EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Dentro de los juegos de poder, el tiempo político lo es todo. Más que un elemento que se esconde en el telón de fondo, el tiempo político puede ser el factor que determine hacia dónde se inclina la balanza de poder y qué agrupación toma la delantera. Como era de esperarse, ante la previsible pasividad del Ejecutivo arevalista, la oposición ya lo rebasó y en cuestión de minutos, una declaratoria de urgencia nacional y una votación, las agrupaciones externas al círculo de gobierno le comieron el mandado al presidente y sus aliados.
Esto se debe a que, de manera inesperada, en la sesión plenaria del 2 de septiembre, el bloque de oposición aprobó de urgencia nacional la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”. Algunos de los puntos más importantes de esta iniciativa son la retención de los fondos durante el año fiscal en las arcas de los Consejos, el establecimiento de mecanismos para la agilización de trámites y proyectos y la obligación para la ampliación presupuestaria.
Más que el contenido de la iniciativa, lo que debería encender las alarmas de la ciudadanía es el marco en el que se inserta. La razón de esto es que, un día antes, el Ejecutivo, encabezado por Arévalo, había presentado su proyecto para el Presupuesto 2026, la cual también incluía una disposición similar a las contenidas en la ley. Sin embargo, la oposición, adelantándose al reparto del pastel de los recursos públicos, ágilmente puso en marcha su estrategia para inclinar la balanza de poder a su favor y redirigir las lealtades de los grupos de presión hacia su bloque. Asimismo, esta estrategia cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que 2026 será el año en el que las agrupaciones políticas empiecen a calentar motores para el año electoral.
Una jugada de manual
Ahora bien, pese a que el oficialismo quiera enmarcar esta situación como un acto de irreverencia política, basta con recordar las negociaciones presupuestarias del año pasado para darse cuenta que esta estrategia no es nada más y nada menos que una jugada sacada del propio manual político de Semilla. Como varios sectores lo adelantaron, la negociación de 2024 sentó un precedente sobre la manera en la que se avanzaría con los acuerdos sobre el presupuesto de la nación, dado que los Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDE) pasarían a ser la monedita de oro que convencería hasta los más recelosos del oficialismo.
Así pues, como resultado de un copia-pega del manual semillero, la oposición aseguró una primera victoria política, lo cual los pone en la delantera en la negociación presupuestaria. En primer lugar, esta movida les permitirá invertir las lealtades, dado que, la ley, al establecer el margen de acción de los CODEDE, creará una relación de dependencia con este bloque, lo cual, en última instancia, se traduciría en capacidad de negociación. Por otro lado, considerando que es un año electoral, esta iniciativa, al presentarse como favorable para las comunidades, asegura cierto grado de visibilidad a nivel local, la cual puede ser capitalizada en las urnas por las agrupaciones aliadas a la oposición. Por último, asumiendo que en 2024 el Ejecutivo consiguió reducir el control que tenían las empresas afines a algunos políticos para la ejecución de las obras, esta iniciativa podría reinstitucionalizar esta práctica a fin de perpetuar el círculo vicioso.
No obstante, más allá de los efectos perversos que esta iniciativa podría tener para el oficialismo en términos de incidencia política y capacidad de negociación, esta ley favorece la ineficiencia y premia la incapacidad de ejecución de los Consejos y el sistema de planificación e implementación de proyectos. Esto se debe a que, en vez de penalizar la falta de agilidad en la ejecución de obras, esta iniciativa únicamente permite que los CODEDES continúen acumulando recursos sin ningún incentivo para su debida implementación. Al mismo tiempo, al crear mayor dependencia con los grupos de poder, se ensancha el margen para los favores políticos.
Esta aprobación representa un golpe durísimo para el oficialismo, dado que no solo reduce su capacidad de negociación, sino que, utilizando su propia medicina, la oposición consiguió ganarle el poco terreno ganado en 2024 a nivel local, lo cual podría tener efectos adversos en términos electorales. No obstante, nuevamente, los grandes perdedores son los ciudadanos, quienes con sus impuestos, que financian el Presupuesto, continuarán alimentando esta dinámica de ineficiencia, poca transparencia y carencia de resultados.
