Quien pierde es la República

El golpe de la realidad no puede ser más contundente con el presidente Arévalo, quien se aferra a su discurso de campaña electoral con la esperanza de que le de oxígeno adicional a su gestión. Lastimosamente, las acciones y reacciones de él y su gabinete transmiten que su horizonte temporal es el día a día, cuando le quedan aún 3 años más en el poder. El problema de la técnica del gobierno es que, aunque metan la cabeza bajo tierra, los problemas que acucian al país siguen sin solución y la realidad les pasa por encima.

El discurso de la corrupción ya no puede explicar la incapacidad del gobierno en atender las necesidades más urgentes de los guatemaltecos, por lo que entonces recurren a trucos de mago para desviar la atención. Ahora es el turno de la Policía Nacional Civil (PNC), que se debate entre el desprestigio y la instrumentalización política por parte del mismo presidente, quien no sabemos si consciente o inconscientemente la ha puesto de nuevo en la picota de forma innecesaria.

El lunes de esta semana arrancó con una polémica lanzada por el presidente y secundada de inmediato por su grupo independiente de diputados que cerraron filas ante un hecho, que es la respiración natural de la institucionalidad: la ejecución de una orden de cateo en un apartamento propiedad del ex Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, en busca de indicios de prueba requeridos por alguna investigación criminal en curso, dirigida por un cuestionado (todo hay que decirlo) Ministerio Público (MP). Sin embargo, la reacción hepática del presidente resulta cuestionando a la fuerza policial por obedecer, según él, la orden del MP de realizar un cateo que, según él, otra vez, tiene una clara intención política.

El problema de las altisonantes críticas del presidente no es que cuestione el accionar del MP, que creo que a estas alturas todo ciudadano medianamente enterado de la situación nacional cuestiona por el liderazgo negativo que ejerce la Fiscal General Consuelo Porras, sino porque en su urgencia por criticar a la licenciada Porras, el presidente incurre en errores de puro bulto, que una lectura en diagonal de la Ley Orgánica del MP le hubiera podido evitar y que el propio Director Interino de la Policía tuvo que aclarar, enmendándole la plana al mismo Presidente de la República.

De momento, el actuar del presidente al salirle al paso a una investigación criminal en curso con una concentrada batería retórica me recordó una de las tantas frases célebres de Napoleón, que decía con arrogancia e irresponsabilidad: «Para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley».

La orden de cateo que recibe la Policía para registrar cualquier inmueble de un ciudadano guatemalteco emana de un juez contralor, no de la fiscalía, pues en nuestro sistema de investigación criminal los jueces penales actúan como guardianes del cumplimiento de las leyes y sus procedimientos. En el procedimiento establecido por la ley, la fiscalía le solicita al juez que emita una orden de cateo (con la obligación de justificarla) y, una vez emitida, se le remite a la PNC para que la haga efectiva, en compañía del personal de la fiscalía. Entonces, si la orden le parece ilegal, no hay que despotricar contra la PNC que solo está cumpliendo una orden judicial, sino en todo caso, hay que criticar al Organismo Judicial, organismo del Estado que, por cierto, acaba de ser electo por el Congreso de la República con la participación activa del grupo independiente de diputados oficialistas.

En ese sentido, entonces, el presidente debe respetar la autonomía del MP y la separación de poderes, base de nuestro sistema republicano, y no amenazar a la pobre policía por cumplir su deber. Está claro que la misma Constitución Política establece que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales, pero está claro también que de ninguna forma le corresponde al presidente prohibir a la PNC obedecer una orden judicial, pues entonces se estaría incurriendo en obstrucción de justicia. Si la orden emana de otro Organismo del Estado como lo es Judicial, la orden debe de ejecutarse.

Si se desconfía de las actuaciones de los jueces, existen mecanismos legales para solucionarlo, como denunciarlos ante la Junta de Disciplina Judicial para que los investigue y determine sus responsabilidades. Es cierto que el procedimiento es más lento y si se quiere, engorroso, pero es el que la ley prescribe y previene, en todo caso, que se vulnere la separación de poderes y se evita, por ejemplo, que el presidente incurra en algún acto antijurídico que la cólera, que siempre es mala consejera, le pueda sugerir.

Sin embargo, no debemos perdernos en la neblina de la retórica que va y viene, porque el mensaje de fondo del presidente pareciera ser que lo que define a un “corrupto” de un “no corrupto” no es la comisión de actos ilegales que promuevan el enriquecimiento ilícito con bienes y recursos del estado, sino la mera militancia política. Si el exministro y exfinancista del presidente Arévalo, Félix Alvarado, es sospechoso de actos ilícitos, el paso a dar por el presidente debiera ser aconsejarlo para que colabore con la investigación en curso para determinar o no la responsabilidad del exfuncionario, pero no lastimar el prestigio de la PNC. De momento, el actuar del presidente al salirle al paso a una investigación criminal en curso con una concentrada batería retórica me recordó una de las tantas frases célebres de Napoleón, que decía con arrogancia e irresponsabilidad: «Para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley».

PS: ahora que se ha descubierto un complejo de apartamentos de lujo dentro de la prisión conocida como «Pavoncito», ampliamente documentado por el periodista Juan Víctor Castillo, esperemos que la actitud del Presidente no sea proteger a los “corruptos propios”, sino ponerlos a disposición de la justicia, para que se deduzcan responsabilidades. La militancia política no puede ser un pacto de impunidad.