EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Liderados por diputados oficialistas, una mayoría de congresistas cayó en la trampa de aprobar subsidios para los combustibles porque, claro, ¡el gobierno debería hacer algo!
En la realidad no importa si ese “algo” es económica, financiera y moralmente perjudicial; porque en la mentalidad y en la retórica estatistas que prevalecen entre muchos electores, políticos y burócratas, “gobernar es gravar para gastar” lo que quiere decir: transferir recursos del sector voluntario de la economía al sector coercitivo de la economía.
Lo que ve la gente es que en autoservicio la gasolina regular cuesta unos Q37.99 y con el subsidio debería quedar en Q32.99. La gasolina super cuesta unos Q38.99, y con el subsidio debería andar por Q33.99. El galón de diésel, que se cotiza cuesta unos Q41.69, con la transferencia debería quedar en Q33.69. Pero lo que no se ve es muy dañino.
Mis cuates que saben de estas cosas calcularon que el subsidio aprobado para tres meses, de Q2000 millones, en realidad alcanzará para poco más de dos meses con base a datos sobre el consumo.
Desde la perspectiva política, los subsidios, en general, son instrumentos de clientelismo y corrupción institucionalizada. El gobierno, al redistribuir recursos coercitivamente (vía impuestos, o inflación), crea grupos de interés dependientes que presionan por mantener, o ampliar los subsidios. Los pipoldermos compran votos potenciales al ofrecer “beneficios” visibles mientras los costos se diluyen de forma invisible entre todos los contribuyentes. Se fomenta el mercantilismo porque las empresas más conectadas políticamente reciben los fondos, no las más eficientes. Esto erosiona la meritocracia y la competencia real. Los subsidios convierten al gobierno en árbitro de ganadores y perdedores y la política se consolida como una lucha por el botín fiscal. Ejemplo: el transporte colectivo urbano que dejó de ser una actividad empresarial legítima para convertirse en un caldo de mafias que viven del dinero ajeno tomado por la fuerza.
En general, los subsidios distorsionan el cálculo económico y las señales de precios. El precio de mercado es la única forma en que millones de individuos coordinan sus acciones sin un planificador central. Al bajar artificialmente el precio de un bien o servicio se genera “malinversión” que es cuando los recursos (capital, trabajo, materias primas) se desvían hacia actividades que el mercado libre no demandaría en esa magnitud. Ejemplo: más gente va a usar combustibles, como cuando mucha gente desperdicia agua porque el agua no tiene precio de mercado. Encima de aquello, las empresas subsidiadas no tienen incentivos para reducir costos, innovar, o adaptarse a la realidad. Sobreviven empresas zombis que consumen recursos que podrían usarse mejor en otro lugar.
Los subsidios a los combustibles, en particular, incentivan al sobreconsumo. El mercado no puede señalar la verdadera escasez energética, por lo que no se incentiva la conservación, ni la inversión en alternativas, ni el transporte racional.
Las empresas subsidiadas no compiten por eficiencia, y los pipoldermos trasladan los costos a toda la economía.
Los subsidios —que en este caso saldrán de readecuaciones presupuestarias— se financian con deudas que tarde o temprano van a tener que pagar los tributarios ya sea directamente, o por medio de inflación que erosiona el poder adquisitivo de todos, y especialmente de los más pobres.
Según mi querido F. A. Hayek, los precios son un sistema de información que transmite conocimiento disperso. Al subsidiar combustibles, el gobierno “apaga” esa señal en un sector clave, lo que ocasiona descoordinación generalizada. Según mi estimadísimo L. v. Mises, es un cálculo económico imposible ya que tarde o temprano no se sabe cuál es el “precio correcto” sin mercado libre.
Finalmente, de acuerdo con mi admirada A. Rand, los subsidios destruyen la independencia moral de los individuos porque crean una cultura de mendicidad estatal donde la gente aprende a pedir al gobierno en vez de actuar de acuerdo con su mejor juicio en un mercado de precios reales.
Al final, la factura siempre llega. Y cuando lo hace, los que menos pueden son los que más pagan.
