EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Es ampliamente reconocido entre los economistas que el arte de la economía consiste no solo en evaluar el efecto inmediato de cualquier política, sino también sus repercusiones a largo plazo. Es fundamental anticipar las consecuencias de una política no solo para un grupo específico, sino para todos los grupos sociales. Además, es comúnmente aceptado entre los economistas que el sistema de precios actúa como un mecanismo de información sobre los acuerdos entre individuos que buscan intercambiar bienes y servicios. No obstante, este conocimiento no es tan extendido entre la población general.
Un ejemplo cotidiano que ilustra perfectamente cómo se establece el precio es la experiencia de ir al mercado. Allí, comprador y vendedor negocian hasta llegar a un acuerdo. El comprador potencial demanda un bien y ofrece una cantidad de dinero por él, mientras que el vendedor potencial requiere una suma específica por el bien que ofrece. Tanto el comprador como el vendedor están involucrados en un proceso de oferta y demanda. El precio acordado es aquella cantidad que ambos consideran beneficiosa para realizar el intercambio. Esta información resultante es útil para cualquier persona interesada en competir en el mismo sector, ya que le permite calcular si participar en ese negocio sería rentable o no. En última instancia, el sistema de precios refleja los acuerdos entre los compradores y vendedores marginales, estructurando así la producción de bienes y servicios de acuerdo con lo que más valoran los consumidores, es decir, por aquellos cauces que mejor permiten atender los deseos de los consumidores según estos se manifiesten en el mercado.
Mientras que el precio es el resultado del cálculo económico y de la persuasión, por la promesa de un servicio y un premio, el salario mínimo es producto de un mandato gubernamental coercitivo, prometiendo un castigo a quien no lo pague. Pero, aunque se llame salario, este es un precio por servicios, o sea, por bienes inmateriales. Y al obligar por disposición un supuesto precio, distorsiona la información en el mercado, haciendo parecer que determinado servicio vale más para el consumidor de lo que en realidad está dispuesto a pagar por este. La intervención arbitraria del gobierno al implantar la orden de pagar un salario mínimo causa una convulsión de precios. Modifica la estructura de la producción de bienes y servicios, la que deberá reajustarse conforme a los deseos de los consumidores.
El primer error de los burócratas, aunque sean bien intencionados, es precisamente no evaluar las repercusiones de su intervención a largo plazo. A corto plazo creen que hacen un bien, porque ¿quién no querría ver que todo mundo estuviera mejor? Pero lo que en realidad sucede es que quien no pueda proveer un servicio que en el mercado valga GTQ 118.14 diarios, no serán contratadoS. No se puede hacer que el valor de un servicio concreto sea de determinada cantidad, haciendo ilegal el regateo, prohibiendo pagar una cantidad menor. Lo único que consigue este mandato es denegarles el derecho a aquellos de ganar la cantidad que sus habilidades y circunstancias permitirían, privándole a la comunidad de los servicios que son capaces de prestar. La orden sustituye un salario bajo por desempleo, causando un daño mayor.
Cuanto más produce un trabajador, más se incrementa la riqueza de la comunidad. Por lo tanto, la política del gobierno debe enfocarse en disminuir los costos de producción. Para ello, debe eliminar regulaciones y obstáculos a la creación de empresas, que son las que generan empleos.
El segundo error del burócrata que impone este mandato es suponer que el empleador puede absorber el costo extra. Conjetura que, si una industria forzada a pagar salarios más altos no puede absorber el alza al costo de producción, podrá subir sus precios y trasladar este al consumidor. Y alguno tal vez pueda. Y el consumidor también subirá sus precios para poder enfrentar el alza a sus costos. Y así sucesivamente provocando una subida de precios más o menos generalizada, con la consecuencia que el poder adquisitivo del nuevo salario mínimo llega a ser menor que el anterior. El asalariado, después de la alegría e ilusión inicial, se da cuenta al final de que ahora es más pobre porque puede comprar menos, ya que los precios subieron.
Pero trasladar el precio al consumidor no es tan fácil como decirlo, porque un precio más alto por un determinado producto puede llevar al consumidor a comprar productos importados o a buscar algún sustituto. Y si el precio de los bienes de productores marginales no sube, estas industrias quebrarán, desapareciendo del mercado los bienes que fabrican causando mayor desempleo. Ya estamos viendo estas consecuencias con los despidos masivos en maquilas y subida de precios en el transporte, alza que pronto se sentirá en los productos acarreados al consumidor.
El alza arbitraria al salario mínimo lo convierte en un salario miserable que empobrece a la comunidad entera.
La cuestión no es si deseamos que todos mejoren lo más posible, pues esa es una meta común entre las personas de buena voluntad. La cuestión es cómo lograrlo y cuál es el medio para alcanzar esa meta. Como no se puede distribuir más riqueza de la que se crea, la solución es aumentar la productividad de la labor marginal. Esto se logra mediante la acumulación de capital, aumentando la cantidad de máquinas que sirvan a los trabajadores. Cuanto más produce un trabajador, más se incrementa la riqueza de la comunidad. Por lo tanto, la política del gobierno debe enfocarse en disminuir los costos de producción. Para ello, debe eliminar regulaciones y obstáculos a la creación de empresas, que son las que generan empleos. También debe fomentar la posibilidad de obtener beneficios, adquirir maquinaria, expandir industrias y acumular capital, aumentando así el empleo y los salarios reales.
¿Cómo lograrlo? Evitando impuestos a la renta, garantizando el cumplimiento de contratos, protegiendo la propiedad privada y ofreciendo certeza jurídica. Esto hará que el país sea atractivo para las inversiones de empresarios nacionales y extranjeros.
