EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: ¿Qué tan lejos está Guatemala de caer en quiebra? El riesgo fiscal que pocos se atreven a vislumbrar
¿Qué tan lejos está Guatemala de caer en quiebra? El riesgo fiscal que pocos se atreven a vislumbrar
Guatemala ha caminado durante años al filo del gasto público sin que nadie se atreva a nombrar con precisión el precipicio que se asoma. Hoy, con un techo presupuestario sugerido de Q161 mil millones para 2026 —el equivalente al 16 % del PIB—, el gobierno proyecta un déficit del 3.2 %, lo que implicaría un endeudamiento adicional de más de Q32 mil millones. La Junta Monetaria ha decidido mantener la tasa de referencia en 4.5 %, mientras que el mercado de deuda ya exige bonos al 6.25 %, revelando el creciente riesgo que perciben los inversionistas. Esta diferencia entre tasas refleja un problema profundo: el gobierno recurre al endeudamiento inmediato a través de bonos, aun cuando su ejecución presupuestaria es históricamente baja. Se paga caro para no gastar bien. El resultado es un deterioro silencioso pero sostenido de la sostenibilidad fiscal.
El escenario que enfrenta Guatemala no es inédito. En su libro How Countries Go Broke, Ray Dalio documenta los patrones que llevan a las naciones a la quiebra: déficits recurrentes, deuda creciente, pérdida de confianza, colapso de reservas y una caída abrupta en la capacidad de respuesta del Estado. Países como Sri Lanka en 2022, Argentina en 2001 y Ecuador en 1999 recorrieron este camino. En cada caso, el déficit superó el 3 % del PIB por varios años consecutivos, las reservas internacionales se agotaron, el costo de la deuda se disparó y la fuga de capitales desató una crisis total. Guatemala, aunque aún no ha cruzado el punto de no retorno, sigue cada vez más de cerca ese mismo patrón.
Uno de los indicadores más sensibles de una crisis fiscal inminente es la cobertura de las reservas internacionales respecto a las importaciones. Aunque hoy las reservas parecen altas en términos absolutos, al mes de abril de 2025 cubren apenas 9.3 meses de importaciones, muy por debajo de los 10.8 meses observados en 2020. El punto crítico, según los estándares internacionales, se alcanza cuando la cobertura cae por debajo de seis meses. Si se mantiene la tendencia actual, Guatemala podría cruzar ese umbral antes de que finalice 2026. La apreciación del quetzal, impulsada por el ingreso récord de remesas y el aparente colchón de reservas, alimenta una sensación de fortaleza monetaria, pero es una ilusión peligrosa: el tipo de cambio más fuerte reduce la competitividad de las exportaciones y profundiza el déficit comercial.
Ese déficit externo se combina con el déficit fiscal, generando lo que los economistas llaman «déficits gemelos»: el Estado gasta más de lo que recauda y el país importa más de lo que exporta. En Guatemala, esta doble brecha supera ya el 7.3 % del PIB. Las exportaciones, que crecieron artificialmente en el primer trimestre de 2025 por compras anticipadas, comenzaron a caer después de abril por el impacto de nuevos aranceles, y se proyecta una contracción del 15 % hacia finales de año. Si este panorama se materializa, las reservas comenzarán a erosionarse con rapidez y el tipo de cambio podría desestabilizarse en cuestión de meses.
La situación se complica aún más por decisiones internas que incrementan el gasto sin garantizar productividad. En 2025 se decretó un aumento del salario mínimo del 10 %, y ya se discute uno adicional para 2026, de hasta 12 %, siguiendo la ruta de El Salvador. Estas medidas elevan los costos laborales y reducen los márgenes de competitividad de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya enfrentan obstáculos severos para operar en la formalidad. Mientras tanto, el sistema tributario penaliza la inversión: el impuesto sobre la renta corporativa está en 25 %, mientras que el IVA —que grava el consumo— es del 12 %. Es decir, el Estado castiga más del doble la inversión que el gasto, en abierta contradicción con los principios del crecimiento sostenible.