Una dosis de su propia medicina
Dentro de los juegos de poder, el tiempo político lo es todo. Más que un elemento que se esconde en el telón de fondo, el tiempo político puede ser el factor que determine hacia dónde se inclina la balanza de poder y qué agrupación toma la delantera. Como era de esperarse, ante la previsible pasividad del Ejecutivo arevalista, la oposición ya lo rebasó y en cuestión de minutos, una declaratoria de urgencia nacional y una votación, las agrupaciones externas al círculo de gobierno le comieron el mandado al presidente y sus aliados.
Esto se debe a que, de manera inesperada, en la sesión plenaria del 2 de septiembre, el bloque de oposición aprobó de urgencia nacional la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”. Algunos de los puntos más importantes de esta iniciativa son la retención de los fondos durante el año fiscal en las arcas de los Consejos, el establecimiento de mecanismos para la agilización de trámites y proyectos y la obligación para la ampliación presupuestaria.
Más que el contenido de la iniciativa, lo que debería encender las alarmas de la ciudadanía es el marco en el que se inserta. La razón de esto es que, un día antes, el Ejecutivo, encabezado por Arévalo, había presentado su proyecto para el Presupuesto 2026, la cual también incluía una disposición similar a las contenidas en la ley. Sin embargo, la oposición, adelantándose al reparto del pastel de los recursos públicos, ágilmente puso en marcha su estrategia para inclinar la balanza de poder a su favor y redirigir las lealtades de los grupos de presión hacia su bloque. Asimismo, esta estrategia cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que 2026 será el año en el que las agrupaciones políticas empiecen a calentar motores para el año electoral.
Una jugada de manual
Ahora bien, pese a que el oficialismo quiera enmarcar esta situación como un acto de irreverencia política, basta con recordar las negociaciones presupuestarias del año pasado para darse cuenta que esta estrategia no es nada más y nada menos que una jugada sacada del propio manual político de Semilla. Como varios sectores lo adelantaron, la negociación de 2024 sentó un precedente sobre la manera en la que se avanzaría con los acuerdos sobre el presupuesto de la nación, dado que los Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDE) pasarían a ser la monedita de oro que convencería hasta los más recelosos del oficialismo.
Así pues, como resultado de un copia-pega del manual semillero, la oposición aseguró una primera victoria política, lo cual los pone en la delantera en la negociación presupuestaria. En primer lugar, esta movida les permitirá invertir las lealtades, dado que, la ley, al establecer el margen de acción de los CODEDE, creará una relación de dependencia con este bloque, lo cual, en última instancia, se traduciría en capacidad de negociación. Por otro lado, considerando que es un año electoral, esta iniciativa, al presentarse como favorable para las comunidades, asegura cierto grado de visibilidad a nivel local, la cual puede ser capitalizada en las urnas por las agrupaciones aliadas a la oposición. Por último, asumiendo que en 2024 el Ejecutivo consiguió reducir el control que tenían las empresas afines a algunos políticos para la ejecución de las obras, esta iniciativa podría reinstitucionalizar esta práctica a fin de perpetuar el círculo vicioso.
No obstante, más allá de los efectos perversos que esta iniciativa podría tener para el oficialismo en términos de incidencia política y capacidad de negociación, esta ley favorece la ineficiencia y premia la incapacidad de ejecución de los Consejos y el sistema de planificación e implementación de proyectos. Esto se debe a que, en vez de penalizar la falta de agilidad en la ejecución de obras, esta iniciativa únicamente permite que los CODEDES continúen acumulando recursos sin ningún incentivo para su debida implementación. Al mismo tiempo, al crear mayor dependencia con los grupos de poder, se ensancha el margen para los favores políticos.
Esta aprobación representa un golpe durísimo para el oficialismo, dado que no solo reduce su capacidad de negociación, sino que, utilizando su propia medicina, la oposición consiguió ganarle el poco terreno ganado en 2024 a nivel local, lo cual podría tener efectos adversos en términos electorales. No obstante, nuevamente, los grandes perdedores son los ciudadanos, quienes con sus impuestos, que financian el Presupuesto, continuarán alimentando esta dinámica de ineficiencia, poca transparencia y carencia de resultados.
