Una Constitución sin guardianes

Hoy se conmemora el 41 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su momento, este documento representaba un acuerdo social y político para generar un sistema político estable y el inicio de la vida democrática del país. Esto se debe a que la Constitución representaba un punto de inflexión en el que los pronunciamientos militares y levantamientos populares se reemplazaban por mecanismos que garantizaran la alternancia pacífica en el poder. Ahora bien, con el paso del tiempo, la prueba de fuego real no es la construcción del sistema, sino su capacidad para sostenerse ante los nuevos retos. Por ello, más allá de las palabras e ideales expuestos en el texto constitucional, merece la pena hacer un análisis crítico de su vigencia a la luz de nuestros tiempos.

Desde su promulgación, mucho se ha hablado de cómo las Cortes y el sistema de justicia representan los máximos garantes de la estabilidad constitucional. No obstante, pese a que por su diseño esta afirmación es correcta, en el día a día quien verdaderamente debe velar por el mantenimiento del orden constitucional es el sistema de partidos, ya que, mediante la acción legislativa, son quienes la preservan, o no. Ahora bien, tomando en cuenta los acontecimientos actuales, se podría argumentar que este sistema de partidos no solo es una simulación, sino que es un artificio moldeado por intereses particulares y contrarios al espíritu de la Ley. En palabras de Montesquieu, uno de los teóricos principales del constitucionalismo moderno, ese espíritu debiera de ser el reflejo de una estructura institucional que vela por el interés común, la preservación de la legalidad y la protección de las libertades civiles, características que cada vez se ven más distantes en el contexto guatemalteco.

En la actualidad, y como consecuencia de la ausencia de una tradición robusta de partidos, no existe un sistema consolidado. En gran parte, la razón de esta debilidad se le debe de atribuir a que la mayoría de las estructuras partidistas son vistas como vehículos electorales o, como lo ha catalogado el politólogo Jonatan Lemus, partidos franquicia, cuya marca es vendida al mejor postor cada ciclo electoral. Por ende, en este sentido, los partidos no son un mal per se, sino que el verdadero problema en Guatemala es que los partidos no existen y sobre su simulación se pretende construir y hacer gobierno. Así pues, aunque la Constitución otorgue pautas generales y claras, los partidos son los que debieran de ponerlos en marcha. No obstante, como las agendas legislativas lo demuestran, citando a Juan Linz, estas estructuras de supuesta representación son [in] capaces de encontrar soluciones a problemas básico y poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas. En otras palabras, los partidos han fracasado en su función principal.

Otra deficiencia clara en el contexto guatemalteco es el hecho de que el sistema de partidos ha avanzado hacia un pluralismo polarizado. Giovanni Sartori define este concepto como la existencia de un sistema que cuenta con más de cinco o seis partidos, algunos antisistema, que socavan la legitimidad y que hostilizan, tanto a la izquierda, como a la derecha. No obstante, adaptado a Guatemala, esta polarización no surge de la característica antisistema de las estructuras, sino que de la construcción de una política basada en personalidades que se sostienen en clientelas, lo cual no solo exacerba las hostilidades, sino también la desconfianza a lo interno de las instituciones y la sociedad. Consecuentemente, el resultado es que la política se perciba como una guerra de suma cero, por posiciones de poder, en lugar de un juego de suma positiva que contribuya a la estabilidad y preserve la legitimidad de los preceptos constitucionales.

Finalmente, la Constitución pasa a ser un “papel mojado” si esta no cuenta con una constitución interna sólida, entendida como las normas informales que sostienen la organización social, como base. Las razones de esta ausencia son varias, sin embargo, el contexto actual enfatiza dos de ellas. Por un lado, la inexistencia de una derecha social y política capaz de encauzar las características propias de una sociedad tradicionalista como la guatemalteca. Por otro lado, una izquierda que, al estar fragmentada, reconoce que nunca llegará al poder, por lo que se vuelve irresponsable e irrespetuosa de las instituciones. En conjunto, ambas posiciones no proponen alternativas viables y acorde a los tiempos. Por ende, esta dinámica genera un vacío de poder que está siendo conquistado por grupos que no solo son violentos, sino que no tienen ningún tipo de noción de lo que se entiende como límites constitucionales, reglas del juego y garantías que inspiraron el pacto constitucional.

Así pues, aunque la Constitución del 85’ colocó la primera piedra para la construcción de un sistema liberal, en la actualidad se ha vaciado de toda sustancia democrática. En este caso, uno de los principales responsables, por señalar alguno, son los partidos políticos que no solo han obviado el contenido del texto, sino que también lo han moldeado para avanzar sus intereses personales. La actualización del pacto que dio vida a la Constitución es necesaria y se debe basar en la recuperación de las formas que resguarden el fondo constitucional, de lo contrario, este estará vulnerable a la manipulación y la captura por estructuras ajenas al orden constitucional.