El deterioro del espacio fiscal es evidente. El servicio de la deuda pública representa hoy el 13 % del presupuesto nacional, una cifra superior a lo que se invierte por completo en salud, o a lo que se destina —combinado— a infraestructura, gobernación y defensa. En otras palabras, Guatemala dedica más recursos a pagar intereses que a proteger, curar o conectar a sus ciudadanos. Esta realidad se agrava por la ineficiencia en la ejecución del gasto: los Consejos Departamentales de Desarrollo recibieron en 2025 más de Q15 mil millones, una cifra mayor al presupuesto de salud, pero al mes de junio apenas habían ejecutado el 7.7 %. Se gasta deuda sin retorno, y se distribuyen recursos sin rendición de cuentas o resultados claros.
La falsa percepción de fortaleza externa —alimentada por reservas brutas sin análisis de cobertura— coincide con un entorno internacional adverso. Las tensiones comerciales entre potencias, las nuevas barreras arancelarias, y los riesgos geopolíticos —incluyendo las tarifas con Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el reciente conflicto de 12 días entre Israel e Irán— mantienen al precio del petróleo bajo presión y reducen los márgenes de maniobra para países pequeños y dependientes como el nuestro.
No hay una solución mágica, pero sí un camino posible si se actúa ahora. La primera reforma ineludible es fiscal. Guatemala debe crear y acordar una hoja de ruta que inicie con la eliminación del Impuesto de Solidaridad, una carga restrictiva que obliga a miles de empresas a pagar impuestos incluso cuando tienen pérdidas. En paralelo, debe reducirse progresivamente el ISR corporativo hasta llegar al 15 % en 2027, para incentivar la inversión nacional y atraer capital extranjero. En un sistema global de competencia fiscal, no hay espacio para castigar la productividad sin consecuencias.
La otra reforma es en el IVA. Aunque impopular, elevarlo gradualmente del 12 % actual al 15 %, con exenciones específicas para medicinas y la canasta básica, permitiría aumentar los ingresos tributarios sin desalentar el ahorro ni la inversión. Guatemala tiene uno de los IVAs más bajos de la región. La eliminación del «consumidor final» y la integración del NIT y el DUI son urgentes. Mientras otros países modernizaron su sistema fiscal, aquí seguimos anclados en un modelo que penaliza al productor y premia la evasión, estimada en Q45 mil millones en 2023. El equivalente a tres veces el presupuesto de salud. La SAT debe ser fortalecida, digitalizada y liberada de interferencia política. Solo con una administración tributaria moderna y transparente podrá ampliarse la base sin elevar la carga sobre los mismos de siempre.
Los ejemplos existen. Bulgaria redujo su ISR al 10 % e incrementó el IVA al 20 %, logrando un aumento sostenido en la recaudación de más del 1.8 % del PIB en tres años. Georgia implementó un ISR del 15 % y un IVA del 18 %, con incentivos fuertes a la inversión extranjera y resultados tangibles en empleo y crecimiento. Acompañada de una Ley de Atracción a la Inversión que de seguridad jurídica y proteja las inversiones, Guatemala puede y debe aspirar a lo mismo.
En cuanto al manejo de la deuda, es imprescindible sustituir el financiamiento caro de los bonos por líneas blandas de organismos multilaterales como el BID, el BCIE o el Banco Mundial. Además, Guatemala debe negociar líneas de swap cambiario con la Reserva Federal, como hicieron México y Brasil en 2020, que permiten acceder a dólares sin vender reservas ni comprometer el tipo de cambio.
La ejecución presupuestaria debe profesionalizarse. Se requiere un sistema de presupuesto por resultados, con auditorías externas, indicadores públicos y sanciones efectivas. La inversión pública debe dirigirse a infraestructura estratégica, tecnología e inteligencia financiera, no a clientelismo, viáticos o publicidad oficial.
Guatemala aún no ha quebrado, pero ya cruzó varias de las señales que preceden a los colapsos fiscales. Ray Dalio lo dijo con claridad: los países no colapsan por falta de recursos, sino porque sus élites no ven —o no quieren ver— los riesgos sistémicos. Tenemos menos de 18 meses para corregir el rumbo. No habrá una alarma final. No habrá un titular que diga: «el país ha caído». Solo llegará un día en que no podremos pagar las deudas. Y entonces, será demasiado tarde.
Ramiro Bolaños, PhD.
