EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El pasado 23 de junio de 2025, el presidente Arévalo, aunque indirectamente, finalmente mostró sus verdaderos colores. En seguimiento a lo dispuesto en la recién aprobada Ley de Competencia, el presidente eligió a quienes ocuparían los cargos de director y subdirector suplente en el Directorio de la Superintendencia de Competencia. No obstante, más que ser un proceso competitivo, como lo sugeriría el nombre de la entidad, parece que los intereses personales se impusieron ante el mérito. Esto se debe a que Luis Guillermo Velásquez Pérez, un viejo conocido entre las filas del oficialismo como director de campaña, fue designado como director suplente. Es decir, sin la intención de despreciar sus competencias profesionales, es evidente que sí existe un claro conflicto de intereses, un comportamiento fuertemente criticado por el oficialismo en el pasado.
Esta designación era la oportunidad para que el presidente demostrara que era capaz de poner de lado sus intereses personales y partidistas, en favor de la institucionalidad del país. Esto se debe a que, siendo la Superintendencia de Competencia una nueva entidad pública, esta se presentaba como lienzo en blanco para probar que, bajo un proceso “transparente y libre de intereses”, como lo vendía el oficialismo, era posible construir instituciones públicas sólidas y en favor del progreso del país. No obstante, como era de esperarse, el realismo político y el poder ganaron la jugada.
El péndulo que no se detiene
En los últimos años, Guatemala ha estado atrapada en la dinámica de un péndulo de poder en el que cada grupo de interés ha buscado capturar las instituciones claves del Estado, a fin de beneficiar sus intereses.
Lejos de mostrar madurez política, como lo prometió antes de asumir el cargo, el presidente, como la mayoría de los actores en la arena política, ya forma parte del juego de poder que no es más que terreno fértil para el actuar poco virtuoso.
Como consecuencia del movimiento pendular, el entramado institucional se ha paralizado y, como tal, los esfuerzos únicamente se han dirigido a fines clientelares y de beneficio personal, poniendo en riesgo las funciones y garantías estatales. Así pues, las últimas designaciones de Arévalo, más que paralizar este movimiento, únicamente han sumado un peso más a la balanza.
Ahora bien, más allá de la Superintendencia de Competencia, esta acción sienta un precedente para el 2026, un año clave para la institucionalidad guatemalteca. Como si fuera poco, en 2026, entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad estarán en el ojo del huracán de del proceso de elección de nuevas autoridades. Así pues, a pesar de que el presidente no incide directamente en todas las designaciones, sí tiene la capacidad de influir sobre los otros sectores. Por lo tanto, tomando en cuenta su decisión con la Competencia, lo más probable es que mantenga los mismos estándares para el resto de las elecciones. En otras palabras, las instituciones, que ahora denuncian por estar capturadas, únicamente cambiarán de patrón; la diferencia es que esta vez sería afín al oficialismo de turno.
De esta manera, lejos de mostrar madurez política, como lo prometió antes de asumir el cargo, el presidente, como la mayoría de los actores en la arena política, ya forma parte del juego de poder que no es más que terreno fértil para el actuar poco virtuoso. Las cartas están echadas y el presidente ya mostró su jugada. De continuar así, únicamente se profundizará más en el declive institucional, en el que los ciudadanos son los que deben pagar los costos del mal actuar de los políticos.
Un mal precedente, presidente
El pasado 23 de junio de 2025, el presidente Arévalo, aunque indirectamente, finalmente mostró sus verdaderos colores. En seguimiento a lo dispuesto en la recién aprobada Ley de Competencia, el presidente eligió a quienes ocuparían los cargos de director y subdirector suplente en el Directorio de la Superintendencia de Competencia. No obstante, más que ser un proceso competitivo, como lo sugeriría el nombre de la entidad, parece que los intereses personales se impusieron ante el mérito. Esto se debe a que Luis Guillermo Velásquez Pérez, un viejo conocido entre las filas del oficialismo como director de campaña, fue designado como director suplente. Es decir, sin la intención de despreciar sus competencias profesionales, es evidente que sí existe un claro conflicto de intereses, un comportamiento fuertemente criticado por el oficialismo en el pasado.
Esta designación era la oportunidad para que el presidente demostrara que era capaz de poner de lado sus intereses personales y partidistas, en favor de la institucionalidad del país. Esto se debe a que, siendo la Superintendencia de Competencia una nueva entidad pública, esta se presentaba como lienzo en blanco para probar que, bajo un proceso “transparente y libre de intereses”, como lo vendía el oficialismo, era posible construir instituciones públicas sólidas y en favor del progreso del país. No obstante, como era de esperarse, el realismo político y el poder ganaron la jugada.
El péndulo que no se detiene
En los últimos años, Guatemala ha estado atrapada en la dinámica de un péndulo de poder en el que cada grupo de interés ha buscado capturar las instituciones claves del Estado, a fin de beneficiar sus intereses.
Lejos de mostrar madurez política, como lo prometió antes de asumir el cargo, el presidente, como la mayoría de los actores en la arena política, ya forma parte del juego de poder que no es más que terreno fértil para el actuar poco virtuoso.
Como consecuencia del movimiento pendular, el entramado institucional se ha paralizado y, como tal, los esfuerzos únicamente se han dirigido a fines clientelares y de beneficio personal, poniendo en riesgo las funciones y garantías estatales. Así pues, las últimas designaciones de Arévalo, más que paralizar este movimiento, únicamente han sumado un peso más a la balanza.
Ahora bien, más allá de la Superintendencia de Competencia, esta acción sienta un precedente para el 2026, un año clave para la institucionalidad guatemalteca. Como si fuera poco, en 2026, entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad estarán en el ojo del huracán de del proceso de elección de nuevas autoridades. Así pues, a pesar de que el presidente no incide directamente en todas las designaciones, sí tiene la capacidad de influir sobre los otros sectores. Por lo tanto, tomando en cuenta su decisión con la Competencia, lo más probable es que mantenga los mismos estándares para el resto de las elecciones. En otras palabras, las instituciones, que ahora denuncian por estar capturadas, únicamente cambiarán de patrón; la diferencia es que esta vez sería afín al oficialismo de turno.
De esta manera, lejos de mostrar madurez política, como lo prometió antes de asumir el cargo, el presidente, como la mayoría de los actores en la arena política, ya forma parte del juego de poder que no es más que terreno fértil para el actuar poco virtuoso. Las cartas están echadas y el presidente ya mostró su jugada. De continuar así, únicamente se profundizará más en el declive institucional, en el que los ciudadanos son los que deben pagar los costos del mal actuar de los políticos.
