EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Como lo hace ver Immanuel Kant en su Paz Perpetua, lo que aglutina a la gente en sociedad civil es el beneficio propio recíproco, el espíritu del comercio, que no puede coexistir con la guerra. El derecho individual es el principio moral que rige la conducta de las personas en el contexto social. Y para proteger a los asociados, a los ciudadanos de aquellos malvados que pretenden violar sus derechos, se instituye un gobierno que monopoliza el uso de la fuerza de represalia.
La forma de gobierno que tiene la integridad de su origen, de haber surgido de la fuente pura del concepto de derecho es la republicana o Estado de derecho. La constitución republicana, nos dice Kant, se funda en los principios de la libertad de los miembros de la sociedad (como seres humanos), en la dependencia de todos de una legislación común (como súbditos) y, en la igualdad de todos ante la ley (como ciudadanos del Estado).
El filósofo prusiano explica la libertad política como la autorización de no obedecer ninguna ley externa a la que no haya podido dar uno su consentimiento. La igualdad jurídica dentro de un Estado consiste en la relación entre ciudadanos según la cual nadie puede vincular jurídicamente a otro sin someterse él mismo a la ley y poder ser, asimismo, obligado a su vez.
El republicanismo es el principio del Estado de la separación del poder ejecutivo del legislativo. El republicanismo no es democracia, el sistema despótico de gobierno. El despotismo es el cumplimiento arbitrario del Estado, por medio de privilegios que se dan a sí mismo y decretos al pueblo. La democracia necesariamente es un despotismo, porque fundamenta un poder ejecutivo en que deciden supuestamente todos, aunque sea en contra de uno que no está de acuerdo con los demás, creando la contradicción de un gobierno de todos que, a su vez, no son todos. Constituye esto, pues, una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad. En la república, en cambio, la voluntad de todos es que se respeten los derechos individuales de cada uno, constituyendo una congruencia de la voluntad general consigo misma y la libertad.
Toda pretensión de legitimidad jurídica contiene dentro de sí la forma de la publicidad, pues es pensada como públicamente manifiesta. De esta manera se puede enjuiciar fácilmente si una pretensión jurídica corresponde o no con los principios del derecho o de quien actúa. Y todas las leyes y acciones que se refieren al derecho de otros seres humanos cuyas máximas no estén en concordancia con la publicidad son, por tanto, injustas.
Ahora Kant hace la siguiente pregunta: «¿Constituye la rebelión un medio legítimo para un pueblo para deponer al poder opresivo del así llamado tirano?» Los derechos del pueblo están dañados y al tirano no se le hace injusticia mediante el destronamiento, en esto no hay duda alguna, dice el prusiano. Para ejercer la violencia en contra del jefe del Estado, el pueblo, afirma Kant, tendría que arrogarse un poder legítimo sobre aquel. Si la rebelión es injusta, esto se evidenciaría por medio de que si se reconociera públicamente su intención, la haría imposible. Habría que mantenerla en secreto.
Pero si la rebelión es justa, se debe exigir públicamente el destronamiento del tirano. Antes del diez de enero de dos mil veinticinco, el gobierno de Nicolás Maduro podía alegar una cuestionable legitimidad. A partir de ese día ya no. La evidencia mostró que perdió las elecciones. Las multitudinarias protestas manifestaron su descontento con su gobierno, y establecieron el apoyo del pueblo al candidato opositor y ganador de los comicios, Edmundo González Urrutia. Maduro y sus compinches delincuentes dieron un golpe de Estado y usurpan el poder violando la libertad de los ciudadanos quienes no han dado su consentimiento para que asuma la presidencia. Ahora está claro que es un tirano, un gobernante ilegítimo y, por tanto, el pueblo tiene un poder legítimo sobre él.
Todo gobierno legítimo y moral tiene el derecho de entrar a Venezuela y derrocar al usurpador y sus huestes mediante una guerra justa. Ya lo estableció Francisco de Vitoria en 1539, cuando en sus reflexiones dijo: «Solo la que se da como causa de legítima defensa – no es guerra justa ni legítima atacar a unas gentes por tener religión diferente, ni por buscar la ampliación del territorio nacional, ni para aumentar la gloria del gobernante. Solo es legítima si se emplea como herramienta para luchar contra la injusticia. De no ser así, el súbdito debe negarse a combatir.»
La ONU, que se constituyó basada en las ideas de Francisco de Vitoria y de Immanuel Kant, debe liderar una coalición internacional para derrocar mediante la fuerza al ilegítimo autoproclamado tirano de Venezuela y su pandilla. La ONU tiene el deber moral de intervenir porque debido a los poderes conferidos en su Carta y su carácter internacional único, las Naciones Unidas pueden en justicia tomar medidas ante los problemas a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Según su propia proclamación, es su función proteger los derechos humanos. Y los derechos del pueblo venezolano han sido violados por esos delincuentes que se han apropiado ilegítimamente del poder.
EL USURPADOR DEBE SER DESTRUIDO.
