EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, declaró ilegales los aranceles globales impuestos por Donald Trump bajo la IEEPA —International EmergencyEconomic Powers Act—. Aunque la medida fue declarada inconstitucional, los jueces ordenaron mantenerla vigente hasta el 14 de octubre, en espera de una apelación ante la Corte Suprema. Este caso no solo enfrenta a Trump con el marco legal, sino que pone en tela de juicio hasta dónde puede llegar el poder del presidente en materia económica.
¿Quién decide la política comercial de Estados Unidos, el Congreso o el presidente? Desde los años treinta, el Congreso ha delegado facultades al Ejecutivo para manejar emergencias económicas, pero la pregunta es si imponer aranceles globales puede considerarse una “emergencia nacional”. Trump justificó tarifas de hasta el 25 % sobre importaciones clave en nombre de la “seguridad nacional”.
Las cortes fueron claras: la IEEPA no puede autorizar aranceles, y permitirlo sería abrir la puerta a un poder presidencial sin contrapesos. Sin embargo, la Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora, podría ver las cosas de otra forma. En su argumentación, la defensa de Trump apela a la “seguridad económica” como un tema inseparable de la seguridad nacional. Y aquí entra la política: la misma Corte que ha fortalecido al Ejecutivo en temas migratorios y regulatorios podría darle la razón al presidente.
Pero no todo juega aún a su favor, existe una línea jurisprudencial reciente, conocida como la “major questions doctrine”, que exige claridad explícita del Congreso cuando se trata de delegar poderes amplios al Ejecutivo. En otras palabras: si la ley no dice de forma puntual que el presidente puede imponer aranceles, entonces no puede hacerlo. Esta ley ha sido utilizada por jueces conservadores para frenar excesos regulatorios y si se aplica con la misma lógica, Trump tendría poca cancha.
En un mundo cada vez más interdependiente, los cambios en Washington no son asuntos lejanos. El dilema es si la Corte Suprema permitirá que el presidente siga gobernando la economía por decreto, o si pondrá un límite.
El desenlace, entonces, es incierto. Los analistas en Washington estiman que las probabilidades están divididas: un 40-50 % de que Trump logre un fallo favorable, y un 50-60 % de que la Corte confirme la ilegalidad de los aranceles. Lo que está claro es que la decisión marcará un antes y un después en la política comercial estadounidense.
Las implicaciones económicas serán inmediatas para las empresas estadounidenses, la eliminación de los aranceles significará menores costos de importación y, en teoría, precios más bajos al consumidor. Para China y otros países golpeados por la guerra comercial, representará un respiro para recuperar acceso al mercado más grande del mundo. Y para socios como Guatemala y Centroamérica, el impacto sería doble: por un lado, un Estados Unidos con menos inflación y mayor dinamismo comercial tiende a importar más productos de la región; por otro lado China más competitiva.
En lo geopolítico, el fallo también tendrá peso. Si la Corte Suprema valida los aranceles de Trump, estaría consolidando un precedente que otros presidentes podrían usar para imponer medidas comerciales de forma unilateral. Eso alteraría las reglas del comercio internacional, debilitando los organismos multilaterales y volviendo aún más impredecible el escenario global. Si, en cambio, la Corte limita el poder presidencial, se estaría enviando un mensaje de respeto a la institucionalidad y al rol del Congreso, lo que podría estabilizar la relación con aliados estratégicos.
Para Guatemala, país que depende en gran medida de sus exportaciones a Estados Unidos y de la solidez de su economía, el fallo será determinante. Más allá del resultado, el mensaje es claro: en un mundo cada vez más interdependiente, los cambios en Washington no son asuntos lejanos. El dilema es si la Corte Suprema permitirá que el presidente siga gobernando la economía por decreto, o si pondrá un límite.
La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, declaró ilegales los aranceles globales impuestos por Donald Trump bajo la IEEPA —International EmergencyEconomic Powers Act—. Aunque la medida fue declarada inconstitucional, los jueces ordenaron mantenerla vigente hasta el 14 de octubre, en espera de una apelación ante la Corte Suprema. Este caso no solo enfrenta a Trump con el marco legal, sino que pone en tela de juicio hasta dónde puede llegar el poder del presidente en materia económica.
¿Quién decide la política comercial de Estados Unidos, el Congreso o el presidente? Desde los años treinta, el Congreso ha delegado facultades al Ejecutivo para manejar emergencias económicas, pero la pregunta es si imponer aranceles globales puede considerarse una “emergencia nacional”. Trump justificó tarifas de hasta el 25 % sobre importaciones clave en nombre de la “seguridad nacional”.
Las cortes fueron claras: la IEEPA no puede autorizar aranceles, y permitirlo sería abrir la puerta a un poder presidencial sin contrapesos. Sin embargo, la Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora, podría ver las cosas de otra forma. En su argumentación, la defensa de Trump apela a la “seguridad económica” como un tema inseparable de la seguridad nacional. Y aquí entra la política: la misma Corte que ha fortalecido al Ejecutivo en temas migratorios y regulatorios podría darle la razón al presidente.
Pero no todo juega aún a su favor, existe una línea jurisprudencial reciente, conocida como la “major questions doctrine”, que exige claridad explícita del Congreso cuando se trata de delegar poderes amplios al Ejecutivo. En otras palabras: si la ley no dice de forma puntual que el presidente puede imponer aranceles, entonces no puede hacerlo. Esta ley ha sido utilizada por jueces conservadores para frenar excesos regulatorios y si se aplica con la misma lógica, Trump tendría poca cancha.
En un mundo cada vez más interdependiente, los cambios en Washington no son asuntos lejanos. El dilema es si la Corte Suprema permitirá que el presidente siga gobernando la economía por decreto, o si pondrá un límite.
El desenlace, entonces, es incierto. Los analistas en Washington estiman que las probabilidades están divididas: un 40-50 % de que Trump logre un fallo favorable, y un 50-60 % de que la Corte confirme la ilegalidad de los aranceles. Lo que está claro es que la decisión marcará un antes y un después en la política comercial estadounidense.
Las implicaciones económicas serán inmediatas para las empresas estadounidenses, la eliminación de los aranceles significará menores costos de importación y, en teoría, precios más bajos al consumidor. Para China y otros países golpeados por la guerra comercial, representará un respiro para recuperar acceso al mercado más grande del mundo. Y para socios como Guatemala y Centroamérica, el impacto sería doble: por un lado, un Estados Unidos con menos inflación y mayor dinamismo comercial tiende a importar más productos de la región; por otro lado China más competitiva.
En lo geopolítico, el fallo también tendrá peso. Si la Corte Suprema valida los aranceles de Trump, estaría consolidando un precedente que otros presidentes podrían usar para imponer medidas comerciales de forma unilateral. Eso alteraría las reglas del comercio internacional, debilitando los organismos multilaterales y volviendo aún más impredecible el escenario global. Si, en cambio, la Corte limita el poder presidencial, se estaría enviando un mensaje de respeto a la institucionalidad y al rol del Congreso, lo que podría estabilizar la relación con aliados estratégicos.
Para Guatemala, país que depende en gran medida de sus exportaciones a Estados Unidos y de la solidez de su economía, el fallo será determinante. Más allá del resultado, el mensaje es claro: en un mundo cada vez más interdependiente, los cambios en Washington no son asuntos lejanos. El dilema es si la Corte Suprema permitirá que el presidente siga gobernando la economía por decreto, o si pondrá un límite.