¿Qué tan lejos está Guatemala de caer en quiebra? El riesgo fiscal que pocos se atreven a vislumbrar
¿Qué tan lejos está Guatemala de caer en quiebra? El riesgo fiscal que pocos se atreven a vislumbrar
Guatemala ha caminado durante años al filo del gasto público sin que nadie se atreva a nombrar con precisión el precipicio que se asoma. Hoy, con un techo presupuestario sugerido de Q161 mil millones para 2026 —el equivalente al 16 % del PIB—, el gobierno proyecta un déficit del 3.2 %, lo que implicaría un endeudamiento adicional de más de Q32 mil millones. La Junta Monetaria ha decidido mantener la tasa de referencia en 4.5 %, mientras que el mercado de deuda ya exige bonos al 6.25 %, revelando el creciente riesgo que perciben los inversionistas. Esta diferencia entre tasas refleja un problema profundo: el gobierno recurre al endeudamiento inmediato a través de bonos, aun cuando su ejecución presupuestaria es históricamente baja. Se paga caro para no gastar bien. El resultado es un deterioro silencioso pero sostenido de la sostenibilidad fiscal.
El escenario que enfrenta Guatemala no es inédito. En su libro How Countries Go Broke, Ray Dalio documenta los patrones que llevan a las naciones a la quiebra: déficits recurrentes, deuda creciente, pérdida de confianza, colapso de reservas y una caída abrupta en la capacidad de respuesta del Estado. Países como Sri Lanka en 2022, Argentina en 2001 y Ecuador en 1999 recorrieron este camino. En cada caso, el déficit superó el 3 % del PIB por varios años consecutivos, las reservas internacionales se agotaron, el costo de la deuda se disparó y la fuga de capitales desató una crisis total. Guatemala, aunque aún no ha cruzado el punto de no retorno, sigue cada vez más de cerca ese mismo patrón.
Uno de los indicadores más sensibles de una crisis fiscal inminente es la cobertura de las reservas internacionales respecto a las importaciones. Aunque hoy las reservas parecen altas en términos absolutos, al mes de abril de 2025 cubren apenas 9.3 meses de importaciones, muy por debajo de los 10.8 meses observados en 2020. El punto crítico, según los estándares internacionales, se alcanza cuando la cobertura cae por debajo de seis meses. Si se mantiene la tendencia actual, Guatemala podría cruzar ese umbral antes de que finalice 2026. La apreciación del quetzal, impulsada por el ingreso récord de remesas y el aparente colchón de reservas, alimenta una sensación de fortaleza monetaria, pero es una ilusión peligrosa: el tipo de cambio más fuerte reduce la competitividad de las exportaciones y profundiza el déficit comercial.
Ese déficit externo se combina con el déficit fiscal, generando lo que los economistas llaman «déficits gemelos»: el Estado gasta más de lo que recauda y el país importa más de lo que exporta. En Guatemala, esta doble brecha supera ya el 7.3 % del PIB. Las exportaciones, que crecieron artificialmente en el primer trimestre de 2025 por compras anticipadas, comenzaron a caer después de abril por el impacto de nuevos aranceles, y se proyecta una contracción del 15 % hacia finales de año. Si este panorama se materializa, las reservas comenzarán a erosionarse con rapidez y el tipo de cambio podría desestabilizarse en cuestión de meses.
La situación se complica aún más por decisiones internas que incrementan el gasto sin garantizar productividad. En 2025 se decretó un aumento del salario mínimo del 10 %, y ya se discute uno adicional para 2026, de hasta 12 %, siguiendo la ruta de El Salvador. Estas medidas elevan los costos laborales y reducen los márgenes de competitividad de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya enfrentan obstáculos severos para operar en la formalidad. Mientras tanto, el sistema tributario penaliza la inversión: el impuesto sobre la renta corporativa está en 25 %, mientras que el IVA —que grava el consumo— es del 12 %. Es decir, el Estado castiga más del doble la inversión que el gasto, en abierta contradicción con los principios del crecimiento sostenible.
