EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, aprobó el pasado jueves una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Esta medida, aprobada y ratificada la misma noche, incluye a El Salvador en una exclusiva lista de regímenes con reelección presidencial indefinida en América Latina, junto a Venezuela y Nicaragua.
En Venezuela, la consolidación de la dictadura llegó con la eliminación de los límites de reelección en 2009, tras un referéndum impulsado por Chávez. Este cambio permitió su permanencia en el poder desde 1999 hasta su muerte en 2013 y la de Maduro hasta 2025. La cooptación del poder judicial (con aproximadamente un 90% de los jueces alineados al régimen) y el control del petróleo (95 % de los ingresos de exportaciones) consolidaron un sistema clientelar que ha manipulado elecciones (2018, 2024) y reprimido protestas ciudadanas —con hasta 7 000 detenidos en 2024—.
En Nicaragua, Ortega eliminó los límites de reelección en 2014, respaldado por un Congreso controlado por el FSLN (79% de los escaños). Desde su regreso al poder en 2006, el régimen ha encarcelado a opositores (el 100% de los candidatos presidenciales rivales en 2021) y restringido medios, recibiendo una calificación de 19 / 100 en el Índice de Libertad de Freedom House en 2024.
Una estrategia que se repite en Centroamérica y Sudamérica
En El Salvador, Bukele ha seguido un guion similar: en 2021, destituyó a magistrados independientes y colocó a sus aliados en la Sala de lo Constitucional, quienes reinterpretaron la constitución para permitir su reelección en 2024. La reforma del pasado jueves, aprobada por una supermayoría de 57 de 60 escaños, elimina las barreras restantes, consolidando su control total y permitiéndole reelegirse cuantas veces quiera.
Estos procesos no solo perpetúan a gobernantes, sino que desmantelan los contrapesos democráticos. En Venezuela, Chávez usó el petróleo para financiar redes clientelares, especialmente con el Ejército, mientras que Maduro ha empeorado la situación, llegando a restringir los medios de comunicación que, actualmente, están hasta un 90 % bajo control estatal.
En Nicaragua, Ortega y Rosario Murillo, ahora una diarquía formal, han eliminado la oposición, con 135 presos políticos. En El Salvador, Bukele ha encarcelado al 2 % de la población adulta bajo su régimen de excepción, iniciado en 2022. La ley de “agentes extranjeros” de 2025, inspirada en Nicaragua, busca limitar ONG y medios independientes, como El Faro y Cristosal, que tuvieron que abandonar el país por la persecución del Estado.
Aunque Bukele goza de entre un 80-90% de aprobación por la reducción drástica de los homicidios, su popularidad facilita la erosión institucional, un patrón idéntico al de Chávez y Ortega. Las similitudes son estructurales: los tres líderes han explotado mayorías legislativas para reformar sus constituciones, cooptar las cortes y reprimir a la disidencia. Adicionalmente, la alianza de Bukele con EE. UU. bajo Trump, quien lo elogió, le ha blindado de la presión internacional, a diferencia de Venezuela y Nicaragua, sancionadas por Washington y prácticamente todo el mundo libre.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, aprobó el pasado jueves una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Esta medida, aprobada y ratificada la misma noche, incluye a El Salvador en una exclusiva lista de regímenes con reelección presidencial indefinida en América Latina, junto a Venezuela y Nicaragua.
En Venezuela, la consolidación de la dictadura llegó con la eliminación de los límites de reelección en 2009, tras un referéndum impulsado por Chávez. Este cambio permitió su permanencia en el poder desde 1999 hasta su muerte en 2013 y la de Maduro hasta 2025. La cooptación del poder judicial (con aproximadamente un 90% de los jueces alineados al régimen) y el control del petróleo (95 % de los ingresos de exportaciones) consolidaron un sistema clientelar que ha manipulado elecciones (2018, 2024) y reprimido protestas ciudadanas —con hasta 7 000 detenidos en 2024—.
En Nicaragua, Ortega eliminó los límites de reelección en 2014, respaldado por un Congreso controlado por el FSLN (79% de los escaños). Desde su regreso al poder en 2006, el régimen ha encarcelado a opositores (el 100% de los candidatos presidenciales rivales en 2021) y restringido medios, recibiendo una calificación de 19 / 100 en el Índice de Libertad de Freedom House en 2024.
Una estrategia que se repite en Centroamérica y Sudamérica
En El Salvador, Bukele ha seguido un guion similar: en 2021, destituyó a magistrados independientes y colocó a sus aliados en la Sala de lo Constitucional, quienes reinterpretaron la constitución para permitir su reelección en 2024. La reforma del pasado jueves, aprobada por una supermayoría de 57 de 60 escaños, elimina las barreras restantes, consolidando su control total y permitiéndole reelegirse cuantas veces quiera.
Estos procesos no solo perpetúan a gobernantes, sino que desmantelan los contrapesos democráticos. En Venezuela, Chávez usó el petróleo para financiar redes clientelares, especialmente con el Ejército, mientras que Maduro ha empeorado la situación, llegando a restringir los medios de comunicación que, actualmente, están hasta un 90 % bajo control estatal.
En Nicaragua, Ortega y Rosario Murillo, ahora una diarquía formal, han eliminado la oposición, con 135 presos políticos. En El Salvador, Bukele ha encarcelado al 2 % de la población adulta bajo su régimen de excepción, iniciado en 2022. La ley de “agentes extranjeros” de 2025, inspirada en Nicaragua, busca limitar ONG y medios independientes, como El Faro y Cristosal, que tuvieron que abandonar el país por la persecución del Estado.
Aunque Bukele goza de entre un 80-90% de aprobación por la reducción drástica de los homicidios, su popularidad facilita la erosión institucional, un patrón idéntico al de Chávez y Ortega. Las similitudes son estructurales: los tres líderes han explotado mayorías legislativas para reformar sus constituciones, cooptar las cortes y reprimir a la disidencia. Adicionalmente, la alianza de Bukele con EE. UU. bajo Trump, quien lo elogió, le ha blindado de la presión internacional, a diferencia de Venezuela y Nicaragua, sancionadas por Washington y prácticamente todo el mundo libre.
