EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En los casi dos años de mandato del presidente Bernardo Arévalo, Guatemala ha presenciado un desfile de errores administrativos, pero sobre todo políticos, que pintan un retrato desolador de ineficiencia gubernamental. Lo que se promocionó como una “nueva primavera” de renovación democrática se ha convertido en un invierno de crisis mal gestionadas, donde la soberbia y la torpeza dominan sobre la humildad y la competencia.
El gobierno del Movimiento Semilla, prometió erradicar las malas prácticas del pasado, pero ha caído en los mismos vicios que criticaba, exacerbados por una nula capacidad para gestionar adversidades inevitables. Las crisis no son exclusivas de este régimen, pero su respuesta —o la falta de ella— lo hace percibir como inútil, alienando, incluso, a sectores que inicialmente lo apoyaron.
Uno de los pilares de esta percepción es la recurrente torpeza de los asesores legales del Ejecutivo. Un ejemplo emblemático ocurrió en diciembre de 2024, cuando se publicó el Acuerdo Gubernativo 258-2024, que fijaba el salario mínimo para 2025, pero con errores graves en los cálculos para el sector de maquilas y exportaciones. El incremento se infló erróneamente al 10.3 % en lugar del 6 % anunciado, obligando a una corrección y republicación en el Diario Oficial. Esta metida de pata no solo generó controversia y amplias críticas, sino que evidenció una falta de revisión básica, erosionando la credibilidad en políticas económicas clave.
Similar desatino se vio en el manejo del veto del Decreto 7-2025, argumentando riesgos de corrupción. Sin embargo, el veto se envió al Congreso a última hora, y pese a que el Ejecutivo sostenía que no requería publicación en el Diario Oficial para surtir efecto, lo publicó.
El Legislativo maniobró legalmente —de forma cuestionable, si se quiere— y publicó la Ley. Esta inconsistencia legal no solo expuso debilidades en la estrategia jurídica, sino que permitió a opositores políticos desafiar abiertamente al presidente, profundizando divisiones institucionales.
Corrupción, compras irregulares y viejos vicios bajo una nueva bandera
Las irregularidades en adquisiciones públicas en los puertos agravan el panorama. Además, en el Ministerio de Gobernación (Mingob), se denunció una sobrevaloración en la compra de 1000 patrullas a una firma china por más de GTQ 365M, sin transparencia adecuada, lo que se trajo abajo el evento. Estas compras dirigidas y sobrevaloradas recuerdan las prácticas nefastas de gobiernos anteriores, que Semilla tanto fustigaba.
No menos criticable es el nepotismo y las contrataciones de amigos. Pese a promesas de meritocracia, el gobierno ha recurrido a reclutamientos “a dedo” para puestos de confianza, incluyendo a partidarios de Semilla sin competencia abierta. Un caso notorio fue la contratación del fotógrafo presidencial —con emolumentos elevados— en plena retórica de austeridad.
El clímax de esta ineptitud llegó con la fuga de 20 peligrosos pandilleros de la Mara Barrio 18 de la prisión Fraijanes II. Este incidente desató la peor crisis del mandato, forzando la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y viceministros, tras días de silencio presidencial. La evasión expuso fallas históricas en el sistema penitenciario, pero también la incapacidad actual para prevenir y responder: refuerzos en fronteras, solicitudes de ayuda al FBI y promesas de nuevas cárceles llegaron tarde, mientras la inseguridad se dispara.
Lo que une a estos episodios es una gestión de crisis nula o pésima. Arévalo y su equipo exhiben soberbia, negándose a reconocer errores públicamente o pedir ayuda a, por ejemplo, el sector privado, el más afectado por el caos, pero el más interesado en que la cosa pública funcione.
En lugar de humildad, optan por discursos evasivos y culpas externas, como “fallas históricas” o conspiraciones. Críticas en redes y medios destacan esta actitud. “El gobierno ha mostrado una constante incapacidad para consolidar un rumbo político”, se lee en análisis editoriales. Esta parálisis no solo frustra expectativas, sino que perpetúa inestabilidad. Guatemala merece un liderazgo que afronte crisis con transparencia y colaboración, no con arrogancia. Sin cambios drásticos, esta “primavera” se marchitará en desilusión colectiva.
