EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tras meses sin actividad en el Congreso de la República, tanto promovida por los legisladores, como por el Ejecutivo, en menos de una semana ya se presentaron dos iniciativas clave que podrían modificar la configuración de poder a lo interno del hemiciclo. Esto se debe a que, debido al contenido de estas iniciativas, nuevas alianzas se podrían formar y lealtades antiguas se podrían romper. Asimismo, como en toda actividad política, el tiempo, el contexto y los actores importan, por lo que es necesario evaluar cómo estos tres elementos podrían poner en juego la estabilidad a lo interno del hemiciclo y en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En primer lugar, la iniciativa de ley que pretende aprobar una Ley Antilavado de Dinero, más que un compromiso con la transparencia del sistema financiero, la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, en realidad, servirá como un termómetro para medir los intereses que están en juego en el Congreso. Esto se debe a que un voto, una abstinencia o una ausencia podrían revelar las agendas privadas que manejan cada bancada y legislador. Por otro lado, la ley para la agilización de la inversión pública, impulsada por los diputados oficialistas, en vez de ser una figura legal que podría facilitar la ejecución de los fondos públicos, es un reconocimiento a la falta de capacidad del gobierno, cuya administración es de su propio partido político. Adicionalmente, tomando en cuenta el contenido de la iniciativa, esta normativa podría convertirse en un cheque en blanco que avale abusos de autoridad, beneficios personales, ejecución poco transparente y, en suma, corrupción.
La moneda de cambio
Tomando en cuenta los elementos mencionados con anterioridad y la conversación más amplia alrededor de estas dos iniciativas, es evidente que las dos propuestas son polémicas y podrían ocultar una agenda más amplia en el entre líneas. Ahora bien, para entender la relevancia de estas propuestas es necesario tomar como punto de partida los conceptos de tiempo y contexto, particularmente considerando que los legisladores llevaban más de cuatro meses sin ningún tipo de actividad parlamentaria.
Independientemente de que el hemiciclo haya estado desierto durante meses, todos los legisladores ya se están preparando para desempolvar los curules y poner en marcha la maquinaria de negociación.
¿Contexto? Mientras que la iniciativa antilavado de dinero fue presentada por algunos miembros del poder Ejecutivo, con el presidente Arévalo a la cabeza, la ley para la inversión pública lleva la firma de los 23 diputados oficialistas. En ambos casos, pese a formar parte de la misma agrupación política, los dos bloques proponentes manifestaron no tener conocimiento sobre el contenido de la iniciativa contraria. Así pues, esto nos revela que, contrario a la narrativa que se había promovido en su momento, dentro del oficialismo sí existe una ruptura que, en el largo plazo, podría representar un riesgo para la gobernabilidad del país. No obstante, de manera paradójica, aunque partiendo de puntos diferentes, ambas iniciativas reflejan que, más que legislar con una agenda de país en mente, en realidad toda la normativa promovida responde a los intereses de grupos de poder particulares.
Ahora bien, la clave de toda esta jugada política está en el tiempo. Como es de conocimiento popular, el segundo período del año legislativo es el que concentra las negociaciones más importantes, en términos de poder, y jugosas, en términos de distribución del pastel público. Esto se debe a que, de acuerdo con los tiempos legales, durante estos meses iniciará la discusión del próximo presupuesto general que, como se ha demostrado en años anteriores, más que un ejercicio técnico, se ha convertido en la piñata de los políticos. Sin embargo, astutamente, el oficialismo, consciente de su falta de músculo dentro del Congreso, reconoce que, como en la negociación del 2024, este requiere de una iniciativa de ley que les permita pagar los futuros apoyos de los legisladores. Es decir, así como en el 2024 el Presupuesto 2025, con “asignaciones especiales”, funcionó como el vehículo que permitió la aprobación de normativa beneficiosa para el oficialismo, como la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para revivir al partido Semilla, en 2025 podríamos ver que el Presupuesto 2026 sea el cheque en blanco para aprobar la ley para la agilización de la inversión, una iniciativa que solapa las incapacidades de la administración central.
De esta manera, es evidente que, independientemente de que el hemiciclo haya estado desierto durante meses, todos los legisladores ya se están preparando para desempolvar los curules y poner en marcha la maquinaria de negociación. En este sentido, aunque a primera vista no es claro, ambas iniciativas tienen una agenda oculta que revela los verdaderos intereses del oficialismo. Por ello, debido a la sensibilidad de ambas iniciativas, es importante que entre la mediatización, los señalamientos y las luchas de poder no se pierdan los análisis técnicos de ambos contenidos. De lo contrario, la ciudadanía, nuevamente, saldría perdiendo y continuaría con el engaño de la eficiencia gubernamental.