Como lo hace ver Immanuel Kant en su Paz Perpetua, lo que aglutina a la gente en sociedad civil es el beneficio propio recíproco, el espíritu del comercio, que no puede coexistir con la guerra. El derecho individual es el principio moral que rige la conducta de las personas en el contexto social. Y para proteger a los asociados, a los ciudadanos de aquellos malvados que pretenden violar sus derechos, se instituye un gobierno que monopoliza el uso de la fuerza de represalia.
La forma de gobierno que tiene la integridad de su origen, de haber surgido de la fuente pura del concepto de derecho es la republicana o Estado de derecho. La constitución republicana, nos dice Kant, se funda en los principios de la libertad de los miembros de la sociedad (como seres humanos), en la dependencia de todos de una legislación común (como súbditos) y, en la igualdad de todos ante la ley (como ciudadanos del Estado).
El filósofo prusiano explica la libertad política como la autorización de no obedecer ninguna ley externa a la que no haya podido dar uno su consentimiento. La igualdad jurídica dentro de un Estado consiste en la relación entre ciudadanos según la cual nadie puede vincular jurídicamente a otro sin someterse él mismo a la ley y poder ser, asimismo, obligado a su vez.
El republicanismo es el principio del Estado de la separación del poder ejecutivo del legislativo. El republicanismo no es democracia, el sistema despótico de gobierno. El despotismo es el cumplimiento arbitrario del Estado, por medio de privilegios que se dan a sí mismo y decretos al pueblo. La democracia necesariamente es un despotismo, porque fundamenta un poder ejecutivo en que deciden supuestamente todos, aunque sea en contra de uno que no está de acuerdo con los demás, creando la contradicción de un gobierno de todos que, a su vez, no son todos. Constituye esto, pues, una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad. En la república, en cambio, la voluntad de todos es que se respeten los derechos individuales de cada uno, constituyendo una congruencia de la voluntad general consigo misma y la libertad.
Toda pretensión de legitimidad jurídica contiene dentro de sí la forma de la publicidad, pues es pensada como públicamente manifiesta. De esta manera se puede enjuiciar fácilmente si una pretensión jurídica corresponde o no con los principios del derecho o de quien actúa. Y todas las leyes y acciones que se refieren al derecho de otros seres humanos cuyas máximas no estén en concordancia con la publicidad son, por tanto, injustas.
Ahora Kant hace la siguiente pregunta: «¿Constituye la rebelión un medio legítimo para un pueblo para deponer al poder opresivo del así llamado tirano?» Los derechos del pueblo están dañados y al tirano no se le hace injusticia mediante el destronamiento, en esto no hay duda alguna, dice el prusiano. Para ejercer la violencia en contra del jefe del Estado, el pueblo, afirma Kant, tendría que arrogarse un poder legítimo sobre aquel. Si la rebelión es injusta, esto se evidenciaría por medio de que si se reconociera públicamente su intención, la haría imposible. Habría que mantenerla en secreto.
Pero si la rebelión es justa, se debe exigir públicamente el destronamiento del tirano. Antes del diez de enero de dos mil veinticinco, el gobierno de Nicolás Maduro podía alegar una cuestionable legitimidad. A partir de ese día ya no. La evidencia mostró que perdió las elecciones. Las multitudinarias protestas manifestaron su descontento con su gobierno, y establecieron el apoyo del pueblo al candidato opositor y ganador de los comicios, Edmundo González Urrutia. Maduro y sus compinches delincuentes dieron un golpe de Estado y usurpan el poder violando la libertad de los ciudadanos quienes no han dado su consentimiento para que asuma la presidencia. Ahora está claro que es un tirano, un gobernante ilegítimo y, por tanto, el pueblo tiene un poder legítimo sobre él.
Todo gobierno legítimo y moral tiene el derecho de entrar a Venezuela y derrocar al usurpador y sus huestes mediante una guerra justa. Ya lo estableció Francisco de Vitoria en 1539, cuando en sus reflexiones dijo: «Solo la que se da como causa de legítima defensa – no es guerra justa ni legítima atacar a unas gentes por tener religión diferente, ni por buscar la ampliación del territorio nacional, ni para aumentar la gloria del gobernante. Solo es legítima si se emplea como herramienta para luchar contra la injusticia. De no ser así, el súbdito debe negarse a combatir.»
La ONU, que se constituyó basada en las ideas de Francisco de Vitoria y de Immanuel Kant, debe liderar una coalición internacional para derrocar mediante la fuerza al ilegítimo autoproclamado tirano de Venezuela y su pandilla. La ONU tiene el deber moral de intervenir porque debido a los poderes conferidos en su Carta y su carácter internacional único, las Naciones Unidas pueden en justicia tomar medidas ante los problemas a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Según su propia proclamación, es su función proteger los derechos humanos. Y los derechos del pueblo venezolano han sido violados por esos delincuentes que se han apropiado ilegítimamente del poder.
EL USURPADOR DEBE SER DESTRUIDO.
