EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Con la llegada de las nuevas autoridades, particularmente las municipales, las comunidades se llenan de ilusión por la llegada del gran esperado “cambio”. Sin embargo, cuatro años más pasan y los problemas siguen allí. Muchas personas le atribuyen esta situación a la falta de preparación en los alcaldes, a la alta tasa de rotación (con una tasa de reelección únicamente del 30 %) o a la captura de los recursos públicos. No obstante, al observar las estadísticas la respuesta es clara, el problema es la falta de capacidad de ejecución debido a la ausencia de un músculo financiero fuerte.
¿Qué nos dicen las cifras?
Con datos presupuestarios del 2022, la inversión promedio de las municipalidades per cápita es de Q1,049.79 anualmente, con municipios siquiera rozando los Q200.00, lo cual implica que entre municipios se podría registrar una diferencia de inversión de hasta Q4,900. Los datos no mienten y la realidad lo confirma. Estas cifras indican que la distribución presupuestaria no responde a la concentración poblacional, a la distribución de la producción del país o a la demanda de servicios en las diferentes localidades, los cuales son parámetros objetivos. Por ello, el reparto de recursos en vez de ser una negociación racional parece más una subasta entre “los que dan más”.
Incentivos perversos
No nos debería de sorprender que esta descentralización carente de robustez obligue a los alcaldes a buscar alternativas, en su mayoría ilícita, para llevar proyectos a sus comunidades y asegurar la reelección dentro de cuatro años. En la mayoría de los casos, esta dinámica se traduce en una perversión de las instituciones, en donde alcaldes y diputados distritales crean sus propios negocios, al margen del Estado, que, en vez de responder con calidad a las necesidades de la población, únicamente satisfacen sus propios intereses.
Claramente, en este juego de poder quien sale perjudicado somos los ciudadanos, quienes todos los días nos debemos enfrentar a las carencias de los servicios. Es más, esto nos debería llevar hacia una reflexión sobre: ¿cómo podemos justificar nuestra autoridad municipal si esta no cumple su función básica que es la provisión de bienes públicos?
La descentralización importa
Esta realidad es contraria a lo que la teoría política nos enseña, ya que esta indica que las municipalidades, al ser más cercanas a la población, entienden mejor las necesidades de sus territorios y proveen mejores resultados que la administración central. En Guatemala el mundo es al revés, dado que las autoridades locales se encuentran de rodillas frente a un gobierno central que no está dispuesto a delegar competencias para hacer más eficiente su gestión.
La solución se encuentra en modificar el modelo de descentralización, enfocándonos en fortalecer las autoridades locales. No obstante, antes de replantearnos un nuevo modelo de administración, sería necesario pensar sobre los ámbitos funcionales que le corresponden a cada sector. De esta manera, en vez de generar una dinámica de competencia entre el centro y la periferia, la cooperación primaría sobre todos los intereses.
Con la llegada de las nuevas autoridades, particularmente las municipales, las comunidades se llenan de ilusión por la llegada del gran esperado “cambio”. Sin embargo, cuatro años más pasan y los problemas siguen allí. Muchas personas le atribuyen esta situación a la falta de preparación en los alcaldes, a la alta tasa de rotación (con una tasa de reelección únicamente del 30 %) o a la captura de los recursos públicos. No obstante, al observar las estadísticas la respuesta es clara, el problema es la falta de capacidad de ejecución debido a la ausencia de un músculo financiero fuerte.
¿Qué nos dicen las cifras?
Con datos presupuestarios del 2022, la inversión promedio de las municipalidades per cápita es de Q1,049.79 anualmente, con municipios siquiera rozando los Q200.00, lo cual implica que entre municipios se podría registrar una diferencia de inversión de hasta Q4,900. Los datos no mienten y la realidad lo confirma. Estas cifras indican que la distribución presupuestaria no responde a la concentración poblacional, a la distribución de la producción del país o a la demanda de servicios en las diferentes localidades, los cuales son parámetros objetivos. Por ello, el reparto de recursos en vez de ser una negociación racional parece más una subasta entre “los que dan más”.
Incentivos perversos
No nos debería de sorprender que esta descentralización carente de robustez obligue a los alcaldes a buscar alternativas, en su mayoría ilícita, para llevar proyectos a sus comunidades y asegurar la reelección dentro de cuatro años. En la mayoría de los casos, esta dinámica se traduce en una perversión de las instituciones, en donde alcaldes y diputados distritales crean sus propios negocios, al margen del Estado, que, en vez de responder con calidad a las necesidades de la población, únicamente satisfacen sus propios intereses.
Claramente, en este juego de poder quien sale perjudicado somos los ciudadanos, quienes todos los días nos debemos enfrentar a las carencias de los servicios. Es más, esto nos debería llevar hacia una reflexión sobre: ¿cómo podemos justificar nuestra autoridad municipal si esta no cumple su función básica que es la provisión de bienes públicos?
La descentralización importa
Esta realidad es contraria a lo que la teoría política nos enseña, ya que esta indica que las municipalidades, al ser más cercanas a la población, entienden mejor las necesidades de sus territorios y proveen mejores resultados que la administración central. En Guatemala el mundo es al revés, dado que las autoridades locales se encuentran de rodillas frente a un gobierno central que no está dispuesto a delegar competencias para hacer más eficiente su gestión.
La solución se encuentra en modificar el modelo de descentralización, enfocándonos en fortalecer las autoridades locales. No obstante, antes de replantearnos un nuevo modelo de administración, sería necesario pensar sobre los ámbitos funcionales que le corresponden a cada sector. De esta manera, en vez de generar una dinámica de competencia entre el centro y la periferia, la cooperación primaría sobre todos los intereses.