El deterioro del espacio fiscal es evidente. El servicio de la deuda pública representa hoy el 13 % del presupuesto nacional, una cifra superior a lo que se invierte por completo en salud, o a lo que se destina —combinado— a infraestructura, gobernación y defensa. En otras palabras, Guatemala dedica más recursos a pagar intereses que a proteger, curar o conectar a sus ciudadanos. Esta realidad se agrava por la ineficiencia en la ejecución del gasto: los Consejos Departamentales de Desarrollo recibieron en 2025 más de Q15 mil millones, una cifra mayor al presupuesto de salud, pero al mes de junio apenas habían ejecutado el 7.7 %. Se gasta deuda sin retorno, y se distribuyen recursos sin rendición de cuentas o resultados claros.
La falsa percepción de fortaleza externa —alimentada por reservas brutas sin análisis de cobertura— coincide con un entorno internacional adverso. Las tensiones comerciales entre potencias, las nuevas barreras arancelarias, y los riesgos geopolíticos —incluyendo las tarifas con Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el reciente conflicto de 12 días entre Israel e Irán— mantienen al precio del petróleo bajo presión y reducen los márgenes de maniobra para países pequeños y dependientes como el nuestro.
No hay una solución mágica, pero sí un camino posible si se actúa ahora. La primera reforma ineludible es fiscal. Guatemala debe crear y acordar una hoja de ruta que inicie con la eliminación del Impuesto de Solidaridad, una carga restrictiva que obliga a miles de empresas a pagar impuestos incluso cuando tienen pérdidas. En paralelo, debe reducirse progresivamente el ISR corporativo hasta llegar al 15 % en 2027, para incentivar la inversión nacional y atraer capital extranjero. En un sistema global de competencia fiscal, no hay espacio para castigar la productividad sin consecuencias.
La otra reforma es en el IVA. Aunque impopular, elevarlo gradualmente del 12 % actual al 15 %, con exenciones específicas para medicinas y la canasta básica, permitiría aumentar los ingresos tributarios sin desalentar el ahorro ni la inversión. Guatemala tiene uno de los IVAs más bajos de la región. La eliminación del «consumidor final» y la integración del NIT y el DUI son urgentes. Mientras otros países modernizaron su sistema fiscal, aquí seguimos anclados en un modelo que penaliza al productor y premia la evasión, estimada en Q45 mil millones en 2023. El equivalente a tres veces el presupuesto de salud. La SAT debe ser fortalecida, digitalizada y liberada de interferencia política. Solo con una administración tributaria moderna y transparente podrá ampliarse la base sin elevar la carga sobre los mismos de siempre.
Los ejemplos existen. Bulgaria redujo su ISR al 10 % e incrementó el IVA al 20 %, logrando un aumento sostenido en la recaudación de más del 1.8 % del PIB en tres años. Georgia implementó un ISR del 15 % y un IVA del 18 %, con incentivos fuertes a la inversión extranjera y resultados tangibles en empleo y crecimiento. Acompañada de una Ley de Atracción a la Inversión que de seguridad jurídica y proteja las inversiones, Guatemala puede y debe aspirar a lo mismo.
En cuanto al manejo de la deuda, es imprescindible sustituir el financiamiento caro de los bonos por líneas blandas de organismos multilaterales como el BID, el BCIE o el Banco Mundial. Además, Guatemala debe negociar líneas de swap cambiario con la Reserva Federal, como hicieron México y Brasil en 2020, que permiten acceder a dólares sin vender reservas ni comprometer el tipo de cambio.
La ejecución presupuestaria debe profesionalizarse. Se requiere un sistema de presupuesto por resultados, con auditorías externas, indicadores públicos y sanciones efectivas. La inversión pública debe dirigirse a infraestructura estratégica, tecnología e inteligencia financiera, no a clientelismo, viáticos o publicidad oficial.
Guatemala aún no ha quebrado, pero ya cruzó varias de las señales que preceden a los colapsos fiscales. Ray Dalio lo dijo con claridad: los países no colapsan por falta de recursos, sino porque sus élites no ven —o no quieren ver— los riesgos sistémicos. Tenemos menos de 18 meses para corregir el rumbo. No habrá una alarma final. No habrá un titular que diga: «el país ha caído». Solo llegará un día en que no podremos pagar las deudas. Y entonces, será demasiado tarde.
Ramiro Bolaños, PhD.