En los casi dos años de mandato del presidente Bernardo Arévalo, Guatemala ha presenciado un desfile de errores administrativos, pero sobre todo políticos, que pintan un retrato desolador de ineficiencia gubernamental. Lo que se promocionó como una “nueva primavera” de renovación democrática se ha convertido en un invierno de crisis mal gestionadas, donde la soberbia y la torpeza dominan sobre la humildad y la competencia.
El gobierno del Movimiento Semilla, prometió erradicar las malas prácticas del pasado, pero ha caído en los mismos vicios que criticaba, exacerbados por una nula capacidad para gestionar adversidades inevitables. Las crisis no son exclusivas de este régimen, pero su respuesta —o la falta de ella— lo hace percibir como inútil, alienando, incluso, a sectores que inicialmente lo apoyaron.
Uno de los pilares de esta percepción es la recurrente torpeza de los asesores legales del Ejecutivo. Un ejemplo emblemático ocurrió en diciembre de 2024, cuando se publicó el Acuerdo Gubernativo 258-2024, que fijaba el salario mínimo para 2025, pero con errores graves en los cálculos para el sector de maquilas y exportaciones. El incremento se infló erróneamente al 10.3 % en lugar del 6 % anunciado, obligando a una corrección y republicación en el Diario Oficial. Esta metida de pata no solo generó controversia y amplias críticas, sino que evidenció una falta de revisión básica, erosionando la credibilidad en políticas económicas clave.
Similar desatino se vio en el manejo del veto del Decreto 7-2025, argumentando riesgos de corrupción. Sin embargo, el veto se envió al Congreso a última hora, y pese a que el Ejecutivo sostenía que no requería publicación en el Diario Oficial para surtir efecto, lo publicó.
El Legislativo maniobró legalmente —de forma cuestionable, si se quiere— y publicó la Ley. Esta inconsistencia legal no solo expuso debilidades en la estrategia jurídica, sino que permitió a opositores políticos desafiar abiertamente al presidente, profundizando divisiones institucionales.
Corrupción, compras irregulares y viejos vicios bajo una nueva bandera
Las irregularidades en adquisiciones públicas en los puertos agravan el panorama. Además, en el Ministerio de Gobernación (Mingob), se denunció una sobrevaloración en la compra de 1000 patrullas a una firma china por más de GTQ 365M, sin transparencia adecuada, lo que se trajo abajo el evento. Estas compras dirigidas y sobrevaloradas recuerdan las prácticas nefastas de gobiernos anteriores, que Semilla tanto fustigaba.
No menos criticable es el nepotismo y las contrataciones de amigos. Pese a promesas de meritocracia, el gobierno ha recurrido a reclutamientos “a dedo” para puestos de confianza, incluyendo a partidarios de Semilla sin competencia abierta. Un caso notorio fue la contratación del fotógrafo presidencial —con emolumentos elevados— en plena retórica de austeridad.
El clímax de esta ineptitud llegó con la fuga de 20 peligrosos pandilleros de la Mara Barrio 18 de la prisión Fraijanes II. Este incidente desató la peor crisis del mandato, forzando la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y viceministros, tras días de silencio presidencial. La evasión expuso fallas históricas en el sistema penitenciario, pero también la incapacidad actual para prevenir y responder: refuerzos en fronteras, solicitudes de ayuda al FBI y promesas de nuevas cárceles llegaron tarde, mientras la inseguridad se dispara.
Lo que une a estos episodios es una gestión de crisis nula o pésima. Arévalo y su equipo exhiben soberbia, negándose a reconocer errores públicamente o pedir ayuda a, por ejemplo, el sector privado, el más afectado por el caos, pero el más interesado en que la cosa pública funcione.
En lugar de humildad, optan por discursos evasivos y culpas externas, como “fallas históricas” o conspiraciones. Críticas en redes y medios destacan esta actitud. “El gobierno ha mostrado una constante incapacidad para consolidar un rumbo político”, se lee en análisis editoriales. Esta parálisis no solo frustra expectativas, sino que perpetúa inestabilidad. Guatemala merece un liderazgo que afronte crisis con transparencia y colaboración, no con arrogancia. Sin cambios drásticos, esta “primavera” se marchitará en desilusión colectiva.
