texto de una ley, sino que implica una combinación de liderazgo al más alto nivel, agilización y simplificación de los procesos, contratación y retención de talento con las capacidades administrativas necesarias, capacitación en el uso de tecnología, y adaptación de normas y estándares internacionales a la realidad nacional.
La planeación del CIV contempla 213 proyectos nuevos a futuro, que representarían 2600 kilómetros adicionales de red vial, con una inversión superior a los 28 000 millones de quetzales. Sin embargo, con muchos de estos proyectos sin preinversión, y con la baja ejecución presupuestaria, pareciera que la buena planificación no se puede traducir en obras.
No podemos desfallecer, porque no hay nada tan urgente como una mayor y mejor infraestructura. Los datos muestran un retraso en la ejecución y por eso debe seguir la auditoría al respecto y la exigencia de un avance con celeridad. Y una vez esto se logre, ojalá se pueda contrastar la ejecución con datos sobre el impacto de la inversión, pero para eso todavía hace falta que las entidades responsables (i. e. Instituto Nacional de Estadística) publiquen datos actualizados sobre la red vial del país (al momento de escribir esta columna, los datos disponibles en la página web del INE sobre Estadísticas de Transporte y Servicios corresponden al año 2023).
Cerrando el mes de julio, no sorprende tanto el 49.5 % de ejecución del presupuesto de gastos del Gobierno, sino la baja ejecución en el rubro de Inversión, la cual asciende a 39.0 %, sobre un presupuesto disponible de 36 017 millones de quetzales. A estas alturas del año, se esperaría alrededor del 58 % de ejecución, sobre todo en aquellas actividades que son rutinarias, con desembolsos que tienen una programación bastante uniforme.
Ahora bien, hablar de Inversión implica identificar que hay un 77.5 % de fondos que son transferencias hechas desde las obligaciones a cargo del tesoro, pero también es obligación reconocer que la entidad con mayor responsabilidad institucional es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con el 12.4 % del presupuesto de inversión.
Sobre el presupuesto vigente (7649 millones), el CIV reporta una ejecución del 33.6 %, la cual es el resultado del 42.8 % de ejecución en funcionamiento (presupuesto vigente de 3194 millones) y de un 27.0 % de ejecución en inversión (presupuesto vigente de 4,455 millones). Con todos los retos pendientes que tenemos, la lentitud es notoria.
Dentro del CIV, seis unidades ejecutoras representan el 94.6 % del presupuesto, habiendo casos notorios como el de COVIAL, con 1473 millones de quetzales asignados, pero una ejecución de 28.3 % al mes de julio. El otro caso por destacar es la Dirección General de Caminos (DGC), con un presupuesto que supera los 2995 millones, y una ejecución del 48.6 % a la fecha. Y sobre esta última entidad quiero enfocar mi análisis. Pareciera que la DGC, quien está a cargo del 40 % del presupuesto del CIV, es la mejor unidad ejecutora del ministerio, pero es necesario contar la historia que está detrás.
Dentro de la DGC, los gastos de funcionamiento representan el 26.8 % (803 millones), y muestran una ejecución de 70.7 % al mes de julio. Básicamente, estamos hablando de pago de salarios, contratación de asesores, compra de materiales, y desembolsos por servicios. Ahora bien, en lo que respecta a los gastos de inversión, significando tres cuartas partes del presupuesto de la DGC (2,192 millones), la ejecución es tan solo de 40.4 %… ¿A qué se debe este nivel de ejecución?
La DGC reporta 70 proyectos vigentes, 59 proyectos que se financian con fondos nacionales, y 11 proyectos que se financian con préstamos. De los proyectos con fondos nacionales, tan solo 13 muestran alguna actividad en lo que va del año, con un nivel de ejecución de 39 % de los recursos. Y en lo que respecta a los proyectos financiados con préstamos, solamente 6 muestran algún tipo de actividad, con una ejecución de 28 % de los fondos asignados.
No podemos desfallecer, porque no hay nada tan urgente como una mayor y mejor infraestructura. Los datos muestran un retraso en la ejecución y por eso debe seguir la auditoría al respecto y la exigencia de un avance con celeridad.
De los 70 proyectos combinados, solamente 19 muestran algún movimiento, habiendo ejecutado el 37 % de los recursos que les fueron asignados en el presupuesto. Y en lo que respecta a estas actividades reportadas, la que más se repite es el pago pendiente de deuda.
¿Por qué cuento esta historia? Porque no quiero que quede lugar a dudas de que es necesario modificar el ecosistema de inversión en infraestructura. No es algo que se vaya a resolver con la aprobación del texto de una ley, sino que implica una combinación de liderazgo al más alto nivel, agilización y simplificación de los procesos, contratación y retención de talento con las capacidades administrativas necesarias, capacitación en el uso de tecnología, y adaptación de normas y estándares internacionales a la realidad nacional.
La planeación del CIV contempla 213 proyectos nuevos a futuro, que representarían 2600 kilómetros adicionales de red vial, con una inversión superior a los 28 000 millones de quetzales. Sin embargo, con muchos de estos proyectos sin preinversión, y con la baja ejecución presupuestaria, pareciera que la buena planificación no se puede traducir en obras.
No podemos desfallecer, porque no hay nada tan urgente como una mayor y mejor infraestructura. Los datos muestran un retraso en la ejecución y por eso debe seguir la auditoría al respecto y la exigencia de un avance con celeridad. Y una vez esto se logre, ojalá se pueda contrastar la ejecución con datos sobre el impacto de la inversión, pero para eso todavía hace falta que las entidades responsables (i. e. Instituto Nacional de Estadística) publiquen datos actualizados sobre la red vial del país (al momento de escribir esta columna, los datos disponibles en la página web del INE sobre Estadísticas de Transporte y Servicios corresponden al año 2023).
