EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Colombia enfrenta una de las peores crisis de seguridad en décadas, marcada por un resurgimiento del terrorismo que evoca los oscuros años del conflicto armado. En las últimas horas, el país ha sido sacudido por atentados simultáneos que dejan un saldo trágico: en Cali, un ataque con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez causó al menos 18 muertos y decenas de heridos, mientras que en Amalfi, Antioquia, un helicóptero policial fue derribado con drones, matando a 13 uniformados. Estos actos, atribuidos a disidencias de las FARC y el ELN, no son aislados; forman parte de una ola de violencia que incluye masacres, desplazamientos masivos y extorsiones, con más de 950 000 afectados en 2025, según la ONU. A esto se suma el magnicidio de Miguel Uribe Turbay —senador y precandidato presidencial—, en junio de este año, durante un mitin en Bogotá.
Este panorama no es fortuito, sino el resultado directo de políticas fallidas del gobierno de Gustavo Petro. Como miembro del M-19 —grupo guerrillero responsable de atentados históricos como la toma del Palacio de Justicia en 1985—, Petro ha adoptado una postura conciliadora hacia exguerrilleros y disidencias, bajo el pretexto de la “Paz Total”. Esta política ha incluido ceses al fuego unilaterales, ilegales suspensiones de órdenes de captura y financiamiento indirecto a grupos armados, permitiendo su reorganización y expansión territorial. El resultado: el narcoterrorismo ha retomado el control en regiones como Cauca, Catatumbo y Putumayo, con un aumento en la producción de coca y ataques que no se veían desde los años 90. Petro, mientras él “vive sabroso”, ignora advertencias sobre ofensivas guerrilleras, priorizando diálogos que empoderan a criminales, como se evidencia en los 16 atentados en Cali y el sur en junio, y la reciente escalada. Su pasado en el M-19 influye directamente en una lenidad que envalentona a estos grupos, convirtiendo a Colombia en un narcoestado fragmentado donde la violencia es herramienta para perpetuarse en el poder.
El segundo responsable de la debacle es Iván Velásquez, exministro de Defensa hasta inicios de este año, quien desmanteló la institucionalidad del ministerio. Bajo su gestión, se purgaron oficiales clave, se redujo la inteligencia militar y se priorizaron reformas ideológicas sobre operatividad. Esto dejó a las Fuerzas Armadas sin capacidad para anticipar amenazas, como los drones usados en Antioquia o los explosivos en Cali. Velásquez, con su enfoque en “seguridad humana” en detrimento de la fuerza disuasiva, facilitó el colapso actual, donde policías y soldados son blanco fácil.
Pero la narco violencia no es el único legado de Petro; continuos escándalos de corrupción —que involucran a uno de sus hijos—, abuso de poder, constantes cambios en su gabinete, ya sea por las causas antes mencionadas, o por caprichos presidenciales, y un largo etcétera, son lo que deja este experimento colombiano. Más allá de su verborrea cuasi mesiánica, sus acciones —e inacciones— tienen sumida a Colombia en la debacle.
La crisis bajo Petro representa un retroceso deliberado: de la paz relativa post-2016 a un caos que amenaza la democracia. Los colombianos necesitan una oposición unida para recuperar la seguridad en 2026. Colombia no puede permitir que el legado de un guerrillero sea más sangre y destrucción
Colombia enfrenta una de las peores crisis de seguridad en décadas, marcada por un resurgimiento del terrorismo que evoca los oscuros años del conflicto armado. En las últimas horas, el país ha sido sacudido por atentados simultáneos que dejan un saldo trágico: en Cali, un ataque con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez causó al menos 18 muertos y decenas de heridos, mientras que en Amalfi, Antioquia, un helicóptero policial fue derribado con drones, matando a 13 uniformados. Estos actos, atribuidos a disidencias de las FARC y el ELN, no son aislados; forman parte de una ola de violencia que incluye masacres, desplazamientos masivos y extorsiones, con más de 950 000 afectados en 2025, según la ONU. A esto se suma el magnicidio de Miguel Uribe Turbay —senador y precandidato presidencial—, en junio de este año, durante un mitin en Bogotá.
Este panorama no es fortuito, sino el resultado directo de políticas fallidas del gobierno de Gustavo Petro. Como miembro del M-19 —grupo guerrillero responsable de atentados históricos como la toma del Palacio de Justicia en 1985—, Petro ha adoptado una postura conciliadora hacia exguerrilleros y disidencias, bajo el pretexto de la “Paz Total”. Esta política ha incluido ceses al fuego unilaterales, ilegales suspensiones de órdenes de captura y financiamiento indirecto a grupos armados, permitiendo su reorganización y expansión territorial. El resultado: el narcoterrorismo ha retomado el control en regiones como Cauca, Catatumbo y Putumayo, con un aumento en la producción de coca y ataques que no se veían desde los años 90. Petro, mientras él “vive sabroso”, ignora advertencias sobre ofensivas guerrilleras, priorizando diálogos que empoderan a criminales, como se evidencia en los 16 atentados en Cali y el sur en junio, y la reciente escalada. Su pasado en el M-19 influye directamente en una lenidad que envalentona a estos grupos, convirtiendo a Colombia en un narcoestado fragmentado donde la violencia es herramienta para perpetuarse en el poder.
El segundo responsable de la debacle es Iván Velásquez, exministro de Defensa hasta inicios de este año, quien desmanteló la institucionalidad del ministerio. Bajo su gestión, se purgaron oficiales clave, se redujo la inteligencia militar y se priorizaron reformas ideológicas sobre operatividad. Esto dejó a las Fuerzas Armadas sin capacidad para anticipar amenazas, como los drones usados en Antioquia o los explosivos en Cali. Velásquez, con su enfoque en “seguridad humana” en detrimento de la fuerza disuasiva, facilitó el colapso actual, donde policías y soldados son blanco fácil.
Pero la narco violencia no es el único legado de Petro; continuos escándalos de corrupción —que involucran a uno de sus hijos—, abuso de poder, constantes cambios en su gabinete, ya sea por las causas antes mencionadas, o por caprichos presidenciales, y un largo etcétera, son lo que deja este experimento colombiano. Más allá de su verborrea cuasi mesiánica, sus acciones —e inacciones— tienen sumida a Colombia en la debacle.
La crisis bajo Petro representa un retroceso deliberado: de la paz relativa post-2016 a un caos que amenaza la democracia. Los colombianos necesitan una oposición unida para recuperar la seguridad en 2026. Colombia no puede permitir que el legado de un guerrillero sea más sangre y destrucción