Es ampliamente reconocido entre los economistas que el arte de la economía consiste no solo en evaluar el efecto inmediato de cualquier política, sino también sus repercusiones a largo plazo. Es fundamental anticipar las consecuencias de una política no solo para un grupo específico, sino para todos los grupos sociales. Además, es comúnmente aceptado entre los economistas que el sistema de precios actúa como un mecanismo de información sobre los acuerdos entre individuos que buscan intercambiar bienes y servicios. No obstante, este conocimiento no es tan extendido entre la población general.
Un ejemplo cotidiano que ilustra perfectamente cómo se establece el precio es la experiencia de ir al mercado. Allí, comprador y vendedor negocian hasta llegar a un acuerdo. El comprador potencial demanda un bien y ofrece una cantidad de dinero por él, mientras que el vendedor potencial requiere una suma específica por el bien que ofrece. Tanto el comprador como el vendedor están involucrados en un proceso de oferta y demanda. El precio acordado es aquella cantidad que ambos consideran beneficiosa para realizar el intercambio. Esta información resultante es útil para cualquier persona interesada en competir en el mismo sector, ya que le permite calcular si participar en ese negocio sería rentable o no. En última instancia, el sistema de precios refleja los acuerdos entre los compradores y vendedores marginales, estructurando así la producción de bienes y servicios de acuerdo con lo que más valoran los consumidores, es decir, por aquellos cauces que mejor permiten atender los deseos de los consumidores según estos se manifiesten en el mercado.
Mientras que el precio es el resultado del cálculo económico y de la persuasión, por la promesa de un servicio y un premio, el salario mínimo es producto de un mandato gubernamental coercitivo, prometiendo un castigo a quien no lo pague. Pero, aunque se llame salario, este es un precio por servicios, o sea, por bienes inmateriales. Y al obligar por disposición un supuesto precio, distorsiona la información en el mercado, haciendo parecer que determinado servicio vale más para el consumidor de lo que en realidad está dispuesto a pagar por este. La intervención arbitraria del gobierno al implantar la orden de pagar un salario mínimo causa una convulsión de precios. Modifica la estructura de la producción de bienes y servicios, la que deberá reajustarse conforme a los deseos de los consumidores.
El primer error de los burócratas, aunque sean bien intencionados, es precisamente no evaluar las repercusiones de su intervención a largo plazo. A corto plazo creen que hacen un bien, porque ¿quién no querría ver que todo mundo estuviera mejor? Pero lo que en realidad sucede es que quien no pueda proveer un servicio que en el mercado valga GTQ 118.14 diarios, no serán contratadoS. No se puede hacer que el valor de un servicio concreto sea de determinada cantidad, haciendo ilegal el regateo, prohibiendo pagar una cantidad menor. Lo único que consigue este mandato es denegarles el derecho a aquellos de ganar la cantidad que sus habilidades y circunstancias permitirían, privándole a la comunidad de los servicios que son capaces de prestar. La orden sustituye un salario bajo por desempleo, causando un daño mayor.
Cuanto más produce un trabajador, más se incrementa la riqueza de la comunidad. Por lo tanto, la política del gobierno debe enfocarse en disminuir los costos de producción. Para ello, debe eliminar regulaciones y obstáculos a la creación de empresas, que son las que generan empleos.
El segundo error del burócrata que impone este mandato es suponer que el empleador puede absorber el costo extra. Conjetura que, si una industria forzada a pagar salarios más altos no puede absorber el alza al costo de producción, podrá subir sus precios y trasladar este al consumidor. Y alguno tal vez pueda. Y el consumidor también subirá sus precios para poder enfrentar el alza a sus costos. Y así sucesivamente provocando una subida de precios más o menos generalizada, con la consecuencia que el poder adquisitivo del nuevo salario mínimo llega a ser menor que el anterior. El asalariado, después de la alegría e ilusión inicial, se da cuenta al final de que ahora es más pobre porque puede comprar menos, ya que los precios subieron.
Pero trasladar el precio al consumidor no es tan fácil como decirlo, porque un precio más alto por un determinado producto puede llevar al consumidor a comprar productos importados o a buscar algún sustituto. Y si el precio de los bienes de productores marginales no sube, estas industrias quebrarán, desapareciendo del mercado los bienes que fabrican causando mayor desempleo. Ya estamos viendo estas consecuencias con los despidos masivos en maquilas y subida de precios en el transporte, alza que pronto se sentirá en los productos acarreados al consumidor.
El alza arbitraria al salario mínimo lo convierte en un salario miserable que empobrece a la comunidad entera.
La cuestión no es si deseamos que todos mejoren lo más posible, pues esa es una meta común entre las personas de buena voluntad. La cuestión es cómo lograrlo y cuál es el medio para alcanzar esa meta. Como no se puede distribuir más riqueza de la que se crea, la solución es aumentar la productividad de la labor marginal. Esto se logra mediante la acumulación de capital, aumentando la cantidad de máquinas que sirvan a los trabajadores. Cuanto más produce un trabajador, más se incrementa la riqueza de la comunidad. Por lo tanto, la política del gobierno debe enfocarse en disminuir los costos de producción. Para ello, debe eliminar regulaciones y obstáculos a la creación de empresas, que son las que generan empleos. También debe fomentar la posibilidad de obtener beneficios, adquirir maquinaria, expandir industrias y acumular capital, aumentando así el empleo y los salarios reales.
¿Cómo lograrlo? Evitando impuestos a la renta, garantizando el cumplimiento de contratos, protegiendo la propiedad privada y ofreciendo certeza jurídica. Esto hará que el país sea atractivo para las inversiones de empresarios nacionales y extranjeros.
