EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala está entrando a una etapa en la que las discusiones fiscales ya no pueden seguir posponiéndose. Durante décadas hemos transitado con un sistema tributario fragmentado y lleno de parches regulatorios. El resultado es evidente: una de las cargas tributarias más bajas de la región, una brecha fiscal que limita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo, y un sector productivo que opera en medio de incertidumbre y falta de certeza jurídica profunda.
Hablar de impuestos en Guatemala siempre ha sido incómodo. Para algunos sectores, cualquier intento de reforma se percibe como una amenaza directa al clima de negocios, para otros, como una oportunidad para aumentar el gasto público sin mecanismos de control. Así, hemos caído en la trampa de los extremos: o no se toca nada “para no asustar a la inversión”, o se propone tocar todo “para financiar lo que sea”. Esa polarización ha impedido un debate serio, técnico y honesto. Pero hoy, en un contexto global más competitivo y más interconectado, ya no es posible seguir evadiendo el debate.
La realidad es que el sistema tributario guatemalteco se quedó atrás. Mientras países de la región avanzan hacia acuerdos tributarios, mecanismos de atracción de inversión, Guatemala continúa con un marco que responde a los desafíos de hace veinte o treinta años. Un ejemplo claro es que el país no cuenta con convenios amplios para evitar la doble tributación. Esto afecta directamente a exportadores, empresas multinacionales y profesionales que operan en mercados internacionales. La falta de estos acuerdos nos pone en desventaja frente a competidores con condiciones más favorables para el comercio y la inversión.
El otro gran desafío es la informalidad. Más del 70 % de la fuerza laboral opera fuera del sistema tributario. Este fenómeno no es solo un síntoma económico, sino el reflejo de un sistema que no incentiva la formalidad. Cuando registrarse implica costos altos, trámites complejos y beneficios percibidos como inexistentes, la informalidad se convierte en una estrategia de supervivencia, cualquier reforma que ignore este punto está destinada al fracaso.
El debate fiscal debe comenzar por reconocer una verdad elemental: Guatemala necesita más eficiencia y más simplicidad. No se trata únicamente de recaudar más, sino de recaudar mejor. La carga tributaria no puede seguir siendo soportada por los mismos contribuyentes de siempre: empresas formales y asalariados cumplidos, mientras un sistema completo de actividades escapa del radar por falta de voluntad política.
Otro punto clave es redefinir la visión del gasto público. En Guatemala, la resistencia a pagar más impuestos es porque los contribuyentes no ven una relación directa entre lo que pagan y lo que reciben. En ausencia de servicios públicos: seguridad, infraestructura, salud, educación la legitimidad fiscal se daña. Por ello, cualquier reforma debe ir acompañada de un pacto público que garantice transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Hay que demostrar que cada quetzal recaudado se transforma en bienestar real, especialmente para los sectores más vulnerables.
Las reformas tributarias exitosas no comienzan con la pregunta “¿A quién cobramos más?”, sino con “¿Qué país queremos construir?”. ¿Queremos un país competitivo, insertado en cadenas globales de valor y capaz de atraer inversión? Entonces necesitamos un sistema fiscal moderno y alineado con estándares internacionales. ¿Queremos un país donde todos aporten según sus capacidades y todos reciban servicios dignos? Entonces necesitamos ampliar la base tributaria y formalizar el mercado laboral.
La discusión fiscal no debe ser vista como una amenaza, sino como una posibilidad de reconfigurar el país. No será fácil, pero la alternativa a seguir igual, sin cambios, es una ruta conocida que solo conduce a más estancamiento y pérdida de competitividad.
Reformas fiscales, el tema impostergable para Guatemala
Guatemala está entrando a una etapa en la que las discusiones fiscales ya no pueden seguir posponiéndose. Durante décadas hemos transitado con un sistema tributario fragmentado y lleno de parches regulatorios. El resultado es evidente: una de las cargas tributarias más bajas de la región, una brecha fiscal que limita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo, y un sector productivo que opera en medio de incertidumbre y falta de certeza jurídica profunda.
Hablar de impuestos en Guatemala siempre ha sido incómodo. Para algunos sectores, cualquier intento de reforma se percibe como una amenaza directa al clima de negocios, para otros, como una oportunidad para aumentar el gasto público sin mecanismos de control. Así, hemos caído en la trampa de los extremos: o no se toca nada “para no asustar a la inversión”, o se propone tocar todo “para financiar lo que sea”. Esa polarización ha impedido un debate serio, técnico y honesto. Pero hoy, en un contexto global más competitivo y más interconectado, ya no es posible seguir evadiendo el debate.
La realidad es que el sistema tributario guatemalteco se quedó atrás. Mientras países de la región avanzan hacia acuerdos tributarios, mecanismos de atracción de inversión, Guatemala continúa con un marco que responde a los desafíos de hace veinte o treinta años. Un ejemplo claro es que el país no cuenta con convenios amplios para evitar la doble tributación. Esto afecta directamente a exportadores, empresas multinacionales y profesionales que operan en mercados internacionales. La falta de estos acuerdos nos pone en desventaja frente a competidores con condiciones más favorables para el comercio y la inversión.
El otro gran desafío es la informalidad. Más del 70 % de la fuerza laboral opera fuera del sistema tributario. Este fenómeno no es solo un síntoma económico, sino el reflejo de un sistema que no incentiva la formalidad. Cuando registrarse implica costos altos, trámites complejos y beneficios percibidos como inexistentes, la informalidad se convierte en una estrategia de supervivencia, cualquier reforma que ignore este punto está destinada al fracaso.
El debate fiscal debe comenzar por reconocer una verdad elemental: Guatemala necesita más eficiencia y más simplicidad. No se trata únicamente de recaudar más, sino de recaudar mejor. La carga tributaria no puede seguir siendo soportada por los mismos contribuyentes de siempre: empresas formales y asalariados cumplidos, mientras un sistema completo de actividades escapa del radar por falta de voluntad política.
Otro punto clave es redefinir la visión del gasto público. En Guatemala, la resistencia a pagar más impuestos es porque los contribuyentes no ven una relación directa entre lo que pagan y lo que reciben. En ausencia de servicios públicos: seguridad, infraestructura, salud, educación la legitimidad fiscal se daña. Por ello, cualquier reforma debe ir acompañada de un pacto público que garantice transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Hay que demostrar que cada quetzal recaudado se transforma en bienestar real, especialmente para los sectores más vulnerables.
Las reformas tributarias exitosas no comienzan con la pregunta “¿A quién cobramos más?”, sino con “¿Qué país queremos construir?”. ¿Queremos un país competitivo, insertado en cadenas globales de valor y capaz de atraer inversión? Entonces necesitamos un sistema fiscal moderno y alineado con estándares internacionales. ¿Queremos un país donde todos aporten según sus capacidades y todos reciban servicios dignos? Entonces necesitamos ampliar la base tributaria y formalizar el mercado laboral.
La discusión fiscal no debe ser vista como una amenaza, sino como una posibilidad de reconfigurar el país. No será fácil, pero la alternativa a seguir igual, sin cambios, es una ruta conocida que solo conduce a más estancamiento y pérdida de competitividad.