Liderados por diputados oficialistas, una mayoría de congresistas cayó en la trampa de aprobar subsidios para los combustibles porque, claro, ¡el gobierno debería hacer algo!
En la realidad no importa si ese “algo” es económica, financiera y moralmente perjudicial; porque en la mentalidad y en la retórica estatistas que prevalecen entre muchos electores, políticos y burócratas, “gobernar es gravar para gastar” lo que quiere decir: transferir recursos del sector voluntario de la economía al sector coercitivo de la economía.
Lo que ve la gente es que en autoservicio la gasolina regular cuesta unos Q37.99 y con el subsidio debería quedar en Q32.99. La gasolina super cuesta unos Q38.99, y con el subsidio debería andar por Q33.99. El galón de diésel, que se cotiza cuesta unos Q41.69, con la transferencia debería quedar en Q33.69. Pero lo que no se ve es muy dañino.
Mis cuates que saben de estas cosas calcularon que el subsidio aprobado para tres meses, de Q2000 millones, en realidad alcanzará para poco más de dos meses con base a datos sobre el consumo.
Desde la perspectiva política, los subsidios, en general, son instrumentos de clientelismo y corrupción institucionalizada. El gobierno, al redistribuir recursos coercitivamente (vía impuestos, o inflación), crea grupos de interés dependientes que presionan por mantener, o ampliar los subsidios. Los pipoldermos compran votos potenciales al ofrecer “beneficios” visibles mientras los costos se diluyen de forma invisible entre todos los contribuyentes. Se fomenta el mercantilismo porque las empresas más conectadas políticamente reciben los fondos, no las más eficientes. Esto erosiona la meritocracia y la competencia real. Los subsidios convierten al gobierno en árbitro de ganadores y perdedores y la política se consolida como una lucha por el botín fiscal. Ejemplo: el transporte colectivo urbano que dejó de ser una actividad empresarial legítima para convertirse en un caldo de mafias que viven del dinero ajeno tomado por la fuerza.
En general, los subsidios distorsionan el cálculo económico y las señales de precios. El precio de mercado es la única forma en que millones de individuos coordinan sus acciones sin un planificador central. Al bajar artificialmente el precio de un bien o servicio se genera “malinversión” que es cuando los recursos (capital, trabajo, materias primas) se desvían hacia actividades que el mercado libre no demandaría en esa magnitud. Ejemplo: más gente va a usar combustibles, como cuando mucha gente desperdicia agua porque el agua no tiene precio de mercado. Encima de aquello, las empresas subsidiadas no tienen incentivos para reducir costos, innovar, o adaptarse a la realidad. Sobreviven empresas zombis que consumen recursos que podrían usarse mejor en otro lugar.
Los subsidios a los combustibles, en particular, incentivan al sobreconsumo. El mercado no puede señalar la verdadera escasez energética, por lo que no se incentiva la conservación, ni la inversión en alternativas, ni el transporte racional.
Las empresas subsidiadas no compiten por eficiencia, y los pipoldermos trasladan los costos a toda la economía.
Los subsidios —que en este caso saldrán de readecuaciones presupuestarias— se financian con deudas que tarde o temprano van a tener que pagar los tributarios ya sea directamente, o por medio de inflación que erosiona el poder adquisitivo de todos, y especialmente de los más pobres.
Según mi querido F. A. Hayek, los precios son un sistema de información que transmite conocimiento disperso. Al subsidiar combustibles, el gobierno “apaga” esa señal en un sector clave, lo que ocasiona descoordinación generalizada. Según mi estimadísimo L. v. Mises, es un cálculo económico imposible ya que tarde o temprano no se sabe cuál es el “precio correcto” sin mercado libre.
Finalmente, de acuerdo con mi admirada A. Rand, los subsidios destruyen la independencia moral de los individuos porque crean una cultura de mendicidad estatal donde la gente aprende a pedir al gobierno en vez de actuar de acuerdo con su mejor juicio en un mercado de precios reales.
Al final, la factura siempre llega. Y cuando lo hace, los que menos pueden son los que más pagan.
