EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Honduras entra al tramo decisivo de su ciclo electoral con una justicia crecientemente politizada y un árbitro – el Consejo Nacional Electoral (CNE) – en constante tensión. Tras unas primarias marcadas por fallas logísticas y custodia deficiente del material por parte de las Fuerzas Armadas, apoyo estructural del oficialismo, el CNE se vio desgastado por parálisis internas y disputas sobre observación y el sistema de conteo de votos. Esto ha causado un aire de parcialidad e incapacidad técnica en unas elecciones de alta polarización.
Al borde de la ley
En ese telón de fondo, la Fiscalía ha sido un terreno de manipulación política. Desde noviembre del 2023, ha sido dirigida interinamente por autoridades designadas por una Comisión Permanente con fuertes cuestionamientos de constitucionalidad. Esta politización de la justicia se ha dado de la mano con la elección de una Junta Directiva del Congreso en el borde de la legalidad debido a dilemas en las formas del procedimiento de elección.
El caso más reciente que cataliza estas tensiones es el del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, investigado por el Ministerio Público por presunto desfalco municipal. Contreras, una figura líder en la oposición y el Partido Liberal, ha sido sujeto de persecución política por parte del fiscal general, Johel Zelaya. El episodio, por el peso político y económico de San Pedro Sula, contamina el clima preelectoral y refuerza el dilema de una justicia percibida como selectiva: especialmente después de la presión ejercida junto con fuerzas policiales para establecer el sistema de conteo de votos.
La situación electoral de Libre
A nivel de competencia partidaria, Libre llega erosionado. El partido capitalizó el antivoto contra el expresidente Juan Orlando Hernández, pero el capital moral de esa causa se ha diluido por conflictos internos y decisiones controvertidas. La elección de la Junta Directiva del Congreso en 2022, con episodios paralelos y acusaciones de vicios de nulidad, dejó una grieta de legitimidad que persiste.
Además, el video publicado por Insight Crime que involucra a narcotraficantes con el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, y el anuncio presidencial – posteriormente desescalado – de poner fin al tratado de extradición con EE. UU. dañaron la percepción pública sobre el compromiso gubernamental con el combate al crimen organizado. Se abrió un caso en la Fiscalía contra el Carlos Zelaya, aunque este ha sido engavetado. A estos hechos se suman señales de clientelismo y uso opaco de fondos sociales, con el propósito de reducir la exposición de desgaste. Este es el caso de la diputada Isis Cuéllar, vinculada por informes del Tribunal Superior de Cuentas al desvío de cheques de SEDESOL con fines proselitistas internos. Aun a pesar de esto, la diputada aparece en primera casilla en su departamento en las boletas publicadas el 2 de octubre.
El golpe de la oposición
El golpe de gracia que la oposición pretende dar se ve a través de la candidatura de Jorge Cálix por el departamento de Olancho y condensa la batalla estratégica. Cercano a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, y con perfil de látigo en el Congreso, Cálix alega un bloqueo de su inscripción en el CNE por motivos políticos. Habilitarlo en Olancho – departamento de origen de la familia presidencial – busca fragmentar el voto oficialista mediante el arrastre combinado de Nasralla y Cálix en el departamento.
En suma, Honduras llega a las urnas con un árbitro debilitado, una Fiscalía cuestionada por su parcialidad y un oficialismo que pasó de acusador a acusado en el relato anticorrupción. La combinación de expedientes sensibles, candidaturas litigiosas y nombres bajo sanciones o informes crea un campo de juego donde la oposición se ve en desventaja frente a una estructura estatal que intenta amañar las elecciones a su favor.
Honduras entra al tramo decisivo de su ciclo electoral con una justicia crecientemente politizada y un árbitro – el Consejo Nacional Electoral (CNE) – en constante tensión. Tras unas primarias marcadas por fallas logísticas y custodia deficiente del material por parte de las Fuerzas Armadas, apoyo estructural del oficialismo, el CNE se vio desgastado por parálisis internas y disputas sobre observación y el sistema de conteo de votos. Esto ha causado un aire de parcialidad e incapacidad técnica en unas elecciones de alta polarización.
Al borde de la ley
En ese telón de fondo, la Fiscalía ha sido un terreno de manipulación política. Desde noviembre del 2023, ha sido dirigida interinamente por autoridades designadas por una Comisión Permanente con fuertes cuestionamientos de constitucionalidad. Esta politización de la justicia se ha dado de la mano con la elección de una Junta Directiva del Congreso en el borde de la legalidad debido a dilemas en las formas del procedimiento de elección.
El caso más reciente que cataliza estas tensiones es el del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, investigado por el Ministerio Público por presunto desfalco municipal. Contreras, una figura líder en la oposición y el Partido Liberal, ha sido sujeto de persecución política por parte del fiscal general, Johel Zelaya. El episodio, por el peso político y económico de San Pedro Sula, contamina el clima preelectoral y refuerza el dilema de una justicia percibida como selectiva: especialmente después de la presión ejercida junto con fuerzas policiales para establecer el sistema de conteo de votos.
La situación electoral de Libre
A nivel de competencia partidaria, Libre llega erosionado. El partido capitalizó el antivoto contra el expresidente Juan Orlando Hernández, pero el capital moral de esa causa se ha diluido por conflictos internos y decisiones controvertidas. La elección de la Junta Directiva del Congreso en 2022, con episodios paralelos y acusaciones de vicios de nulidad, dejó una grieta de legitimidad que persiste.
Además, el video publicado por Insight Crime que involucra a narcotraficantes con el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, y el anuncio presidencial – posteriormente desescalado – de poner fin al tratado de extradición con EE. UU. dañaron la percepción pública sobre el compromiso gubernamental con el combate al crimen organizado. Se abrió un caso en la Fiscalía contra el Carlos Zelaya, aunque este ha sido engavetado. A estos hechos se suman señales de clientelismo y uso opaco de fondos sociales, con el propósito de reducir la exposición de desgaste. Este es el caso de la diputada Isis Cuéllar, vinculada por informes del Tribunal Superior de Cuentas al desvío de cheques de SEDESOL con fines proselitistas internos. Aun a pesar de esto, la diputada aparece en primera casilla en su departamento en las boletas publicadas el 2 de octubre.
El golpe de la oposición
El golpe de gracia que la oposición pretende dar se ve a través de la candidatura de Jorge Cálix por el departamento de Olancho y condensa la batalla estratégica. Cercano a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, y con perfil de látigo en el Congreso, Cálix alega un bloqueo de su inscripción en el CNE por motivos políticos. Habilitarlo en Olancho – departamento de origen de la familia presidencial – busca fragmentar el voto oficialista mediante el arrastre combinado de Nasralla y Cálix en el departamento.
En suma, Honduras llega a las urnas con un árbitro debilitado, una Fiscalía cuestionada por su parcialidad y un oficialismo que pasó de acusador a acusado en el relato anticorrupción. La combinación de expedientes sensibles, candidaturas litigiosas y nombres bajo sanciones o informes crea un campo de juego donde la oposición se ve en desventaja frente a una estructura estatal que intenta amañar las elecciones a su favor.