Tras meses sin actividad en el Congreso de la República, tanto promovida por los legisladores, como por el Ejecutivo, en menos de una semana ya se presentaron dos iniciativas clave que podrían modificar la configuración de poder a lo interno del hemiciclo. Esto se debe a que, debido al contenido de estas iniciativas, nuevas alianzas se podrían formar y lealtades antiguas se podrían romper. Asimismo, como en toda actividad política, el tiempo, el contexto y los actores importan, por lo que es necesario evaluar cómo estos tres elementos podrían poner en juego la estabilidad a lo interno del hemiciclo y en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En primer lugar, la iniciativa de ley que pretende aprobar una Ley Antilavado de Dinero, más que un compromiso con la transparencia del sistema financiero, la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, en realidad, servirá como un termómetro para medir los intereses que están en juego en el Congreso. Esto se debe a que un voto, una abstinencia o una ausencia podrían revelar las agendas privadas que manejan cada bancada y legislador. Por otro lado, la ley para la agilización de la inversión pública, impulsada por los diputados oficialistas, en vez de ser una figura legal que podría facilitar la ejecución de los fondos públicos, es un reconocimiento a la falta de capacidad del gobierno, cuya administración es de su propio partido político. Adicionalmente, tomando en cuenta el contenido de la iniciativa, esta normativa podría convertirse en un cheque en blanco que avale abusos de autoridad, beneficios personales, ejecución poco transparente y, en suma, corrupción.
La moneda de cambio
Tomando en cuenta los elementos mencionados con anterioridad y la conversación más amplia alrededor de estas dos iniciativas, es evidente que las dos propuestas son polémicas y podrían ocultar una agenda más amplia en el entre líneas. Ahora bien, para entender la relevancia de estas propuestas es necesario tomar como punto de partida los conceptos de tiempo y contexto, particularmente considerando que los legisladores llevaban más de cuatro meses sin ningún tipo de actividad parlamentaria.
Independientemente de que el hemiciclo haya estado desierto durante meses, todos los legisladores ya se están preparando para desempolvar los curules y poner en marcha la maquinaria de negociación.
¿Contexto? Mientras que la iniciativa antilavado de dinero fue presentada por algunos miembros del poder Ejecutivo, con el presidente Arévalo a la cabeza, la ley para la inversión pública lleva la firma de los 23 diputados oficialistas. En ambos casos, pese a formar parte de la misma agrupación política, los dos bloques proponentes manifestaron no tener conocimiento sobre el contenido de la iniciativa contraria. Así pues, esto nos revela que, contrario a la narrativa que se había promovido en su momento, dentro del oficialismo sí existe una ruptura que, en el largo plazo, podría representar un riesgo para la gobernabilidad del país. No obstante, de manera paradójica, aunque partiendo de puntos diferentes, ambas iniciativas reflejan que, más que legislar con una agenda de país en mente, en realidad toda la normativa promovida responde a los intereses de grupos de poder particulares.
Ahora bien, la clave de toda esta jugada política está en el tiempo. Como es de conocimiento popular, el segundo período del año legislativo es el que concentra las negociaciones más importantes, en términos de poder, y jugosas, en términos de distribución del pastel público. Esto se debe a que, de acuerdo con los tiempos legales, durante estos meses iniciará la discusión del próximo presupuesto general que, como se ha demostrado en años anteriores, más que un ejercicio técnico, se ha convertido en la piñata de los políticos. Sin embargo, astutamente, el oficialismo, consciente de su falta de músculo dentro del Congreso, reconoce que, como en la negociación del 2024, este requiere de una iniciativa de ley que les permita pagar los futuros apoyos de los legisladores. Es decir, así como en el 2024 el Presupuesto 2025, con “asignaciones especiales”, funcionó como el vehículo que permitió la aprobación de normativa beneficiosa para el oficialismo, como la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para revivir al partido Semilla, en 2025 podríamos ver que el Presupuesto 2026 sea el cheque en blanco para aprobar la ley para la agilización de la inversión, una iniciativa que solapa las incapacidades de la administración central.
De esta manera, es evidente que, independientemente de que el hemiciclo haya estado desierto durante meses, todos los legisladores ya se están preparando para desempolvar los curules y poner en marcha la maquinaria de negociación. En este sentido, aunque a primera vista no es claro, ambas iniciativas tienen una agenda oculta que revela los verdaderos intereses del oficialismo. Por ello, debido a la sensibilidad de ambas iniciativas, es importante que entre la mediatización, los señalamientos y las luchas de poder no se pierdan los análisis técnicos de ambos contenidos. De lo contrario, la ciudadanía, nuevamente, saldría perdiendo y continuaría con el engaño de la eficiencia gubernamental.
